Justicia acusa a militares en retiro y a un civil de homicidios calificados durante "Operación Peineta" en Victoria

El ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa Latorre, dictó acusación en contra de 15 miembros del Ejército en retiro y un civil militante del movimiento Patria y Libertad, por su responsabilidad en dos delitos de homicidio calificado. Ilícitos perpetrados en Victoria, el 27 de octubre de 1973. En la resolución, el ministro en visita acusó al civil Jorge Octavio Temer San Martín (civil) y a los exmilitares Sergio Hernán Valenzuela González, Exequiel Eugenio Trullenque Sepúlveda, Eduardo Urrutia Ronda y Ariel Waldemar Reyes Figueroa, como autores del homicidio calificado de Pedro Mario Alonso Muñoz Apablaza y Eliseo Segundo Jara Ríos.

En tanto, en calidad de cómplices enfrentan acusación los exuniformados Hernán Augusto Salazar Schifferli, Humberto Julián Torres Torres, Carlos Enrique Molina Cabrera, Jacinto Mansilla Villarroel, Juan Bautista Santibáñez Hermosilla, Luis Alberto Cortés Beltrán, José Mercedes Videla Gallardo, Manuel Alfonso Fernández Domínguez y Jorge Humberto Bravo Campos; y como encubridores Darío Alejandro Reyes Núñez y Alfredo Hernán Parra Uslar.

En la etapa de investigación de la causa, el ministro Mesa Latorre logró establecer los siguientes hechos:

"A.- Que con posterioridad al 11 de septiembre de 1973 el comandante del Batallón de Transportes N°4 de Victoria, teniente coronel Luis René Vega Fonseca (fallecido), debió asumir las funciones de gobernador de la ciudad, ejerciendo ambas tareas en paralelo, pero quedando a cargo de las labores castrenses del regimiento el segundo comandante del batallón, mayor Humberto Julián Torres Torres, quien, además, era el oficial de inteligencia de la unidad. El comandante del batallón, además, llevó a la Gobernación como su ayudante al mayor Hernán Augusto Salazar Schifferli, para que colaborara en las tareas propias de esa repartición y quien también trabajaba diariamente en el Hospital de Victoria como dentista.

B.- Que durante la segunda quincena de octubre de 1973 llegó a la Novena Región de país un grupo de militares en número cercano a los 120 efectivos, pertenecientes a la Tercera División de Ejército, bajo las órdenes del general de Ejército Nilo Floody Buxton (fallecido), que deberían cumplir distintas misiones en el área tendientes a desarrollar la denominada "Operación Peineta", que tenía como fin neutralizar actividades antisubversivas en la zona.

Una de las patrullas desplegadas para los fines antes indicados se dirigió a la ciudad de Victoria, donde fue recibida por el segundo comandante del Batallón de Transportes de esa ciudad, mayor Torres, quien les facilitó alojamiento, armas y movilización para efectuar las misiones. Dicha patrulla estaba bajo las órdenes del capitán de Ejército Sergio Hernán Valenzuela González, proveniente de la Unidad Divisionaria del Regimiento "Buin", y era integrada, además, por a lo menos dos oficiales del rango de teniente que provenían del regimiento de Ingenieros Ferrocarrileros de Puente Alto, uno de ellos Germán Jorge Barriga Muñoz (fallecido), y el otro Manuel Alfonso Fernández Domínguez, más un grupo de suboficiales superior a los 20 efectivos de ambas unidades militares. Este grupo quedó operando en la zona por espacio de una semana aproximadamente, entrando y saliendo de la unidad militar de Victoria con todas las facilidades.

C.- Que Eliseo Segundo Jara Ríos, jefe de área del Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP de Victoria y militante del Partido Socialista, fue detenido y trasladado a la cárcel de esa ciudad el 16 de septiembre de 1973, por orden emanada de la Fiscalía Militar de Victoria, que estaba a cargo del capitán de Ejército René Castro Lobos (fallecido), del Batallón de Transportes Nº 4 de esa comuna.

Durante los días siguientes, Jara Ríos fue sometido a interrogatorios en la Fiscalía Militar, fue dejado en libertad y vuelto a detener a lo menos tres veces, siendo la última aprehensión el 16 de octubre de 1973. Durante todo este proceso, hubo otros detenidos en la cárcel de Victoria que fueron apartados en el patio Nº 5, todos por motivos políticos, que notaron el estado de salud deteriorado de Jara Ríos. También en ese período recibieron la visita del segundo comandante del Batallón de Victoria, mayor Humberto Julián Torres Torres, quien les dijo que estaban detenidos bajo la tutela de la Gobernación.

D.- Que mientras estuvo privado de libertad en la cárcel de Victoria, Eliseo Jara Ríos fue llevado hasta el domicilio de su cuñada, doña María Eugenia Gandara Pellet y posteriormente este domicilio fue allanado por una patrulla de militares del Batallón de Transportes de Victoria, que iba al mando de un teniente a quien apodaban ‘parrita', cuyo nombre era Alfredo Hernán Parra Uslar. Luego de registrar el domicilio la patrulla se retiró.

E.- Que durante la permanencia de los militares de Santiago en la zona de Victoria, el capitán Sergio Hernán Valenzuela González y los dos tenientes de ejército del regimiento de Ingenieros Ferrocarrileros de Puente Alto, Germán Jorge Barriga Muñoz y Manuel Alfonso Fernández Domínguez, asistieron a una reunión social ocurrida en el Hospital de Victoria. En ese lugar fueron abordados por un civil de nombre Jorge Octavio Temer San Martín, activo militante del movimiento Patria y Libertad, que reconoció al capitán Valenzuela, puesto que ambos habían compartido años atrás en Punta Arenas y Puerto Natales, cuando Valenzuela estaba asignado al Regimiento Pudeto y el civil estaba radicado en Puerto Natales, lugar donde contrajo matrimonio. Después de un rato Jorge Octavio Temer San Martín invitó a los oficiales a su domicilio para seguir la conversación de manera más privada.

F.- Que en el domicilio de Jorge Octavio Temer San Martín, los oficiales Sergio Hernán Valenzuela González, Germán Jorge Barriga Muñoz y Manuel Alfonso Fernández Domínguez, comenzaron una conversación que fue escuchada por el resto de los habitantes del inmueble, cuyas identidades y testimonio se mantienen en Cuaderno Secreto. Dichos testigos indicaron que Temer San Martín mantenía una habitación colindante con el dormitorio principal, que usaba como sala de estar donde recibía a sus visitas. Allí tenía gran cantidad de armas en las paredes y mantenía un pequeño bar. Señalaron los testigos que una noche llegó con unos militares oficiales Boinas Negras y se instaló en la sala de estar con ellos, situación que causó extrañeza a los declarantes porque Jorge Octavio Temer San Martín no mantenía amistad con uniformados.

Agregó uno de los testigos que todos los oficiales usaban boinas negras, las que dejaron en los pisos del bar. El dueño de casa, Temer, les ofreció cervezas y comida. Uno de ellos era de baja estatura y era quien daba la impresión de mandar al resto (capitán Sergio Valenzuela González). Se pusieron a conversar sobre darle muerte a unas personas, no pudiendo escuchar el testigo el nombre de las posibles víctimas, pero si escuchó claramente que planificaron asesinar a una o más personas.

Un testigo indicó que los militares Sergio Hernán Valenzuela González, Germán Jorge Barriga Muñoz y Manuel Alfonso Fernández Domínguez, más Jorge Temer San Martín, se fueron al amanecer de la casa, no regresando sino hasta el anochecer, también acompañado por los mismos militares con los que había estado la noche anterior. Llegaron eufóricos y se reían mucho, recordando uno de los testigos que entre muchos garabatos señalaban que habían dado la libertad falsa a unas personas y que les habían disparado por la espalda. También indicaron en sus conversaciones que el hecho había ocurrido cerca de Victoria en el camino hacia Curacautín. Tras mucho rato de beber y compartir los oficiales se despidieron porque se iban de regreso a un lugar no especificado y debían tomar un helicóptero.

G.- Que la mañana del 27 de octubre de 1973, el capitán Sergio Valenzuela González organizó dos grupos con la mayoría de los militares bajo su mando conformado por instructores y soldados conscriptos, disponiendo de un camión y un jeep para cada uno de estos. Él encabezó el primer grupo, presentándose momentos más tarde en la guardia de la cárcel de Victoria, donde solicitó se le entregara al detenido Eliseo Jara Ríos para efectuar diligencias en el proceso que se llevaba en su contra, quedando estampado en el libro de novedades que por orden verbal del Fiscal Militar de Victoria se le hacía entrega del detenido al oficial requirente. Según un testigo, Jara Ríos iba esposado.

Posteriormente, la comitiva se dirigió hacia el Batallón de Transportes N°4 Victoria, donde Valenzuela le ordenó al teniente del Regimiento de Ingenieros Ferrocarrileros Manuel Alfonso Fernández Domínguez, que se subiera al jeep en el que se movilizaba, que conducía el cabo Luis Alberto Cortés Beltrán. Tanto el camión que transportaba al detenido como el jeep se dirigieron hacia el sector rural de la ciudad.

El segundo grupo de militares quedó al mando del teniente Germán Jorge Barriga Muñoz, del Regimiento de Ingenieros Ferrocarrileros de Puente Alto, integrando este grupo, además de soldados conscriptos y clases, Jorge Octavio Temer San Martín, que la noche anterior había invitado a Valenzuela y sus acompañantes a su domicilio. A éste último le fue proporcionada ropa de camuflaje e indumentaria militar.

H.- Que Pedro Mario Alonso Muñoz Apablaza, joven de 21 años sin militancia política, fue detenido en horas de la mañana el 27 de octubre de 1973 en las afueras de su casa por una patrulla militar al mando del teniente Germán Jorge Barriga Muñoz, del Regimiento de Ingenieros Ferrocarrileros de Puente Alto. Muñoz Apablaza fue subido a un camión militar en presencia de sus padres, señalándoles el oficial a estos que se lo llevarían para efectuarle algunas preguntas.

I.- Que ambas patrullas militares coincidieron con los dos detenidos en las cercanías del Fundo California que era de propiedad del Ejército y estaba ubicado hacia el camino a Curacautín. En ese lugar hicieron bajar de los vehículos a Eliseo Jara Ríos y a Pedro Muñoz Apablaza, tomando el capitán Valenzuela a Jara Ríos y el teniente Barriga a Muñoz Apablaza, llevándoselos hacia lugares distantes el uno del otro donde los ejecutaron disparándoles ráfagas de fusil.

Dichas ejecuciones recibieron la activa colaboración de los soldados clase que componían cada patrulla, a saber: Exequiel Eugenio Trullenque Sepúlveda, Eduardo Urrutia Ronda, Ariel Waldemar Reyes Figueroa, Carlos Enrique Molina Cabrera, Jacinto Mansilla Villarroel, Juan Bautista Santibáñez Hermosilla, Luis Alberto Cortés Beltrán, José Mercedes Videla Gallardo, Jorge Humberto Bravo Campos, así como la del civil, Jorge Temer San Martín, integrado a una de estas, siendo presenciada esta acción por el otro teniente del Regimiento de Ingenieros Ferrocarrileros, Manuel Alfonso Fernández Domínguez y algunos soldados conscriptos.

Posteriormente, el capitán Valenzuela reunió a todo su grupo y ordenó guardar silencio respecto de lo que allí había sucedido.

J.- Que una vez enterado de los hechos el segundo comandante del Batallón de Transportes N°4 de Victoria, mayor Humberto Julián Torres Torres, se constituyó en el sitio del suceso y posteriormente le informó de lo sucedido al comandante y Gobernador Luis René Vega Fonseca, quien dio instrucciones para el levantamiento de los cadáveres y su entrega posterior a las familias. Asimismo, le ordenó al teniente apodado ‘Parrita', a saber Alfredo Hernán Parra Uslar, que concurriera a dar el pésame a los familiares de Eliseo Jara Ríos y Pedro Muñoz Apablaza.

K.- Que los cuerpos fueron llevados hasta la morgue del hospital de Victoria por la misma patrulla que les dio muerte, donde fueron recibidos, en primera instancia, por la auxiliar del tanatólogo, doña Isidora María Angélica Morales Morales. Posteriormente, el oficial de Sanidad del Batallón de Victoria, capitán Darío Alejandro Reyes Núñez, efectuó la autopsia a los cadáveres para después entregar los cuerpos a las familias respectivas en urnas selladas.

L.- Que el suboficial del Batallón de Victoria Sergio Sigifredo Agüero Vásquez, padre de la novia de Muñoz Apablaza, pudo ver los cuerpos de ambas víctimas en la morgue y también conversó con los autores de la muerte de estas y con el segundo comandante mayor Humberto Julián Torres Torres, pidiendo explicaciones sobre lo ocurrido. Igualmente, el padre de Muñoz Apablaza pudo encarar al capitán Sergio Hernán Valenzuela González al mando de la patrulla que detuvo y dio muerte a su hijo.

M.- Que en los días posteriores emanó un Bando desde la Gobernación que fue publicado en la prensa local y regional que señalaba que los detenidos Jara Ríos y Muñoz Apablaza eran peligrosos extremistas que habían sido dados de baja por intentar fugarse mientras eran interrogados por una patrulla de Fuerzas Especiales del Ejército.

N.- Que no existen antecedentes que permitan asegurar que se les practicó la autopsia legal de rigor a los cadáveres, aunque sí existen antecedentes en el proceso que permiten establecer que los cuerpos fueron revisados por el médico de Sanidad del Batallón de Transportes N°4 de Victoria, Darío Alejandro Reyes Núñez, quien a pesar de los dichos de quienes vieron los cuerpos de Muñoz Apablaza y Jara Ríos, que señalaron que estos presentaban múltiples impactos de bala, sólo informó que la causa de muerte de ambas personas se debió a anemia aguda, omitiendo pronunciarse por las acciones previas y concurrentes que provocaron esta situación.

Ñ.- Que no obstante el conocimiento del delito por parte del contingente militar del Batallón de Transportes N°4 del Victoria, en su calidad de funcionarios públicos, han ocultado permanentemente todo antecedente sobre los hechos ocurridos, además de no haber denunciado ni informado a la superioridad militar ni a otra autoridad del ilícito, no constado tampoco que se haya efectuado una investigación o levantado algún registro como consecuencia de la comisión de este ilícito". 

* El Clarin de Chile

Así se torturó en Chile: el libro que recoge los relatos del Informe Valech

El año 2004, la publicación del Informe Valech –documento histórico único en su especie, por la información y los testimonios que reúne− golpeó a la sociedad chilena con la evidencia de que la tortura fue en nuestro país una política pública, aplicada sobre miles de compatriotas mediante prácticas de una crueldad inaudita. La propia extensión del Informe, sin embargo, ha tendido a limitar su universo de lectores. El libro Así se torturó en Chile (1973-1990), publicado por Editorial La Copa Rota, pretende aportar en un formato más abordable a la difusión de sus pasajes imprescindibles, aquellos que conviene proteger no sólo del olvido, sino incluso de las inercias de una memoria oficial. Son los pasajes que, recurriendo a las voces de las víctimas, exponen los métodos de tortura que se aplicaron, el despliegue de esta política por todo el territorio nacional y las secuelas que dejó en quienes la sufrieron. A lo anterior se añade una introducción (preparada por Daniel Hopenhayn, periodista de The Clinic) que contextualiza la historia de esos métodos represivos y su aprendizaje por parte de las Fuerzas Armadas chilenas. Acá adelantamos un fragmento de la misma que aborda las preguntas obligadas a la hora de sacar lecciones: cómo se explica la bestialidad de los torturadores y cómo se puede evitar que la inclemencia del poder –o la indiferencia de una sociedad− hagan posible la repetición de estas historias.

LA RAZÓN DE LA BESTIA

En el prólogo del Informe Valech, el expresidente Ricardo Lagos sentenció: “La conclusión es clara e insoslayable: la prisión política y la tortura fue una práctica institucional de Estado, absolutamente inaceptable, y por completo ajena a la tradición histórica de Chile”. Pero también escribió esto: “¿Cómo explicar tanto horror? ¿Qué pudo provocar conductas humanas como las que allí aparecen? No tengo respuesta para ello”.

Dondequiera que la tortura se haya practicado a gran escala, la reflexión posterior se enfrentó a esa ambivalencia: la racionalidad y la bestialidad que el fenómeno parece desplegar en un mismo movimiento, como si no hubiese contradicción entre ellas. La causa eficiente es siempre lógica y deliberada: obtener información, inducir confesiones, ser un ritual aleccionador, extenuar física y psicológicamente a los enemigos de la autoridad. Pero las conductas aberrantes a que esta política da origen, los desbordes de odio visceral, el goce que una alta proporción de los torturadores descubre en su labor, se resisten a ser explicados por esa racionalidad institucional. El caso chileno ofrece ejemplos de sobra. Aun si la vehemencia de los oficiales de rango se hubiera ajustado al manual de la guerra psicológica, ¿cómo se entiende el regocijo que, desde los primeros días, provocó el ejercicio de la crueldad en conscriptos y en carabineros de localidades apartadas?

Entre las historias de ensañamiento que no respondieron a ninguna lógica, el Informe Valech destaca una en particular que, por no figurar en los capítulos reproducidos más adelante, citamos acá in extenso:

“Puede considerarse el testimonio de una mujer integrante de una modesta familia del sur, sin vinculaciones políticas. El 20 de octubre de 1973, ocho militares y un carabinero irrumpieron en su casa, comenzando en el acto a golpear brutalmente a sus hermanos de 15 y 16 años, en presencia de su madre y de su hijo menor, de 8 años de edad. Justificaban la agresión alegando su participación en un asalto a un retén de Carabineros en Valdivia. Los militares y el carabinero sabían los dos apellidos de los hermanos acusados del asalto; sólo el apellido paterno coincidía con la identidad de las víctimas. Así lo hizo saber la familia e incluso los vecinos, sin ningún resultado por parte de los agresores. Días después, tras peregrinar en su búsqueda por distintos lugares de detención, su madre los halló en la morgue. Ambos habían sido masacrados. A uno de los adolescentes le faltaba parte de la cara, tenía la boca llena de excrementos de caballo y de espinas. De acuerdo con el relato de la denunciante, ella y su hermano mayor fueron detenidos cuando viajaron a Santiago para denunciar los asesinatos ante los militares. A manos de éstos sufrieron torturas y prisión. El hermano perdió el juicio; ella quedó con secuelas físicas invalidantes y debió partir al exilio tras seis meses de cautiverio cumplidos parcialmente en el Estadio Nacional. En relato adjunto, así resume su situación personal y familiar:

…por alcance de apellido los señores militares y Carabineros destruyeron nuestra familia. Desde el 73 jamás hemos sido felices, ya que yo fui detenida, o sea presa, torturada por un período de 6 meses por reclamar la injusticia y crimen que habían cometido los militares de Valdivia, juntos con los Carabineros. Ellos han destruido toda nuestra familia, quedando sin hermanos y sin padres, ya que con los golpes que le dieron a mi padre por defender a mi hermano y decir que nosotros [no correspondíamos a la familia de quienes se buscaba], por decir la verdad, le dieron muchos golpes, que mi pobre papá perdió su mente y estuvo muchos años en la casa de orates, o sea en el manicomio en Valdivia, como al igual a mí me detuvieron con mi hermano mayor […] con él yo fui a Santiago a dar cuenta. Con mi ignorancia, fuimos a contarles lo que habían hecho los militares en Valdivia con nuestra familia; los escucharon, cuando ahí mismo los tomaron a punta de culatazos por la cara y por el cuerpo y patadas les pegaban a los dos, y también me pegaban como si yo hubiese sido hombre, me pegaron sin compasión incluso hasta por los senos, yo tengo todo mi cuerpo con las marcas del 73. Mi cuerpo está todo cortado, mis tobillos fracturados, mis manos fracturadas, mis rodillas todas cortadas y tengo el hombro de mi brazo derecho, la clavícula fracturada, y tengo los párpados rotos, cortados, porque los militares cuando me detuvieron nos pegaron mucho […] Ellos iban a matar a toda mi familia, yo les suplicaba, les pedía de rodillas que no hagan tanto daño, nosotros no teníamos ni idea el por qué nos hacían tanto daño, nunca hemos estado en política, nunca habíamos estado detenidos, nadie de nuestra familia”.

Los militares de América Latina, a diferencia de sus pares franceses y estadounidenses −de quienes aprendieron la doctrina de la guerra antisubversiva−, no torturaron a vietnamitas o argelinos en ultramar, sino a sus propios compatriotas y en su mismo país. Naturalmente, esto implicó otro tipo de relación subjetiva entre víctimas y victimarios. Los torturados padecían, además de la devastación inherente al rigor de los tormentos, el desconcierto de estarlos sufriendo a manos de sus propias instituciones de seguridad, creadas para cuidarlos e integradas por quienes podían ser sus vecinos. Muchas de las víctimas detenidas en 1973, de acuerdo al Informe Valech, resaltaron el impacto que les produjo esta sorpresa y cómo ella potenció sus sensaciones de angustia e indefensión. En el caso del torturador, los testimonios del Informe −y casi todos los que se conocen− dejan a la vista que la pertenencia a una misma sociedad introdujo muchas veces una saña adicional, cuyas posibles procedencias han sido objeto de múltiples conjeturas. Factores que suelen proponerse son el resentimiento contra los civiles que las filas castrenses habían acumulado en las décadas previas, el rencor de clase frente a la burguesía de izquierda o el machismo observable en la furiosa represión que sufrieron las mujeres.

Como sea, la abundante literatura que en el último medio siglo ha intentado descifrar la psicología del torturador sugiere que ciertas conductas, en apariencia desviadas, son intrínsecas a la práctica de torturar.

Un caso paradigmático es el de los paracaidistas franceses que reprimieron al Frente de Liberación Nacional argelino en la Batalla de Argel (1957), donde se aplicaron por primera vez los métodos de contrainsurgencia que las escuelas militares de Estados Unidos enseñarían luego a miles de oficiales latinoamericanos. Se trataba, en su mayoría, de jóvenes sin ideas políticas que llegaban a Argelia desde su campiña natal; sin embargo, comenzaron a disfrutar de la sevicia al poco tiempo.

El periodista franco-argelino Henri Alleg, que se plegó a los independentistas rebeldes y cayó prisionero, relató sus experiencias en el libro The Question (1958), de profundo impacto en la sociedad francesa. Allí contaba que las sesiones de tortura solían tener “espectadores”, y que alguna vez los soldados se sentaron a verlo sufrir mientras comían y tomaban cerveza, reaccionando con vivo interés cuando se anunció que se iba a “rostizar” a alguien por primera vez. Las repugnantes fotografías que se filtraron en 2004 desde la cárcel de Abu Ghraib (Irak), con agentes de la CIA posando entre risas junto a sus víctimas torturadas, no son muy distintas a las que registraron por montones las tropas nazis en Polonia y Rusia. Ya en el año 1624, el pastor alemán Johannes Grevius llegaba a la siguiente conclusión tras observar las cacerías de brujas: “El torturador se va aficionando al sufrimiento, pero la crueldad, como todos los vicios violentos, tiene el efecto de que pronto sacia; así nace en el torturador, más pronto o más tarde, la curiosidad por el tormento nuevo, inédito”.

Aún si la vehemencia de los oficiales de rango se hubiera ajustado al manual de la guerra psicológica, ¿Cómo se entiende el regocijo que, desde los primeros días, provocó el ejercicio de la crueldad en conscriptos y en carabineros de localidades apartadas?

Reducir a otro ser humano a un estado de impotencia absoluta, al parecer, reporta ilusiones de soberanía que a cualquier buen ciudadano podrían hacerle efecto. Y despertar en él, de un día para otro, “ese ingenio malévolo que poseemos los humanos cuando nos ensañamos con una víctima o simplemente hacemos ostentación de nuestro poder”, en palabras del Informe Valech. Sentimiento que ni siquiera procura el asesinato, pues requiere de un otro consciente sobre el cual triunfar (de ahí que en cuarteles de la DINA se haya visto a torturadores encolerizados ante la muerte anticipada de un prisionero). El realizador francés Patrick Rotman, en su libro El enemigo íntimo (2002) y en el documental homónimo, entrevista a un gran número de soldados que torturaron en Argelia. Uno de ellos recuerda que sus compañeros, tras interrogar sin éxito a un presunto terrorista argelino, llevaron allí a su hijo de doce años y lo obligaron a torturar a su padre con descargas eléctricas. “Lo que entonces sentí es una especie de fascinación… Era posible experimentar cierta forma de júbilo al asistir a escenas tan violentas”.

Las reflexiones en torno a este problema han tendido a coincidir en un primer diagnóstico: la perversión reflejada en esas conductas, aun si viniera inscrita en nuestra psiquis, sólo se activa en los individuos cuando se ven inmersos en instituciones que los habilitan para desaprender los códigos de la civilización. La tesis suele ser que ese paraguas institucional libera a la bestia primitiva, rajando el tenue velo que protege a las convenciones sociales de nuestros impulsos atávicos. En la novela La vida doble (2010), de Arturo Fontaine, la protagonista, una exagente de la DINA que ha sido testigo de escenas pavorosas, lo plantea de este modo: “¿Cómo mierda encuentran animales como éstos? ¿Cómo los juntan? Respuesta que te daría hoy: No es que los salgan a buscar. Establecido el lugar de la impunidad delimitada −porque hay límites, hay sistema, la huevá no es un puro caos− se desata en el buen padre, en la hija de familia ese monstruo que llevamos dentro, esa fiera que se ceba con la carne humana. Pero para que eso ocurra tiene que haber una orden que tú acatas y te vuelve inocente”.

Ahora bien, hay quienes sostienen que ese modelo explicativo requiere de un matiz: la guerra no libera a la bestia, sino que la crea. El filósofo búlgaro-francés Tzvetan Todorov, intentando dilucidar al sadismo de los franceses en Argelia, argumenta que gozar del suplicio ajeno no es una cualidad de las bestias; por el contrario, “parece entregarnos una profunda definición de lo específicamente humano. ¿A qué animal se le ocurriría torturar una prole en presencia del padre para gozar con la impotencia de éste?”. Semejante bestia, más que un vestigio ancestral, sería entonces un producto social. Todorov apoya su hipótesis en el testimonio de un excombatiente que, de regreso en Francia, no lograba readaptarse a su antigua vida: “Allá, yo tenía derecho a matar: aquí, no podía ni robar un scooter. Conocí así la cárcel. Si no hubiera existido Argelia, no habría robado” (citas extraídas de Tzvetan Todorov, “La tortura durante la guerra de Argelia”, Letras libres, Nº 43, 2002).

Sea que la lógica de la guerra engendra a la bestia humana o que sólo la despierta de su sueño civilizado, Todorov rastrea las dinámicas colectivas que propiciaron su aparición en Argelia, y los fenómenos que identifica no son en nada extraños a lo que luego sucedería en Chile. Así, por ejemplo, tras examinar los testimonios recogidos por Rotman, advierte que el temor de los torturadores a ser castigados por sus superiores jugó un papel importante, pero no tanto como la “presión lateral”, esto es, la que sus propios pares ejercían sobre ellos: “Si todos lo hacen, ¿por qué no yo? Y si me niego a hacerlo, ¿no me expongo acaso a sufrir sus burlas, a pasar por poco viril, por poco severo?”, resume Todorov.

En cuanto a las víctimas, atribuirles una condición animal, apenas humana, era casi siempre el mecanismo psicológico que les permitía a los soldados tratarlas salvajemente. El general Jacques de Bollardière, veterano de Argelia que luego abrazó el pacifismo, rememoraba en los años 80: “No se solía llamar hombres a los argelinos, se les llamaba ratones. O chivos. Y en tales circunstancias se le hace a uno fácil torturar a un ratón”. Además de bestial, ese enemigo era figurado como un mentiroso por esencia, tramposo, ladino, y lo peor, persuadido en su inopia de una causa siniestra, la misma que llevaría a puerto de no estar siendo neutralizado en su propia ley. Un excomando francés le señala a Rotman otro método de autoindulgencia moral, igualmente perturbador: para defenderse de los sentimientos de humanidad que pudieran asaltarlo, él hacía pasar el mundo que lo rodeaba al dominio de la ficción, o del espectáculo, como atravesando la frontera entre lo real y lo ficticio en sentido inverso. “No tenía la impresión de hallarme allí presente. […] Tenía un poco la impresión de ser el espectador de una película. […] Todo era más o menos irreal. […] Uno transforma la realidad en algo que puede aceptar”.

LAS RAZONES DEL PODER

En 1958, cuando Henri Alleg publicó en Francia el libro testimonial que había escrito en la cárcel −y que fue prohibido a las dos semanas de su aparición, pero ya había vendido 60 mil copias−, el estupor de la sociedad francesa, o por lo menos de sus intelectuales, dio origen a penosas constataciones. Quedaba claro que la cultura, la educación, las lecciones del pasado, no son para la barbarie ningún obstáculo insalvable. Para mayor decepción, la Batalla de Argel había sido amparada por un gobierno de izquierda (cuyo ministro de Justicia era François Mitterrand). Pero el dato más difícil de digerir era otro: la mayoría de los oficiales que dirigieron las operaciones en Argel eran unánimemente admirados por el valor que mostraron durante la Segunda Guerra, enfrentando a los nazis desde las filas de la Resistencia o de los Franceses Libres convocados por De Gaulle. Algunos, de hecho, habían sido torturados por los alemanes. Paul Teitgen, secretario de la Policía de Argel en 1957, dimitió tras reconocer en los cuerpos de los prisioneros las huellas de las torturas que él había sufrido en los sótanos de la Gestapo. Pero muy pocos siguieron su ejemplo.

Si conocer la tortura desde el lugar de la víctima no basta para negarse a practicarla, las indagaciones filosóficas parecen estar de más: donde haya una política de tortura, habrá torturadores. Y donde el poder ha encontrado razones para esgrimir que la seguridad pública se halla gravemente amenazada, la tortura a menudo ha encontrado las suyas para justificarse como política. El clásico ejemplo teórico, aunque muy distante de lo que ocurre en la realidad, es el de un servicio de inteligencia que acaba de arrestar a un terrorista que conoce la ubicación de una bomba capaz de matar a decenas de civiles, y que detonará dentro de pocas horas. El coronel francés Roger Trinquier, principal ideólogo de la guerra antisubversiva, recurría a ese ejemplo en una entrevista concedida en 1972 y remataba: “Por lo que a mí concierne, estoy decidido a interrogarlo hasta que responda a mis preguntas”.

Se diría que el argumento de Trinquier ha logrado prevalecer al humanismo moderno, pero la historia es mucho más vieja. Opositores a la tortura hubo ya en la Antigua Roma. Y Augusto, el primer emperador, artífice de la pax romana, zanjó la cuestión en estos términos: “No creo que deba aplicarse la tortura en todos los casos y a toda persona; pero cuando crímenes capitales y atroces no pueden ser descubiertos y probados excepto mediante la tortura de esclavos, sostengo que es muy eficaz para descubrir la verdad y debe ser empleada”. Dos mil años después, George W. Bush recordó en su libro de memorias el difícil momento en que le fue requerido el visto bueno para que la CIA aplicara en sus interrogatorios el submarino (asfixia en agua u otros líquidos), tras los atentados de 2001. “La elección entre la seguridad y los valores era real”, se defiende Bush. “Si no hubiera autorizado el submarino para los principales líderes de Al Qaeda, habría tenido que aceptar un mayor riesgo de que el país fuera atacado. […] Pensé en mi reunión con la viuda de Danny Pearl, que estaba embarazada de su hijo cuando fue asesinado. Pensé en las 2.971 personas que Al Qaeda les robó a sus familias el 11 de septiembre. Y pensé en mi deber de proteger a mi país de otro acto de terror”.

Como se ve, la justificación ha debido renovar su retórica, mientras su lógica permanece intacta. Con legítimo optimismo, podemos hacer notar que las potencias occidentales, desde el término de la Guerra Fría, se han permitido recurrir a esa lógica en escalas muy por debajo de su promedio histórico. No obstante, es igualmente cierto que la democracia más longeva y poderosa del mundo autorizó, en pleno siglo XXI, “técnicas de interrogatorio mejoradas” (así les llamó la CIA) que en algunos casos bien podríamos llamar “técnicas de la Inquisición mejoradas”. Partiendo por el submarino, que en el siglo XIV se llamaba “tormento del agua” y que hoy mata menos, pero rinde más.

En abril de 2009, Barack Obama prohibió a la CIA el submarino y lo declaró un método de tortura, aunque se opuso a que los responsables de haberlo autorizado y aplicado fueran sometidos a juicio. Entre los críticos de la decisión de Obama estuvieron Mike Pompeo, actual Secretario de Estado norteamericano (designado por Donald Trump en abril de 2018), y Dick Cheney, vicepresidente de Bush entre 2001 y 2009.

Cheney ha sostenido hasta el cansancio que ni el submarino ni las demás técnicas de interrogatorio que utilizó la CIA se pueden entender como torturas. “Si fuera por mí, lo haría de nuevo”, ratificó en mayo de 2018. Donald Trump defendió el uso del submarino mientras era candidato, y consultado al respecto en su primera entrevista como presidente aseguró que iba a respetar las leyes internacionales, pero que “tenemos que combatir el fuego con fuego”. Agregó: “He estado hablando con la gente en los niveles más altos de inteligencia y les he planteado la pregunta: ¿funciona de verdad la tortura? Y la respuesta fue: sí, absolutamente”.

No hace falta aclarar que aquí la derecha estadounidense es la trinchera de ocasión de un discurso al cual, en voz alta o bajo cuerdas, con inclemencia o remordimiento, se han rendido líderes de todo el espectro ideológico. Y que la historia de la tortura en Occidente tiene símiles tanto o más tenebrosos en casi todas las regiones del planeta. Lo que expresa la historia reciente de la Casa Blanca es la permanente fuerza de atracción que existe entre la racionalidad del poder y la supuesta necesidad de echar mano a la tortura; con qué facilidad, para quienes tienen en sus manos los destinos de la comunidad, lo inaceptable se vuelve interpretable. De esto se seguiría que el único antídoto contra esa tentación es la vigilancia activa de una sociedad que ha sido educada para rechazarla a todo evento. ¿Pero educada cómo?

A fines de 2012, una película encendió el debate sobre la tortura en Estados Unidos. La noche más oscura (Zero Dark Thirty en inglés), nominada al Oscar, escenificó las torturas de la CIA a militantes de Al Qaeda en procura de información que permitiera cazar a Bin Laden. En primera instancia, la obra fue elogiada por exponer ante millones la crueldad de los apremios, evidencia definitiva de su naturaleza inadmisible. Pero pronto surgieron voces disidentes. Michael Morell, a la sazón director de la CIA, acusó a los realizadores de dar a entender que las torturas habían sido vitales para encontrar a Bin Laden, lo que ni siquiera era cierto. El senador republicano John McCain, torturado en Vietnam, aborreció que la tortura fuera dotada de una racionalidad que respondía a una causa justa. Lo secundó Slavoj Žižek, publicando en The Guardian un artículo que deploraba la “neutralidad obscena” del tratamiento dado a las torturas, punto de vista, según el filósofo, moralmente inviable. Puede que McCain y Žižek tengan razón; otra cosa es que esa sea una buena noticia, pues cabría admitir entonces que una sociedad es incapaz de rechazar la tortura, aun con toda su brutalidad a la vista, si es que puede reconocer detrás de ella un objetivo deseable.

La cuestión nos incumbe pues, como sabemos, los torturadores chilenos contaron con importantes aliados en la sociedad civil, mucho más allá de la esfera política. La actuación de los tribunales de justicia dejó mucho que desear durante toda la dictadura. Los recursos de amparo interpuestos en favor de los detenidos, así como las querellas por tortura (sólo la Vicaría de la Solidaridad presentó querellas por más de 1.300 casos de tortura entre junio de 1978 y diciembre de 1989), fueron desestimados una y otra vez, casi siempre sin mediar las diligencias de rigor. El colaboracionismo de un sector relevante de la prensa también es historia conocida. Y lo más sórdido: la gran cantidad de personal médico que apoyó las torturas, a veces acudiendo a las mismas sesiones y otras veces revisando a la víctima después de ser torturada, para extender certificados que acreditaran su perfecto estado de salud al momento de ser puestos en libertad.

Asimismo, en zonas rurales fue habitual que los uniformados se hicieran acompañar por civiles en sus faenas represivas, quienes los ayudaban a seleccionar a las víctimas e incluso tomaban parte en las torturas. Según pudo establecer el Informe Rettig, esto sucedió especialmente en las regiones Octava y Décima, además del sector de Paine en la Metropolitana y de Salamanca en la Cuarta. A todo lo anterior, desde luego, hay que sumar a los miles de chilenos que acogieron el llamado del régimen a delatar a sus conocidos. En el artículo citado más arriba, Tzvetan Todorov subraya un fenómeno que, para él, explica en buena medida que las sociedades destruyan los diques que ellas mismas han construido para contener la violencia. Y es que en todo colectivo humano existen minorías convencidas, resueltas, y una mayoría pasiva e indecisa que se deja guiar. “Y aquella minoría es la que se impone a esta mayoría. Quienes desprecian u odian apasionadamente a los árabes, quienes gozan abiertamente al ver sufrir al prójimo, son pocos, pero marcan la tónica a los demás. Los otros se dejan tentar, divididos entre una indignación más bien tibia y una secreta satisfacción”.

Entre los indignados y los satisfechos, sin embargo, existe un tercer grupo: los indiferentes. Esa insondable marea humana en cuyas espaldas descansa la impunidad de la bestia. Para llenar ese espacio con voluntades despiertas es que las sociedades contemporáneas concibieron un nuevo género narrativo, y a la vez patrimonial: la memoria histórica, construida con los testimonios y evidencias de aquello que no puede volver a repetirse. El Informe Valech, así como este intento de aportar a su difusión, sin duda se inscriben en ese campo. Pero ya Primo Levi, acaso el fundador del género con su libro Si esto es un hombre, planteaba el conflicto que lo antecede: ¿cómo elegir entre la necesidad de conservar la memoria viva y la otra, también atendible, de dejar atrás la tragedia?

Levi encara la pregunta −que responde con la decisión de escribir su libro− desde el lugar de quienes, como él, sobrevivieron al Holocausto. Pero se la ha reformulado, y de manera intensa en los últimos años, para el caso de una sociedad. ¿Constituye algún tipo de deber histórico, o de responsabilidad cívica, conocer hechos como los descritos en el Informe Valech? ¿O es que, una vez asumido lo que ocurrió, a las nuevas generaciones les asiste el derecho −y hasta quizás, la conveniencia− de liberarse del trauma en lugar de heredarlo? Existen posturas muy encontradas en torno a este dilema, pero de algo podemos confiarnos: no hay manera de que una persona mantenga idéntica su sensibilidad frente a la tortura después de haber tomado contacto con estos relatos, donde la especulación sobre sus causas les cede la palabra a quienes vivieron sus consecuencias.

En esto último radica gran parte del carácter excepcional del Informe Valech como documento histórico, y de la razón de ser de este libro. No es un misterio que miles de esas personas, al momento de declarar ante la Comisión, tuvieron serias dificultades para poner en palabras sus recuerdos. Algunas, incluso, lo hacían por primera vez. Mientras los historiadores se esmeran en dilucidar cuánto ayuda la socialización de ese pasado a evitar su reiteración, o cuánto puede durar el efecto inhibidor que sigue a un período traumático, la historia se obstina en responder que tarde o temprano volveremos a ser testigos de hechos similares, y que sólo sabremos advertir que ese momento ha llegado cuando ya sea tarde para evitarlo. Acá nos atenemos a la vieja premisa: si una sociedad sabe que torturó, al menos va a pensarlo dos veces antes de volver a hacerlo. Pero si sabe cómo torturó, es probable que abomine la sola idea de pensarlo, y a eso habría que apostar.

ASÍ SE TORTURÓ EN CHILE (1973-1990)

Relatos del Informe Valech
Edición e introducción: Daniel Hopenhayn
Ediciones Copa Rota, 2019, 189 páginas.

Disponible en librerías Antártica y Feria Chilena del Libro.