El Ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó el cúmplase de dos sentencias por casos de violaciones de Derechos Humanos y ordenó el ingreso al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco de 11 militares en retiro, implicados como autores.

En su resolución, el magistrado ordenó el ingreso de los ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) Hernán Vásquez Villegas y Álvaro Corbalán Castilla, para cumplir una condena de 15 años y un día por el homicidio calificado del militante comunista Enzo Muñoz Arévalo, cometido en julio de 1984, en el sector de la rotonda Departamental. La sentencia fue confirmada por fallo de la Corte Suprema, el 4 de agosto pasado.

En una segunda resolución, el juez Carroza ordenó el arresto e ingreso a prisión de otros nueves uniformados en retiro implicados en la detención y posterior desaparición del militante del MIR Alonso Lazo, estudiante de Pedagogía de la Universidad de Chile de 24 años, cometido en 1975.

Se trata de los ex agentes Ramsés Álvarez Sgolia, Patricio Román Herrera, Pedro Eduardo Vivian Guaita, Juan Valderrama y Adolfo Lapostol, Felipe González Astorga, Hernán Portillo Aranda, José Quintanilla Aranda y Erasmo Vega Sobarzo, todos los cuales fueron condenados a penas que van entre los 5 y 10 años de presidio, en calidad de cómplices y autores materiales.

Fuente: Terra.cl

Se rechazó un recurso de casación presentado en contra de la sentencia de la Corte Suprema.

Indican que los delitos de lesa humanidad no prescriben, de acuerdo a leyes internacionales.

» "Es un tremendo triunfo de la justicia sobre la impunidad"

» Archivo: Fallo de la Corte Suprema

La Segunda Sala de la Corte Suprema ratificó el fallo que ordena al Estado a pagar una indemnización de 4.500 millones de pesos a un grupo de 31 prisioneros de la isla Dawson, detenidos entre septiembre de 1973 y septiembre de 1974.

En fallo unánime, los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Kunsemuller, Haroldo Brito, y el abogado Jaime Rodríguez, rechazaron el recurso de casación presentado en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones, que ordenó pagar 150 millones de pesos a cada uno de los involucrados.

La sentencia confirma la responsabilidad del Estado por los daños físicos y psicológicos que sufrieron los ex prisioneros del centro de reclusión pública ubicado en la Región de Magallanes.

"Es menester dejar en claro que el fallo asentó como fundamento de la pretensión indemnizatoria el hecho de ser víctimas de violaciones graves a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado de Chile, especificándose en cada acontecimiento las datas de sus secuestros, las torturas soportadas, el tiempo que permanecieron privados de libertad y las secuelas que padecen, menoscabos que hasta ahora persisten en todos los ámbitos de su vida", se lee en el fallo.

Además, la resolución considera que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles tanto en el aspecto penal como civil, de acuerdo a la legislación internacional.

"Es un tremendo triunfo de la justicia sobre la impunidad"

Sergio Reyes estuvo detenido en la isla por casi 12 meses cuando tenía 18 años y era dirigente estudiantil de la Universidad Técnica en Magallanes. Tras conocer el fallo señaló que "esto es una gran victoria"

"Estamos muy satisfechos de la resolución de la Corte Suprema, la que en general había sido reacia por muchos años a verificar algún tipo de reparación monetaria a quienes sufrimos la victimización y la represión de la dictadura militar. Isla Dawson se construyó específicamente para albergar presos políticos y se construyó a la imagen y semejanza de los campos de concentración nazis durante la segunda guerra mundial", remarcó.

En tanto desde la Unión de ex Prisioneros Políticos de Chile también rescataron la resolución. La presidenta, Nelly Cárcamo, remarcó que "es un tremendo triunfo de la justicia, un triunfo sobre la impunidad, no se ha hecho justicia ni en lo penal ni en lo civil como corresponde. Tenemos presentadas 3.100 demandas civiles en contra del Estado de Chile, tenemos 2.300 en calidad de denuncia en la Comisión Interamericana porque aquí los jueces habían fallado de forma adversa a nuestros intereses, es decir nos aplicaban la prescripción".

Fuente: Cooperativa.cl