Justicia procesa a miembros del ejército por secuestro calificado de ciudadana uruguaya en Arica

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Hormazábal, dictó auto de procesamiento en la investigación que sustancia por el delito de secuestro calificado de la ciudadana uruguaya Mónica Benaroyo Penco. Ilícito perpetrado a partir de fines de 1973, en la ciudad de Arica.

En la resolución, el ministro Hormázabal encausó a los funcionarios en retiro del Ejército Juan Iván Vidal Ogueta y Luis Guillermo Carrera Bravo, en calidad de autores del delito.

De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, el ministro en visita dio por establecido que Mónica Benaroyo Penco, fue detenida en Arica por efectivos de la Policía de Investigaciones el 14 de septiembre de 1973, permaneciendo en el cuartel policial de investigaciones de la ciudad durante 6 días, siendo puesta a disposición de la Fiscalía Militar del Ejército que ordenó su ingreso a la cárcel pública de la ciudad, concediéndole la libertad el 25 de septiembre.

No obstante, la víctima no volvió a su lugar de residencia y, por el contrario, entre octubre y diciembre de 1973, "fue vista detenida y siendo torturada en dependencias del Departamento o sección II del Regimiento Rancagua". Sección en la que realizaban labores operativas el teniente Juan Vidal Ogueta y el sargento segundo Luis Carrera Bravo.

El 16 de julio de 2008, restos óseos de Benaroyo Penco fueron encontrados en un recinto militar ubicado en el sector "Pampa Chaca Oeste", de la ciudad.

Vidal Ogueta y Carrera Bravo, se encuentran cumpliendo actualmente condena como autores del delito de secuestro calificado en la causa "Episodio conscriptos Arica", en el penal Punta Peuco, y en el Complejo Penitenciario de Arica, respectivamente. 

* El Clarin de Chile

Carlos Margotta: “Hay un manto de protección a Bruno Villalobos”

El abogado y presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos apuntó a la existencia de presiones por parte del Ejecutivo para que se revocara el procesamiento del ex general director de Carabineros, Bruno Villalobos, por la aplicación de tormentos con resultado de muerte al estudiante de la Universidad de Chile, Patricio Manzano, en 1985.

Sorpresa generó la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de acoger el recurso de amparo presentado por la defensa del exgeneral director de Carabineros, Bruno Villalobos, y así revocar su procesamiento por aplicación de tormentos con resultado de muerte del estudiante universitario Patricio Manzano, en 1985.

Desde la defensa del ex uniformado argumentaron que fue procesado sin que existieran méritos o antecedentes que justifiquen esta medida. Versión que es contrarrestada por organizaciones de derechos humanos, quienes apuntan al ex mandamás de Carabineros como uno de los cómplices del delito.

Una de ellas es la Comisión Chilena de Derechos Humanos, cuyo presidente, Carlos Margotta, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile aseguró que existieron “presiones” por parte del Ejecutivo para que Bruno Villalobos saliera impune en este caso.

“Ha habido una gran presión, fundamentalmente por parte del Poder Ejecutivo en relación a este caso. Tengo certeza de la presión que ha estado ejerciendo este Gobierno en función de cierto manto de protección a Bruno Villalobos”.

En ese mismo sentido, el también abogado de derechos humanos aseguró que desde la Subsecretaria del Interior “se le pidió derechamente al abogado que no alegara en el auto de procesamiento, lo cual es una clara interferencia respecto del rol que debe cumplir el programa (de derechos humanos) a través de los profesionales que lo integran”. 

Carlos Margotta

Margotta argumentó que la supuesta “protección” a Villalobos está dada por la defensa de la denominada familia militar por parte de un sector de Chile Vamos. “A mí no me sorprende para nada la defensa irrestricta que ha hecho este Gobierno respecto de éstas personas. En materia de violaciones a los derechos humanos ha habido siempre una defensa. Bruno Villalobos no salió (de su cargo) por el tema de derechos humanos” enfatizó.

El abogado aseguró que, luego de esta decisión, se podría apelar a la Corte Suprema, lo que va a depender de la actitud que los abogados del Programa de Derechos Humanos van a tomar respecto de este fallo.

“Lo que uno esperaría es que agoten todos los recursos que establece la ley para perseguir la responsabilidad, por la misma razón que se tuvo para solicitar el auto de procesamiento”.

Con sólo 21 años, Patricio Manzano cursaba primer año de Ingeniería en la Universidad de Chile. Al momento de su detención, el joven se encontraba realizando trabajos voluntarios en la localidad de Casuto, lugar donde fue detenido junto a otros 173 estudiantes.

Al momento de los hechos, Bruno Villalobos, de 25 años, era teniente de Carabineros y se encargaba principalmente del traslado de los detenidos. Este, es uno de los argumentos esgrimidos por su defensa para asegurar que el ex general director “no tiene ninguna participación punible en estos hechos”, como lo aseguró a La Tercera su abogado defensor, Ángel Valencia. 

* diarioUchile - Montserrat Rollano