La actual presidenta de la organización estudiantil, Valentina Saavedra, juhnto a Yerko Ljubetic, Gonzalo Rovira, (1985/86), Marisol Prado (1997/98) y la académica Malva Hernández expulsada de la Casa de Bello por luchar por saber el destino de su hijo detenido desaparecido, llegaron hasta el ex centro de tortura y exterminio.

Con la presencia de Valentina Saavedra, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), del primer presidente de la Fech democrática durante la dictadura Yerko Lujbetic, Gonzalo Rovira, Marisol Prado y Malva Hernández, académica expulsada de la Casa de Bello por presentar una querella por su hijo desaparecido Rodrigo Medina Hernández, se rindió un homenaje este viernes, en el Parque por la Paz Villa Grimaldi, a los estudiantes, académicos y funcionarios caídos a partir del 11 de septiembre de 1973.

.La delegación realizó una visita guiada a cargo del director de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi Alberto Rodríguez.

“Hay consenso social respecto a la necesidad de hacer justicia, que se rompan estos pactos de silencio, que desde el Estado se haga un esfuerzo por reconocer estas luchas, darle justicia no sólo a las personas que lucharon sino que al país, el cual requiere una transformación en su conjunto, para recuperar lo que se nos arrebató, nuestros derechos sociales”, dijo Saavedra.

Por su parte Yerko Ljubetic ex presidente entre 1985/86, consultado acerca de las demandas en derechos humanos como el cierre del Penal Punta de Peuco, dijo que “hay una serie de cuestiones emblemáticas que debieran ser de fácil resolución y que debieran eliminarse porque hieren la sensibilidad de las personas, como el que se rinda homenaje todavía en algunas unidades militares al asesino Manuel Contreras y al propio Augusto Pinochet, son cosas que ofenden la memoria, que no debieran requerir esfuerzos ni recursos, pero que tienen un carácter emblemático, en las cuales este gobierno debiera avanzar con mucha mayor rapidez”

Por su parte, Gonzalo Rovira expresó que en Villa Grimaldi se reunió la historia de la Fech. “Tantas generaciones aquí juntas, está la actual Fech, la de los 90 con Marisol (Prado), y la nuestra de los 80, está la Fech anterior, la de Malva Hernández, la de los desaparecidos, todos ellos están hoy recibiendo un homenaje”, expresó.

Marisol Prado presidenta desde 1997/98 consideró significativo que las distintas generaciones “nos podamos juntar en un espacio como Villa Grimaldi, transformado del horror, del dolor a un espacio de paz, de reflexión, que nos debe dar cada día más energía y más valor para seguir luchando para la recuperación de nuestra democracia, porque es un camino que no está terminado, nos falta muchísimo”, Malva Hernández expresó que piensa en su hijo y su desaparición “todos los días, mi dolor es permanente, el acababa de cumplir 18 años en 1976. Eso de no encontrar sus huesos para enterrarlo no es tan importante para mí, sino que lo más importante es saber qué pasó con él y quienes son los culpables. Mi corazón está repartido en varios países como Suecia, donde viven mis hijos, Brasil y Suecia, pero estará siempre aquí en Villa Grimaldi, porque mis nietos cuando eran chiquitos, les decíamos que ahí estaba la tumba (simbólica) de mi hijo Rodrigo y al fondo de esa tumba está el cielo, parafraseando a Huidobro”, expresó.

Por su parte, Higinio Espergue, director de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, valoró el homenaje realizado en la mañana señalando que “que hay una sola línea de lucha por construir una sociedad más justa , por recuperar lo perdido, la educación pública, gratuita de calidad y democrática y construir un Chile más representativo, en todas las generaciones que han llegado hasta el Parque por la Paz”.

Durante la actividad se colocaron claveles rojos en el Muro de los Nombres que recuerda a 214 personas detenidas desaparecidas y 22 ejecutadas.

Posteriormente se concurrió hasta la tumba simbólica de Rodrigo Medina Hernández, donde crece una araucaria.

El ex Cuartel Terranova de la Dirección de Inteligencia Nacional funcionó entre 1973 y 1978. Se estima que por el lugar pasaron unas 4.500 personas durante su funcionamiento.

Fuente: El Mostrador

La conmemoración de los 42 años del golpe de Estado en contra del gobierno de la Unidad Popular que encabezó el Presidente Salvador Allende Gossens, estuvo marcada por la reiteración de exigencias en materia de derechos humanos. Cierre de penal Punta Peuco, degradar a ex uniformados represores y avanzar en procesamientos e información, exigieron organizaciones de derechos humanos.

Desde agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, pasando por legisladores y partidos políticos, hasta organismos de derechos humanos y de la sociedad civil, se volvió a plantear este 11 de septiembre que debe cerrarse el penal de Punta Peuco, construido para tener en reclusión a antiguos miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros condenados por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad; que deben ser degradados todos los ex uniformados investigados, procesados y condenados como represores; se debe eliminar el secreto del Informe Valech establecido por 50 años, para conocer antecedentes de represores, cuidando la privacidad de las víctimas; y el Ejércitos y demás ramas de las FFAA, junto a Carabineros, deben terminar con “pactos de silencio” y entregar información sobre actos represivos que produjeron detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.

Desde varios sectores de los derechos humanos y de organismos políticos y sociales se cuestionó que ni el gobierno ni los militares responden a estas demandas.

Hubo también algunos cuestionamientos al atraso en la concreción de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que estará en el organigrama del Ministerio de Justicia, pero ante eso la Presidenta Michelle Bachelet indicó que “esta entidad le dará coherencia y persistencia a nuestras acciones en la materia. Su ley está pronta a aprobarse en el Congreso, y cuando se ponga en marcha, liderará las tareas de verdad, justicia y reparación. E impulsará también una tarea de futuro: defender los derechos humanos de nuevas amenazas y hacer de ellos una cultura que impregne todas nuestras relaciones”.

También, implícitamente, la jefa de Estado se refirió a algunas de las reivindicaciones en esta materia. En una ceremonia recordatoria de quienes murieron defendiendo el gobierno constitucional el martes 11 de septiembre en La Moneda, Bachelet expresó que “aún hay privilegios que el Chile nuestro de hoy en día no tolera” y aseveró que “me encargaré que el cumplimiento de la justicia sea igual para todos, es un compromiso ineludible que asumo personalmente”.

En La Moneda, la Mandataria rindió un homenaje al Presidente Salvador Allende. Lo mismo hicieron organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles, políticas al colocar ofrendas florales en la puerta de calle Morandé 80, en el palacio presidencial, y en actos junto al monumento a Allende frente a La Moneda.

Bachelet manifestó que “al conmemorar 42 años de una tragedia que desgarró el alma de Chile, lo hacemos sabiendo que un país de todos sólo se construye si es capaz de reconocer su propia historia y de tener un juicio moral compartido. Y ese juicio es uno solo: ¡nunca más el poder de la muerte, sólo el de la vida!”.

Sobre las palabras de la jefa de Estado, Viviana Díaz, de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), dijo que “no puedo concebir que han transcurrido tantos años que terminó la dictadura militar y continuemos con los privilegios”. Añadió que “ojalá que en su mandato pueda terminar con esta cárcel (Punta Peuco) que nunca debió haberse construido, porque aquí los que cometen crímenes van a la cárcel y no tiene por qué haber diferencias, más aún cuando aquí se cometieron crímenes de lesa humanidad que son imprescriptibles e inamnistiables”.

Viviana Díaz apuntó que “los violadores de los derechos humanos tienen que estar en una cárcel común y corriente y no con privilegios como gozan hasta el día de hoy. Uno espera que eso sea pronto”.

Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD, reiteró la demanda de “la degradación a militares violadores de derechos humanos y que civiles involucrados en dichos actos no puedan asumir cargos de representación pública”.

Anotó que las autoridades y los mandos de las FFAA “tienen que cumplir con tratados internacionales y con la democracia. El desarrollo del país no se puede basar en la impunidad”.

Fuente: El Siglo