ÚLTIMA HORA

PROCESAN A 18 EX UNIFORMADOS DE LA ARMADA Y CARABINEROS POR LA DESAPARICIÓN DEL SACERDOTE MIGUEL WOODARD

09.05.2015 13:57

En su resolución, el ministro en visita Jaime Arancibia destacó que se tratra de un delito "que reviste el carácter de permanente", ya que hasta la fecha no hay rastros del paradero del religioso, quien fue detenido tras el golpe militar de 1973.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, sometió a proceso a 18 ex funcionarios de la Armada y Carabineros, por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado del sacerdote de origen britanico Miguel Woodward Iriberry, ilícito perpetrado a partir de septiembre de 1973.

En la causa, el ministro Arancibia dictó auto de procesamiento en contra de los funcionarios de la Armada en retiro Guillermo Samuel Aldoney Hansen, Juan Guillermo Mackay Barriga, Ricardo Alejandro Riesco Cornejo, Víctor Sergio Valverde Steinlen, José Ignacio Yáñez Riveros, Pedro Vidal Miranda, Alfredo Hugo Moncada Salamanca, Claudio Francisco Cerezo Valencia, Pedro Abrego Diamantti, Juan de Dios Reyes Basaur, Jaime Segundo Lazo Pérez, Alejo Esparza Martínez, Carlos Líbano Riquelme y Sergio Hevia Fabres.

Asimismo, procesó a los ex funcionarios de Carabineros Héctor Nelson Tapia Olivares, Ángel Lorca Fuenzalida, Enrique Orlando Corrales Díaz y Luis Ricardo Araya Maureira.

En la resolución, y tras la descripción de los hechos, el magistrado estableció que se configura "la existencia del delito de secuestro calificado que contempla el artículo 141 incisos 1° y 4° del Código Penal en la persona del sacerdote Miguel o Michael Roy Woodward Iriberry, reuniéndose todos los requisitos que lo configuran, pues fue privado de su libertad ambulatoria sin derecho, manteniéndosele bajo detención o encierro, primeramente en un recinto controlado por la Armada y luego en unidades de dicha institución, siendo sometido a continuos interrogatorios y torturas, perdiéndose su rastro, lo que se ha prolongado desde su detención en el mes de septiembre de 1973 hasta la época actual, sin que se conozca su paradero o sus restos hayan sido encontrados".

Agregó que se trata de un ilícito "que reviste el carácter de permanente o de ejecución continuada y se entiende en grado de comisión durante todo el lapso que dure la situación tipificada y sancionada en la disposición legal antes citada, la que se mantiene hasta el día de hoy por desconocerse aún el paradero o destino de Michael Woodward, o eventualmente de sus restos, careciéndose de antecedentes concretos de la víctima, hasta ahora".

SOBREVIVIENTES DE LA GUARDIA PERSONAL DE SALVADOR ALLENDE DECLARAN EN PROCESO EN ITALIA

17.04.2015 15:28

ROMA: Dos de los tres guardias que estuvieron con el presidente chileno Salvador Allende al ser derrocado declararon el jueves en un proceso judicial en Italia por la desaparición de 23 ítalo-chilenos.

Julio Soto Céspedes y Juan Osses Beltrán declararon por el caso del ítalo chileno Juan Montiglio, integrante de la guardia personal de Allende que junto con otros 15 agentes fue detenido en el palacio de gobierno el día del golpe, el 11 de septiembre de 1973, y que posteriormente desapareció.

Soto dijo que fue llamado a declarar porque es uno de los sobrevivientes del dispositivo presidencial que estuvo ese día en el Palacio de la Moneda.

"Yo declaré en el caso de Montiglio, a quien vi en la Moneda, conversé con él, quien estuvo siempre con Allende e incluso recibí instrucciones suyas", dijo Soto a The Associated Press.

Contó también que "Allende estaba muy bien, cosa que mucha gente no sabe, muy tranquilo, muy consciente de su rol. Su gran preocupación era llegar al palacio de gobierno antes que los militares y que le pudieran impedir su ingreso".

Por su parte, Osses señaló que él, Montiglio y otros miembros de la guardia presidencial fueron llevados a un regimiento de Santiago y que después "sacaron a Montiglio y a otros compañeros y de ellos no se supo nunca más". El Servicio Médico Legal de Chile entregó hoy restos de cuatro miembros de la guardia personal del ex presidente Salvador Allende muertos en el régimen militar en 1973, ante la indignación y el dolor de familiares y compañeros quienes, a 37 años, aún claman por justicia y reparación. Se trata de restos óseos, piezas dentales y textiles, que en algunos casos no superan el centímetro de diámetro, algo que renovó el sufrimiento de los parientes, quienes soportaron una identificación errónea en 2006. 

Los restos de Oscar Avilés, de 28 años; Manuel Castro, de 23; Jaime Sotelo, de 33, y Luis Rodríguez, de 26, todos ex miembros de la guardia personal de Allende, fueron encontrados en 2001 en el interior del Fuerte Arteaga. Hasta ese recinto militar fueron trasladados los restos de estos detenidos en el palacio de La Moneda, el mismo día del golpe militar que encabezó Augusto Pinochet, el 11 de septiembre de 1973. Junto a los restos se ubicaron también fragmentos óseos de dos ex asesores de Allende: Ricardo Pincheira, de 28 años, y el médico Enrique Paris, de 40, cuyos restos serán entregados mañana. De acuerdo a la investigación, las seis víctimas, junto a otros 14 compañeros, fueron torturadas en el regimiento Tacna, al norte de Santiago, y luego trasladadas al Fuerte Arteaga, donde fueron asesinados mediante fusilamiento. 

Las víctimas fueron fusiladas una a una frente a un pozo de 10 metros de profundidad que luego los militares dinamitaron, sin tener certeza de que estaban muertos. En 1978 se realizó una operación denominada "retiro de televisores", ordenada por Pinochet, para remover restos de detenidos desaparecidos y lanzar algunos al mar. "Pese a todas estas manipulaciones para que no lográramos las identidades, tenemos hoy la certeza científica de que son ellos", afirmó a ANSA el director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos. Explicó que a los restos se les practicaron pericias médicas, antropológicas y odontológicas forenses, además de pruebas genéticas realizadas en el laboratorio de Innsbruck, Austria. La investigación concluyó que los asesinatos fueron cometidos el 13 de septiembre de 1973 y que la causa de muerte fue heridas múltiples por proyectil balístico. "Los crímenes de lesa humanidad en este caso fueron graves, porque a estas víctimas no sólo las ejecutaron, sino que las dinamitaron y las exhumaron y, hasta el momento, no hay culpables que estén pagando por estos delitos", denunció Soledad Blanco, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos y Ejecutados en La Moneda. 

Los familiares "tienen ahora un profundo daño emocional porque a ellos se les entregaron osamentas completas en la primera y errónea identificación, y hoy ven que se les están entregando fragmentos que no pasan de un centímetro", lamentó Blanco. Para el ex guardia presidencial Manuel Cortés, la entrega de los restos es favorable desde el punto de vista judicial, pero desde el prisma político "la cosa es más grave". Los restos de los cuatro miembros de la guardia son velados en una sede sindical y mañana se les unirán las osamentas de los dos asesores de Allende para ir en romería al Cementerio General donde serán exhumados. En el camino, el cortejo se detendrá en el monumento a Salvador Allende, frente al palacio presidencial de La Moneda. Hasta hoy se encontraron restos de siete ex guardias, y 54 siguen desaparecidos. "Nos sentimos plenamente orgullosos de este equipo de seguridad que no va a existir nunca más en nuestra historia. Ellos trabajaron a conciencia para el presidente, sin salarios ni regalías", concluyó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos y Ejecutados en La Moneda.Según la esposa de Montiglio, Lina Velvederese, el guardia fue fusilado el 13 de septiembre, su cuerpo despedazado con una granada y sus restos arrojados al mar.

"Nosotros tenemos una enorme esperanza en este juicio y en los resultados que podremos obtener, que podría ser en diciembre, y esperamos que este juicio sirva a la justicia chilena para que realice también sus investigaciones", manifestó la mujer.

La justicia italiana tiene bajo proceso a 11 militares chilenos acusados de la desaparición de 23 ítalo-chilenos en el marco del denominado Plan Cóndor.

El Plan Cóndor, ideado por el dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990), fue una operación conjunta de las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia para perseguir y hacer desaparecer a opositores, en su mayoría militantes de izquierda.

Entre los militares chilenos sometidos a juicio se encuentran el general Juan Manuel Guillermo Sepúlveda Contreras, el brigadier Pedro Octavio Espinoza Bravo y los coroneles Marcelo Luis Moren Brito y Jerónimo Ramírez.

El fiscal a cargo de la acusación, Gian Carlo Capaldo, señaló a AP que de ser hallados culpables de homicidio agravado, el delito que se les imputa, podrían recibir una condena a cadena perpetua, la máxima pena que existe en Italia

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