Alicia Lira señaló que en septiembre, mes de la memoria y en el que se recuerda el Golpe de Estado de 1973, “conmemoramos la tragedia que vivió este pueblo chileno por 17 años”.

Organizaciones de Derechos Humanos rechazaron este jueves la impunidad en la que se encuentran los miles de casos de tortura ocurridos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira y el coordinador del Comando Unitario de ex Presos Políticos y Familiares, Miguel Retamal, informaron en una rueda de prensa sobre las investigaciones que se están realizando para esclarecer la verdad en torno a las violaciones a los derechos humanos ocurridos bajo el régimen militar.

En el encuentro realizado en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago, en el que también participó el director de la editorial Ceibo Ediciones, Dauno Tótoro, Lira puso acento a la falta de justicia que se ha hecho a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y a sus familiares. Destacó que estos últimos, en conjunto con la movilización de las nuevas generaciones y la sociedad en general, han conseguido algunos avances incluso con la poca voluntad política de los gobiernos.

Alicia Lira señaló que en este mes de septiembre, mes de la memoria y en el que se recuerda el Golpe de Estado de 1973 (11 septiembre), “conmemoramos la tragedia que vivió este pueblo chileno por 17 años, pero también es el mes de la esperanza, de la lucha, de la verdad”.

“Reivindicamos y renovamos nuestro compromiso para seguir luchando por la verdad y la justicia para realmente llegar a una democracia que nos represente a todos sobre las bases de no a la impunidad”, añadió.

La dirigente explicó que “nosotros como agrupaciones representamos un compromiso en todas las actividades a nivel nacional, donde se celebra desde hoy día el homenaje de chilenos y chilenas que fueron ejecutados, detenidos desaparecidos, exiliados”.

En torno a las promesas incumplidas por parte del gobierno de Michelle Bachelet, dijo que “lo que estamos proponiendo es algo histórico, que está en el programa de gobierno y no lo han cumplido”.

“Hay que anular el decreto de Ley de Amnistía (que exime de responsabilidad a quienes cometieron abusos entre 1973 y 1978). El cierre de la cárcel Punta Peuco -donde purgan condena unos cien violadores de los derechos humanos- la degradación a los militares condenados por violación a derechos humanos. Esto es una necesidad de país, de sanidad en términos de verdad justicia y memoria”, subrayó Lira.

En esa línea, Miguel Retamal habló sobre la Comisión y el Informe Valech de Política y Tortura, creado en el gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos y los pactos de silencios dictados por el mismo. Estos impiden que por 50 años se puedan conocer los testimonios de quienes fueron torturados por razones políticas en dictadura.

“El punto principal es resolver el silencio de 50 años impuesto por el ex Presidente Lagos, en torno a los 60.000 testimonios que se guardan y que no ha sido posible que sean un aporte a la verdad y justicia”. El líder de la AFEP, recordó el caso de José Huenante, joven desaparecido en 2005, tras ser detenido por Carabineros.

“Que exista un detenido desaparecido en democracia, como es el caso del joven de 16 años José Huenante, representa la impunidad más cruel de este país. Hay un pueblo que está exigiendo dignidad y que realmente haya verdad y justicia plena, porque esa es la base fundamental para que en este país tengamos una real democracia y no lo que tenemos hoy día”, dijo.

Durante la dictadura de Pinochet, según cifras oficiales, unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de las cuales 1.192 figuran aún como desaparecidas, y más de 33.000 como secuestradas, torturadas y encarceladas por causas políticas.

Asimismo, Lira comentó que “hay más de 300 agentes del Estado que no han pasado ningún día en la cárcel y duermen tranquilamente en sus casas”.

Fuente: La Nacion.cl

Cuando personal policial se presentó en su casa para arrestarlo por el crimen de un comerciante, Pedro Barneix se retiró a otra instancia del inmueble y se disparó con un arma de fuego.

El general retirado Pedro Barneix, uno de los acusados por el asesinato en 1974 del comerciante Aldo Perrini durante la dictadura uruguaya (1973-1985) se quitó este miércoles la vida cuando la policía llegó a su domicilio de Montevideo para detenerle por decisión judicial, informaron a Efe fuentes oficiales.

Perrini fue arrestado el 26 de febrero de 1974 por personal militar y trasladado al Batallón de Infantería Número 4 de Colonia (suroeste), donde falleció el 4 de marzo de 1974 después de ser torturado.

e la investigación judicial surgió que Barneix participó en los interrogatorios cuando Perrini fue asesinado.

Según informó a Efe el abogado de la familia del comerciante, Óscar López Goldaracena, este miércolesse decretó el procesamiento con prisión por “homicidio político crimen de lesa humanidad de los dos indagados en el caso de Perrini”, entre ellos Barneix.

Asimismo, cuando personal policial se presentó en su casa para detenerle, el ex general se retiró a otra instancia del inmueble y se disparó con un arma de fuego.

Por esta causa compareció durante los últimos cinco años, en la que se había pedido su procesamiento judicial con prisión, pero se interpusieron varios recursos y el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

La última instancia judicial en la que participó el ex general fue hace una semana, cuando compareció en una audiencia previa luego de la cual el juez dictó la resolución de este miércoles.

El pasado julio, la Justicia uruguaya rechazó el recurso de casación presentado en el marco de la investigación por la muerte de Perrini al determinar que el delito no había prescrito, tal y como argumentaba la defensa de Barneix.

La denuncia del asesinato de Perrini, un hombre de izquierda sin vínculos con grupos subversivos, fue presentada por uno de sus hijos el 11 de noviembre de 2010, unos días después de que la SCJ de Uruguay declarara inconstitucional la aplicación de la denominada “ley de caducidad” para este caso, si bien esta norma sigue vigente en la legislación del país desde 1986.

Con la llegada de la izquierda al gobierno, en 2005, la justicia recibió luz verde para investigar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y varios militares retirados, entre ellos el ex dictador Gregorio Álvarez, fueron procesados y encarcelados.

Precisamente en mayo de ese año Barneix y como jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (DINACIE), fue uno de los seleccionados para desarrollar una investigación interna para dar con el paradero de restos de detenidos-desaparecidos durante la dictadura.

Así, dos meses después fue citado como testigo por el juez que dirigió en Uruguay el caso del asesinato del químico y ex agente secreto chileno Eugenio Berríos, que fue hallado muerto en Uruguay en 1995.

“El desenlace que me imaginaba es que se procesara con prisión. Pero los suicidios indudablemente impactan. No es la primera vez que un militar en Uruguay cuando es acusado en el momento que le van a detener se suicida”, añadió López.

En 2006, el coronel retirado uruguayo Juan Antonio Rodríguez Buratti, investigado por delitos contra los derechos humanos durante la dictadura, se disparó un tiro en la cabeza cuando la policía iba a detenerle y murió poco después.

Fuente: La Nación.cl