Tribunal Constitucional, nueva trinchera de la impunidad: familiares de víctimas acusan paralización de causas de derechos humanos

La lucha incansable que llevan adelante desde hace décadas los familiares y las organizaciones de Derechos Humanos ha logrado que esta nueva situación de impunidad que se está generando en el Tribunal Constitucional, al cual denominan como la nueva “trinchera de la impunidad”, vaya quedando al descubierto.

El Tribunal Constitucional, un eslabón fundamental de la Constitución elaborada por la dictadura cívico-militar, ha mostrado abiertamente su cara de “poder fáctico” en el ámbito de los Derechos Humanos, gracias a una facultad que le fue entregada el año 2005, durante las reformas realizadas a la Carta Fundamental por el gobierno de Ricardo Lagos, que le permite al Tribunal Constitucional decidir sobre los Recursos de Inaplicabilidad en los casos de violaciones de los Derechos Humanos, facultad que hasta ese momento recaía en la Corte Suprema.

Los abogados de los responsables de crímenes de lesa humanidad están utilizando este nuevo resquicio para poder entrampar y dilatar los procesos judiciales, impidiendo que estos terminen y se puedan dictar las sentencias respectivas. Esto ha sido notoriamente llamativo en una serie de causas que tienen que ver con procesos llevados adelante en la provincia de Ñuble y es por esta razón que las Agrupaciones de Derechos Humanos de la zona han llevado adelante una tenaz lucha con el objeto de romper el manto de oscuridad al respecto, la que ha ido dando sus frutos, haciendo visible esta aberración ante la opinión pública, y logrando que distintos actores se sensibilicen y entreguen su apoyo a esta noble causa.

Este martes 8 de mayo, una delegación de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos de Ñuble, acompañada por una serie de otras organizaciones de Derechos Humanos, tanto de la provincia de Ñuble, como de otras regiones del país, llegó hasta el Congreso Nacional en Valparaíso, para exponer sus planteamientos y participar en dos puntos de prensa que se llevaron a cabo en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y con un grupo de Senadores de la República.

En conversación con Teresa Retamal, integrante de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos de Ñuble, al consultarle sobre el objetivo de esta visita a la sede del Poder Legislativo, manifestó:

“En conjunto con otras organizaciones de derechos humanos, como el Comité Verdad y Justicia y la Agrupación de Ex Presos Políticos de Ñuble, estamos en una campaña para que el Tribunal Constitucional ponga en tabla las causas que las tienen paralizadas. Hay algunas que van 8 meses que están paralizadas y no le dan curso. Para denunciar esto hay que visibilizar el problema y las presiones tienen que ser políticas, para que las causas puedan llegar a la Justicia Ordinaria y seguir su proceso. En este momento, por el hecho de estar las causas paralizadas en el Tribunal Constitucional, un Juez no puede ni siquiera darle término ni dictar condenas o absolución. Esto constituye una amplia impunidad.”

Es decir, ¿el Tribunal Constitucional se ha transformado en un bastión de la impunidad a su juicio?

“No tan sólo en una bastión de la impunidad, sino también en la trinchera para los abogados de los criminales, ya que así pueden seguir dilatando los procesos.”

Tengo entendido que a mediodía estuvieron con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. “Si, estuvimos en una conferencia de prensa con alguna gente de la Comisión de Derechos Humanos y nos manifestaron que estaban de acuerdo con nosotros y nos están apoyando en esta lucha que estamos dando, porque hace 44 años que nosotros estamos en esta lucha de verdad y justicia.”

¿Cuál es la actividad que viene a las cuatro y media?

“Es una conferencia de prensa con el Senador Harboe, porque él tiene un proyecto de modificación sobre las atribuciones del Tribunal Constitucional.”

También aproveché de conversar con Jorge Vera, miembro del Comité Verdad y Justicia de la provincia de Ñuble, para que me explicara el motivo de su presencia hoy acá en Valparaíso, quien expresó lo siguiente:

“Soy representante del Comité Verdad y Justicia, la mayoría somos ex Presos Políticos del MIR y nuestra función como sobrevivientes es prestarle toda la colaboración a las agrupaciones de Derechos Humanos de la provincia de Ñuble, sobre todo a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Muchos de nuestros compañeros fueron asesinados o hechos desaparecer y nuestra obligación como sobrevivientes es luchar por la verdad y la justicia.

Por eso estamos solidarizando con la Agrupación, porque consideramos insólito que el Estado chileno permita que un Tribunal Constitucional paralice las causas de Derechos Humanos. Nos costó mucho para que las causas de nuestra provincia, que estaban sin avances, fueran tomadas en Concepción. Las tomó el Ministro Aldana y él avanzo en forma rápida, pero cuando llegó el momento en que el Ministro Aldana procediera a procesar y condenar, los abogados de los victimarios, en este caso los criminales de lesa humanidad, buscaron un subterfugio interponiendo en el Tribunal Constitucional, que era inconstitucional el proceso que se estaba llevando adelante en contra de estos criminales. Nosotros hicimos todo un recorrido, fuimos a conversar con el Presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, después con el Presidente de la Corte Suprema e incluso, hace como un mes atrás fuimos a conversar con el Presidente del Tribunal Constitucional, quien nos trató bastante mal. Nosotros lo único que pedíamos era que las causas que estaban radicadas ahí se pusieran en tabla y se vieran lo más rápidamente para que siguieran su curso normal, que son los Tribunales de Justicia. Ahora estamos acá en el Congreso Nacional buscando apoyos, porque en nuestras reuniones vimos como estrategia el buscar el apoyo de los Parlamentarios de nuestra zona, en este caso los Senadores y Diputados de la provincia de Ñuble. En Chillán hemos realizado una campaña para recolectar firmas en la calle, en apoyo a nuestra causa, la cual fue mucho más exitosa de lo que pensábamos, ya que diariamente se consiguieron alrededor de 400 firmas, y nosotros habíamos reunir mil firmas en el transcurso de un mes. O sea que las firmas la reunimos prácticamente en dos días.”

Son alrededor de dos mil firmas las que han recolectado, las que serán entregadas este lunes 14 al Tribunal constitucional, en una nueva reunión fijada.

En la conversación que se tuvo al interior del Congreso Nacional con el Senador Felipe Harboe, de la octava circunscripción cordillera, que incluye a la provincia de Ñuble,este le manifestó a los familiares y a los representantes de las distintas organizaciones de Derechos humanos presentes que:

“Hemos logrado en el Senado un Proyecto de Acuerdo para solicitarle al Presidente de la República que envié una Ley , para que modifique los procedimientos y establezca un plazo determinado para ver las causas en materia de Derechos Humanos. Hoy día vamos a tener un punto de prensa en donde van a participar cerca de 14 a 15 Senadores, lo que es muy importante, porque va a evitar que esta situación, que es tremendamente injusta pase desapercibida. La idea es hacer fuerza y ojalá tengamos una pronta resolución para que falle prontamente las causas. Sin perjuicio de esto, hay también un proyecto de mí autoría en la Comisión de Constitución para eliminarle una serie de facultades al Tribunal Constitucional, dentro de las cuales está esta, del Recurso de Inaplicabilidad, porque a mí no me parece que un Tribunal Constitucional que está compuesto por personas que no son Jueces, tenga la facultad de inmiscuirse en investigaciones judiciales, que ya se han demorado treinta o cuarenta años. Esta es una instancia adicional que los violadores de los derechos humanos han encontrado para un manto de impunidad o de dilación. Como dicen algunos de ellos, mejor morir viejo que morir preso. No es casualidad que en las causas de Ñuble donde hay varios procesados, lo haya pedido uno solo, porque cuando lo rechacen a él, lo va a pedir otro.”

Durante la conferencia de prensa , el Senador Harboe reitero lo conversado con los familiares, manifestando: “Queremos denunciar públicamente una nueva estrategia de los violadores de Derechos Humanos. Ahora los violadores de Derechos Humanos están utilizando en Tribunal Constitucional como una forma de dilatar las causas de Derechos humanos.”

Por su parte, Rosario Peña, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Ñuble expresó: “Por fin los Senadores están escuchando nuestra verdad y ojalá que esto llegue a oídos del Presidente Piñera para que se ponga la mano en el corazón, porque él no es inocente de que no sepa lo que pasó aquí en Chile. Todavía quedamos familiares. Yo tengo 84 años y sigo en esta lucha y voy a seguir mientras viva para saber dónde están nuestros familiares y que se haga justicia. ¿Cuántos hijos sin padre quedaron?, ¿cuántas madres sin sus hijos? Y ¿cuántas esposas sin sus esposos? Esto es lo nosotros estamos pidiéndole al Gobierno y a los Parlamentarios que están simpatizando con nuestra causa, que se pongan la mano en la conciencia y en el corazón, porque nosotros estamos terminando nuestra vida. Hemos pasado tanto dolor, por tantos años, y seguimos casi en lo mismo.”

La lucha incansable que llevan adelante desde hace décadas los familiares y las organizaciones de Derechos Humanos ha logrado que esta nueva situación de impunidad que se está generando en el Tribunal Constitucional, al cual denominan como la nueva “trinchera de la impunidad”, vaya quedando al descubierto.

Guillermo Correa Camiroaga, Valparaíso 8 de mayo 2018

Ministro en visita acusa a un civil y cinco carabineros (R) por secuestro de estudiante de la UTE

En la investigación (causa rol 53.680).

El ministro en visita de causas de derechos humanos de las Cortes de Apelaciones de Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa Latorre, acusó al civil Jorge Nibaldo Chovar Aguilera, al suboficial de Carabineros en retiro Omar Burgos Dejean y al general de Carabineros (r) Gonzalo Enrique Arias González, como autores del secuestro calificado de Luis Bernardo Maldonado Ávila. Ilícito perpetrado en la capital regional de La Araucanía, a partir del 22 de septiembre de 1973.

Asimismo se responsabilizó a los suboficiales de Carabineros en retiro Eduardo Orlando Riquelme Rodríguez como cómplice del mismo ilícito y a Ernesto Idelfonso Garrido Bravo y Hugo Opazo Inzunza, como encubridores del delito.

En la investigación (causa rol 53.680) el ministro instructor determinó:

A.- Que a partir del 11 de septiembre de 1973, a raíz de los sucesos acaecidos en el país, en todas las comisarías se formó un grupo operativo denominado "comisión civil", dedicado a labores de inteligencia que consistían en averiguar situaciones de búsqueda de información respecto de grupos violentistas, detención de personas que estaban consideradas en los bandos militares, entre otras; es decir, eran labores que escapaban a los procedimientos comunes policiales.

En el caso de Temuco, dicha comisión estaba integrada por el Teniente Eduardo Riquelme Rodríguez (procesado a fs. 1.569 de esta causa) a cargo de dirigir el grupo; Juan Fritz Vega (Q.E.P.D), Omar Burgos Dejean (procesado a fs. 1.139 de esta causa), los suboficiales Hugo Opazo Inzunza y Ernesto Garrido Bravo (procesados a fs. 1.569) de esa misma unidad policial. Pese a que los uniformados señalados formaban parte de la dotación de la Segunda Comisaría de Carabineros de Temuco, las órdenes que se les impartía en temas de inteligencia eran dirigidas directamente por Gonzalo Enrique Arias González, Subprefecto de Carabineros de Cautín, quien también realizaba funciones como Fiscal de Carabineros. Además, la información recabada en temas de inteligencia por el grupo liderado por Riquelme, eran comunicadas directamente al mismo Subprefecto de Carabineros.

B.- Que dicho Subprefecto de Carabineros y Fiscal de Carabineros de Cautín, luego del 11 de septiembre de 1973, se encontraba desempeñando funciones en la ciudad de Temuco, como consta en su hoja de vida de fs. 1.619. Salvo el día 26 de noviembre de 1973, según lo señalado en la sentencia de reemplazo de la Excma. Corte Suprema que rola de fs. 1.961 a fs. 1.970 de este proceso.

C.- Que las personas detenidas por el grupo aludido eran llevadas a los calabozos comunes de la Segunda Comisaría de Carabineros de Temuco, las que sólo podían ser interrogadas o visitadas por los miembros de esta comisión civil, no pudiendo tener contacto con ellos el resto de la dotación de esa unidad.

D.- Que manteniendo la ilación anterior, el 22 de septiembre de 1973, Luis Bernardo Maldonado Ávila, estudiante de la carrera de Ingeniería en Ejecución Mecánica de la Universidad Técnica del Estado, conversaba en las afueras de dicha casa de estudios, ubicada en calle Prat - entre calles Rodríguez y Portales- de esta ciudad, junto a Orwald Casanova Cameron, compañero de estudios y un profesor de apellido San Celedonio. En esos momentos Casanova Cameron vio rondar en varias oportunidades una camioneta marca Chevrolet, abordada por personas de civil y conducida por Jorge Chovar Aguilera (procesado a fs. 1.139 de esta causa), conocido simpatizante del Partido Nacional, del grupo Patria y Libertad de la época y por su cercanía con personal uniformado de diferentes instituciones armadas, siendo visto en reiteradas ocasiones junto a ellos en las calles de Temuco. Al despedirse, Casanova Cameron vio cómo Maldonado Ávila se dirigió por calle Prat hacia calle Portales, perdiéndolo de vista en esa intersección.

E.- Que el mismo día, una funcionaria del Departamento de Bienestar de la Universidad Técnica del Estado de esta ciudad, le comunicó a unos alumnos de esa institución que presenció el momento en que Luis Maldonado Ávila fue abordado por uniformados y subido a un vehículo. Junto a los uniformados se encontraba Jorge Chovar Aguilera cooperando en la aprehensión de Maldonado Ávila. El hecho antes indicado fue comentado entre los alumnos de la Universidad Técnica del Estado e incluso entre los miembros del Partido Nacional y el grupo Patria y Libertad de aquella época.

F.- Que en una fecha posterior, Alberto Arturo Neumann Adriazola (Q.E.P.D.), cabo 1° de la Segunda Comisaría de Carabineros de Temuco, le comentó a su cónyuge que había visto en uno de los calabozos de la Segunda Comisaría de Carabineros de Temuco, a Luis Maldonado Ávila - a quien conocía por un vínculo de amistad con su familia- pero que no pudo tener contacto con él, aludiendo a la prohibición que tenía el personal que no formaba parte de la comisión civil de la 2° Comisaría de Carabineros de Temuco, en relación al contacto con los detenidos de ese grupo.

G.- Que el Sargento de Carabineros de la Segunda Comisaría de Temuco, Juan de Dios Fritz Vega (Q. E.P.D) acompañado de Omar Burgos Dejean (procesado a fs. 1.139 de esta causa) y otros carabineros de dicha comisión, se presentaron en el domicilio del cabo Neumann en una camioneta modelo c-10 color rojizo, a fin de que la esposa del cabo mencionado los acompañara. Concurrieron junto a ella hasta una casa frente a la plaza Teodoro Schmidt, en donde se encontraba Irma Martínez Delgado junto a otras personas, entre ellas doña Claudina Ávila (Q.E.P.D), madre de Luis Maldonado Ávila - con quien la cónyuge de Neumman Adriazola había compartido horas antes y conversado de la situación de su hijo - procediendo los uniformados a entrar al domicilio, aprehender a doña Claudina Ávila , con sus manos atadas y vista vendada, y llevarla hasta la 2° Comisaría de Carabineros de Temuco.

H.- Por último, hasta esta fecha ningún funcionario público de Carabineros de Chile o de otra rama de las Fuerzas Armadas y/o de Orden y Seguridad que se desempeñaban en la época de los hechos, ha dado algún antecedente a la autoridad respectiva en relación a lo sucedido con Luis Bernardo Maldonado Ávila, manteniendo hasta el día de hoy ocultamiento de todo tipo de antecedentes sobre su paradero.

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