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LA DESCONOCIDA HISTORIA DE LOS MILITANTES COMUNISTAS QUE INFILTRARON LA POLICÍA CIVIL EN DICTADURA

07.10.2019 10:00

La desconocida historia de los militantes comunistas que infiltraron la policía civil en dictadura

 

Un grupo de militantes comunistas, funcionarios de la policía de Investigaciones, asumieron la peligrosa y secreta labor de proteger y rescatar a dirigentes del PC que eran perseguidos por los servicios de inteligencia de Pinochet. Este episodio desconocido de nuestra historia lo reconstruye el libro “El Costo del Silencio”, del autor Javier Rebolledo. Tanto él como algunos sobrevivientes que desafiaron la muerte fueron entrevistados en exclusiva por Reportajes de CHV Noticias.

 

Un grupo de militantes comunistas, funcionarios de la policía de Investigaciones, asumieron la peligrosa y secreta labor de proteger y rescatar a dirigentes del PC que eran perseguidos por los servicios de inteligencia de Pinochet. Este episodio desconocido de nuestra historia lo reconstruye el libro “El Costo del Silencio”, del autor Javier Rebolledo. Tanto él como algunos sobrevivientes que desafiaron la muerte fueron entrevistados en exclusiva por Reportajes de CHV Noticias.

El funcionario de la Policía de Investigaciones, Teobaldo Tello, hace la fila junto a un grupo de colegas para cobrar su sueldo en el segundo nivel del cuartel General Mackenna. Es el 22 de agosto de 1974.

A cierta distancia lo observan miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA. Deciden actuar. Caen sobre él y lo detienen. Intentan. Porque los agentes del temido órgano represivo no esperaban la respuesta del cuerpo policial. En una reacción casi instintiva, los detectives presentes desenfundaron y apuntaron sus armas contra el grupo de la DINA para defender a su compañero de institución.

Hubo una negociación tensa, en la que un comisario tomó el control de lo que estaba ocurriendo, diciéndoles que no era posible que se lo llevaran. Los policías cedieron cuando los agentes de inteligencia aseguraron que tenían antecedentes de que el detective participaba en actividades ilícitas. Acto seguido, se acordaron ciertas condiciones que, según el ex detective Adolfo Arrieta, consistieron en “que se le iba a respetar, que no habría tortura, que no iba a haber muerte”. Pero el acuerdo no se cumplió. El funcionario fue trasladado al centro de exterminio de Villa Grimaldi y actualmente es un detenido desaparecido.

Según testimonios de sobrevivientes que lo vieron en ese lugar, “al parecer le pasaron una camioneta por encima de sus piernas. Además, Moren Brito le habría sacado los dientes con un alicate”, asegura el periodista e investigador Javier Rebolledo, autor del libro “El Costo del Silencio”. En él reconstruye las motivaciones, los miedos, el peligro y el constante desafío con la muerte de jóvenes de izquierda que -como detectives- arriesgaron sus vidas cumpliendo la misión de salvar a dirigentes comunistas acorralados por la represión.

Reportajes de Chilevisión Noticias entrevistó a Rebolledo y a dos militantes que lograron sobrevivir.

En 1971 ingresó el primer grupo de militantes de izquierda a la entonces Escuela Técnica de Investigaciones, a solicitud del dirigente del Partido Comunista, René Basoa.

El integrante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, Teobaldo Tello, fue uno de esos jóvenes que abrazaron la causa ideológica-partidista. También Adolfo Arrieta, estudiante universitario de Geografía en la Universidad de Chile que congeló su carrera para enfrentar este desafío profesional en un cuerpo policial donde habían simpatizantes de todos los sectores políticos.

Como alumno, Arrieta recuerda que le tocó vivir el crimen del ex vicepresidente de la República, Edmundo Pérez Zújovic, ejecutado por un comando ultraizquierdista de la Vanguardia Organizada del Pueblo, VOP, que lo había responsabilizado por la masacre de Puerto Montt en la que fueron asesinados 10 pobladores. “Se descubrió quiénes eran y dónde estaban. Esa fue la función de la policía civil. Después el Ejército entró ahí y cercó esa casa en Vivaceta y la balacera se produjo con el Ejército, no con Investigaciones”.

En una razia contra los autores del atentado, las fuerzas militares acribillaron a los hermanos Rivera Calderón, pero Heriberto Salazar, un sobreviviente del grupo, cobró venganza y asesinó a tres policías en un ataque suicida en las puertas del cuartel.

“Uno de los sobrevivientes de la VOP se inmoló entrando con su cuerpo lleno de dinamita y la hizo detonar en la puerta del Cuartel de General Mackenna. Fue impactante. Estábamos todos conmocionados”.

Pero la acción armada que marcaría la carrera policial de Adolfo Arrieta fue el atentado contra el edecán Arturo Araya por parte de células de la Armada, junto a miembros de Patria y Libertad. Ello, porque la jefatura le ordenó infiltrarse en el grupo de ultraderecha. ¿Por qué él? Porque era joven y calzaba perfectamente con el estereotipo de los miembros de este órgano terrorista, en cuyas fauces logró entrar con un nombre falso. A partir de ese momento, sería un sujeto de extrema derecha, inmaduro, de familia adinerada y hasta “medio ahuevonado, hastiado del gobierno de Allende al punto de estar dispuesto a sabotearlo”, consigna Rebolledo en su libro.

Arrieta reconoce que “la única información que logré para efectos prácticos fue enterarme 12 horas antes que se iba a producir el golpe de Estado. Pero no sirvió de nada esa información. Primero porque era tarde, y segundo, porque nadie me creyó”.

Consumado el bombardeo contra La Moneda, los militantes comunistas quedaron atrapados en una encrucijada porque -según Rebolledo- “ellos no esperaban que en vez del gobierno popular de Allende llegara una dictadura militar”, que los transformó virtualmente en detectives infiltrados en un lugar en el cual ellos no querían estar.

La represión mostraba su peor cara y “este equipo de Investigaciones podía ayudar a salvar vidas. Lo que cabía esperar era hacer algo digno o morir en el intento. O tratar de librar de alguna manera. Eso es lo que intentamos hacer con los jóvenes que estaban ahí”, revela el dirigente comunista Álvaro Palacios, cuya misión era coordinar a todos los detectives.

Palacios fue detenido el mismo 11 de septiembre en la Universidad Técnica del Estado, donde Salvador Allende tenía pensado encabezar una actividad cultural llamada “Por la Vida Siempre. No a la Guerra Civil”, en la que llamaría a un plebiscito.

Tomado prisionero y recluido en el Estadio Chile, Palacios estuvo a metros del cantautor Víctor Jara, quien evidenciaba en su rostro las brutales lesiones que le provocaron las golpizas de los torturadores. Fue la última vez que lo vio antes de que lo trasladaran al Estadio Nacional. Días después sería liberado.

Fuera del claustro, Palacios retomó sus contactos con la dirigencia del Partido Comunista para identificar a los policías que podían colaborar en los pasos fronterizos para evacuar a los perseguidos políticos sobre los que se había desatado una razia feroz de tortura y exterminio.

“Nos juntábamos con la gente de la dirección del Partido para saber quiénes estaban con más urgencia para salir del país y organizar con los amigos detectives quiénes iban a estar en los puntos críticos, o sea, Pudahuel (Aeropuerto), Caracoles y Osorno”. Una vez identificados tanto los funcionarios como sus turnos, “yo informaba a mi gente. ‘Oye, tenemos la posibilidad de una ventana para sacar personas en este período, en consecuencia hay que resolver y ustedes todos los equipos tienen que correr en función de esto’”. Palacios asegura que él ordenó la configuración de unos cinco grupos que eran integrados por dos o tres detectives que funcionaban como equipos pequeños. Tuvieron que actuar en secreto, conviviendo con el peligro de ser descubiertos por los agentes de la represión.

Mi temor era la tortura, que me detuvieran y me torturaran…ese era mi temor”, reconoce Arrieta, quien cumplió su primera misión dos semanas después del golpe, cuando el grupo de Investigaciones que él integraba fue enviado a incautar propaganda a la Comisión de Organización del Partido Comunista, ubicada en calle Bandera.

“Encontramos dos grandes archivos, registros, cajas. Eran todas las fichas de los militantes del PC a nivel nacional porque el partido había terminado recién un refichaje. Y estaban ahí, ponle tú 80 mil, 100 mil fichas. Todos nos dimos cuenta de esa situación y me dejaron solo”, confiesa con la convicción de que hubo un espíritu de cuerpo que le permitió realizar esa labor. “Decidí bajar esas cajas a la micro. Se mezcló ahí con la propaganda que había y le dije al chofer que nos fuéramos al cementerio. Y comencé a bajar las cajas y a tirarlas al crematorio, se hizo desaparecer todo eso”.

Eran muchas las personalidades públicas, ministros, directores de periódicos, diputados, altos dirigentes de izquierda, que se encontraban atrapadas en el país, rodeadas por las fuerzas represivas. Por eso se hizo necesario elaborar cédulas y pasaportes falsos, obteniendo documentos vírgenes.

El militante Álvaro Palacios asegura que esa documentación se la proporcionaban compañeros, tanto empleados de ese organismo como de Investigaciones y que él a su vez se los entregaba a un alto dirigente del partido conocido con la chapa de “Constantín”, que se lo hacía llegar a otro grupo de policías.

“Ese equipo elaboraba una identidad falsa. Sacaba fotografía a caras que habían intentado, vía maquillaje, cambiar para que no fueran fácilmente reconocibles y elaborar esta documentación, o metiéndole algodón por dentro de las mejillas”.

Incluso, según Rebolledo, en algunos casos lo que se hacía era “infiltrar, meterles sustancias que producían reacciones alérgicas en su momento y que afectaba la apariencia de sus rostros, le sacaban la foto en ese momento con su rostro en estado alérgico y eso les permitía entrar y salir del país sin ser detectadas las verdaderas identidades de estas personas”.

Así lograron sacar del país a quien fuera ministro durante la Unidad Popular, Américo Zorrilla y al diputado Jorge Insunza, quien fue director del diario El Siglo.

Estas operaciones eran realizadas por distintas células bien compartimentadas para evitar una eventual acción de contrainteligencia que provocara la caída de toda la estructura. En el caso de Adolfo, su contacto era el dirigente comunista René Basoa.

“Cada vez que nos juntábamos nos poníamos de acuerdo para la próxima junta. El lugar más frecuente que usábamos era una galería (en la Alameda), que tenía múltiples pasajes, pasadizos y salidas. Era la que usábamos fundamentalmente para juntarnos. Ahí circulaba gente y caminábamos conversando. En algún momento me pidió si podíamos con la patrullera llevar a gente de una casa a otra casa”.

Para este detective hubo un antes y un después tras el cruento atentado que cometió la DINA contra el general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en Argentina. El sangriento hecho fue celebrado por el funcionario de Investigaciones Sergio Mendel, quien recriminó a viva voz la militancia de Adolfo Arrieta en presencia de varios funcionarios.

“Se puso a gritar ‘así hay que matar a los comunistas’, haciendo ostentación de una odiosidad innecesaria. Y yo venía bajando la escalera, me ve a mí y dice: ‘a este hueón también hay que matarlo’. Se produjo un momento de silencio, una cosa muy terrible. Yo debo haber tenido los nervios de punta y los dientes de perfil… ¡porque me enojé tanto!

“Saqué el revólver, lo apunté y le dije: ‘mira hueón, me seguí hueviando, te mato’. Y ahí se tranquilizó”.

Pese a este incidente que pudo terminar de forma trágica, Arrieta reconoce que sintió una gran solidaridad y protección por la inmensa mayoría de los funcionarios de investigaciones, especialmente por la jefatura. Probablemente, el brutal tormento al que fue sometido el asesinado detective Teobaldo Tello haya influido en el espíritu de cuerpo que se generó en la Institución, aun cuando su director Ernesto Baeza Michelsen era un general de Ejército que había sido cabeza de la dirección de inteligencia DINE.

Álvaro Palacios piensa que “Baeza Michelsen tuvo una actitud de respeto institucional, porque él sabe que no puede entregarle gente de su institución a los bellacos de la DINA y desalmados del Comando Conjunto, porque los van a masacrar y eso le va a generar un problema interno, político y jurídico”.

Lo cierto es que no pasaría mucho tiempo para que un nuevo peligro acechara la vida del detective Adolfo Arrieta. El Comando Conjunto había coronado un otro éxito en la represión el día que capturó a los dirigentes comunistas Miguel Estay, alias “El Fanta”, y René Basoa, el contacto de Adolfo. Este último dirigente habría sufrido torturas horribles que lo “quebraron”, delatando a los funcionarios de Investigaciones infiltrados por las Juventudes Comunistas. Adolfo era el primero de la lista. Rápidamente fue llamado por el director Baeza Michelsen.

“Y me dice que un señor René Basoa había caído preso y mencionó que yo era el contacto de él como partido con Investigaciones. Las rodillas me temblaban, me temblaban, me temblaban tanto, que él se dio cuenta. Me debo haber puesto muy pálido y me dijo ‘siéntese’. Yo negué todo. En ese momento, Baeza le dice “preséntese el lunes en la mañana y mi edecán lo va a acompañar a prestar declaraciones a la DINA”. Adolfo no duda que el director le dio una señal: “me estaba dando 48 horas de plazo para desaparecer”.

Y eso fue lo que hizo, al igual que varios detectives que utilizaron distintas rutas de escape para huir de una muerte segura. Otros, continuaron en la Policía Civil sin ser detectados. Lograron sobrevivir infiltrados. Una historia desconocida hasta hoy. * ChileVision Noticias - 

SUPREMA CONDENA A EX CARABINERO POR SECUESTRO Y HOMICIDIO DE 7 VÍCTIMAS DE PAINE

07.10.2019 00:05

Suprema condena a ex carabinero por secuestro y homicidio de 7 víctimas de Paine

 
 

La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema condenó al ex jefe de la Comisaría de Paine, Nelson Iván Bravo Espinoza, a un total de 37 años de presidio por delitos cometidos contra siete vecinos e Paine, en 1973.

 

Bravo Espinoza, ex capitán de Carabineros de Paine, fue condenado a 6 años de cárcel como autor de los secuestros calificados del estudiante Pedro Vargas Barrientos, hecho ocurrido el 13 de septiembre de 1973; y de los hermanos Fernando y Juan Humberto Albornoz Prado, el 15 de septiembre del mismo año en el Asentamiento La Esmeralda de Hualquén, y de Jorge Orlando Valenzuela Valenzuela, el 8 de octubre de 1973. Todas estas víctimas se encuentran, a la fecha, en calidad de detenidas desaparecidas.

El máximo tribunal, también condenó a Bravo a 5 años de cárcel como cómplice de homicidio calificado del estudiante Gustavo Hernán Martínez Vera, el 6 de octubre de 1973; del mecánico tornero José González Sepúlveda, hecho ocurrido entre el 11 y 15 de octubre de 1973, y de Luis Alberto Díaz Manríquez, quienes fueron ejecutados en la Escuela de Infantería de San Bernardo, ubicada en el Cerro Chena.

Se trata de solo una parte de un total de 70 víctimas que dejó la dictadura militar en la localidad de Paine, a partir del 11 de septiembre de 1973.

Para el abogado querellante, Nelson Caucoto “estas sentencias viene a poner punto final a una lucha que duró 46 años, lo que nos parece un exceso, pero que, sin embargo, hace algo de justicia. El tiempo ha hecho su tarea y otros imputados en la causa fallecieron en el transcurso de la investigación. Queda pendiente aún una enorme cantidad de víctimas de Paine, quienes también esperan culminar exitosamente sus procesos”. * El Mostrador

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