La inauguración de la muestra gráfica, que está dedicada a Chistian Montecino y Rodrigo Rojas de Negri, jóvenes fotógrafos asesinados durante la dictadura, coincidió con la reapertura del caso que involucra a este último y por el que hay siete ex militares procesados.

Niños y jóvenes con heridas de bala, calles vacías por el toque de queda y pobreza aparecen retratados en "Chile desde adentro", una muestra de más de 70 fotografías tomadas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y recogidas inicialmente en un libro publicado en EE.UU.

"La exhibición retrata la violencia explícita y también cómo la dictadura irrumpe en las vidas cotidianas de los chilenos en todos los rincones del país", dijo este viernes a Efe el curador de la muestra gráfica, Jorge Gronemeyer.

A través de esta exposición se busca además conmemorar los 25 años del lanzamiento del libro "Chile from Within", que contenía estas imágenes y que se publicó en Estados Unidos en 1990.

Las fotografías de la muestra pertenecen a los chilenos Paz Errázuriz, Alejandro y Álvaro Hoppe, Helen Hughes, Jorge Ianiszewski, Héctor López, Kena Lorenzini, Juan Domingo Marinello, Christian Montecino, Marcelo Montecino, Óscar Navarro, Claudio Pérez, Paulo Slachevsky, Luis Weinstein y Óscar Wittke.

"Lo que hay en la exhibición es un grano de arena para construir la memoria reciente, porque con todo esto uno puede hacerse una idea real y muy concreta de todas las atrocidades que hubo en dictadura", aseguró Gronemeyer.

Para el curador, "debemos construir buenos cimientos para este país y dentro de eso viene el reconocimiento de los hechos en dictadura, por ejemplo, las Fuerzas Armadas nunca han hecho ningún acto reparatorio en ningún sentido, seguimos viviendo con un montón de fantasmas".

La inauguración de la muestra gráfica, que está dedicada a Chistian Montecino y Rodrigo Rojas de Negri, jóvenes fotógrafos asesinados durante la dictadura, coincidió con la reapertura del caso que involucra a este último y por el que hay siete ex militares procesados.

El 2 de julio de 1986 Rojas, de 19 años, y Carmen Gloria Quintana, de 18, fueron rociados con bencina, quemados y luego llevados por los militares hasta un camino rural a las afueras de Santiago y arrojados a una zanja, de la que pese a sus heridas lograron salir.

Rojas murió 96 horas después y Quintana, pese a tener el 62 % del cuerpo quemado, logró sobrevivir y recuperarse.

"Es una coincidencia bastante fuerte y más porque este proceso tomó cerca de 30 años desde la muerte de Rodrigo, entonces fue muy impactante, y gracias a la exposición yo creo que el publico está más consciente de lo que pasó", detalló a Efe la gestora y editora del libro original, la fotógrafa estadounidense Susan Meiselas.

"Yo creo que la justicia no es solo de un juez, sino del público que tiene que insistir en buscarla, y yo espero que muchos de los jóvenes que han venido a la muestra y que ahora se enfrentan a la realidad a través de la fotografía generen más conciencia e insistan por la justicia de no sólo Rodrigo, sino que de todos quienes murieron en dictadura", afirmó Meiselas.

Junto a la muestra fotográfica, que se exhibirá hasta el 13 de septiembre en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), en el centro de Santiago, se lanzó la primera edición en español del libro publicado en 1990 por Maiselas, titulado igualmente "Chile desde adentro".

"La novedad de este libro es que además de los textos de Ariel Dorfman y de Marco Antonio de la Parra, que aparecen en la versión de 1990, la reedición incluye uno titulado 'Las grandes alamedas de la memoria' del historiador chileno, Gabriel Salazar", señaló el curador de la exhibición.

La estructura de la exposición en el GAM está dividida en dos partes, en el primer piso está toda la historia del uso político de la imagen, hay vitrinas con libros, revistas y afiches que ilustran en conjunto el protagonismo de las fotografías en esa época.

Al continuar por los pasillos de este registro histórico hay un muro negro que contiene las imágenes más antiguas, de 1973, "es como la marcha fúnebre hacia la dictadura. Luego están las fotografías que aparecen en el libro y el recorrido termina con retratos del plebiscito de 1988, con la incertidumbre de un final abierto", puntualizó el curador.

Fuente: El Mostrador

La parlamentaria formó parte del grupo de parlamentarios del PC, de la izquierda Ciudadana y del PS que presentaron este lunes ante la Corte Suprema un recurso de “Amicus curiae” para impedir que el ex agente de la Dicomcar Alejandro Sáez, quien cumple la condena de presidio perpetuo por el asesinato de los dirigentes comunistas Santiago Nattino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero, reciba el beneficio carcelario.

Tras el otorgamiento del beneficio carcelario al autor del secuestro y homicidio de los militantes comunistas José Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero, un grupo de parlamentarios ingresó a la Corte Suprema el recurso “Amicus curiae”, para evitar la libertad condicional del ex agente de la Dicomcar, Alejandro Sáez Mardones.

Hasta la Corte Suprema de Justicia llegaron los diputados Daniel Núñez (PC), Hugo Gutiérrez (PC), Leonardo Soto (PS), las diputadas Karol Cariola (PC) y Camila Vallejo (PC), junto a la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, para oficializar ante los tribunales de justicia el ingreso del mencionado recurso.

La acción judicial permite a una persona u organización, no siendo parte del juicio, poder intervenir al tener un interés en la resolución del litigio, ofreciendo así una opinión para la substanciación del proceso.

Para los parlamentarios, el recurso busca impedir que los crímenes de lesa humanidad cometidos por Alejandro Sáez, condenado a cadena perpetua por el denominado “Caso Degollados”, tengan algún tipo de beneficio carcelario.

El jefe de la bancada del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana, diputado Daniel Núñez, señaló al respecto que la acción fue presentada ante la Corte Suprema “invocando las leyes internacionales que establecen lo que son las normas de los delitos de lesa humanidad, dado que este crimen horrendo bajo la dictadura, el degollamiento de los tres profesionales comunistas”.

“No corresponde que se haya entregado en la primera instancia esta libertad condicional o la posibilidad de libertad condicional a Alejandro Sáez Mardones, quien es uno de los condenados a cadena perpetua. Este es un hecho gravísimo, es un primer paso para que en Chile vuelva la práctica de la impunidad, porque violadores de derechos humanos, personas que han cometido los crímenes más atroces en cualquier país del mundo simplemente deben pagar la cárcel completa”, concluyó el diputado Núñez.

Por su parte, la subjefa de la bancada PC-IC, diputada Karol Cariola, manifestó que “nos parece impresentable que la justicia chilena esté relativizando las condenas que se han hecho de manera clara y definida a aquellos responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes tan terribles como los que vivieron nuestros compañeros que fueron víctimas: Nattino, Guerrero y Parada”.

En ese sentido, la diputada Cariola solidarizó con las familias y la apelación que han hecho para dejar sin efecto la libertad condicional. “Un delincuente como este no puede estar suelto en la calle, no puede caminar libremente, no puede tener este tipo de privilegios porque los crímenes de lesa humanidad deben ser condenados con toda la fuerza de la ley y más todavía cuando esto está suscrito al derecho internacional, así lo hemos planteado. En ese contexto es que respaldamos nuestra apelación”, recalcó.

Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, agregó estas acciones “son muy importantes para la causa de Derechos Humanos. Hace años se encuentra en el Parlamento un proyecto de ley, particularmente en el Senado, que impediría aberraciones como esta. La falta de voluntad política de todos los poderes del Estado permite que hoy, violadores de DDHH puedan gozar de beneficios carcelarios”.

Para Lorena Pizarro, la libertad condicional otorgada a Sáez Mardones, es una “nueva ofensiva de impunidad, es el inicio de la posibilidad efectiva de que los genocidas empiecen a quedar en libertad, en cárcel especial. Hoy día nosotras estamos convencidas como organización que la tarea es clara y el Gobierno, el Parlamento y este poder judicial, tendrán que ver si están a tono de la justicia y la democracia o van a seguir en complicidad con esta impunidad que finalmente los hace también cómplices de los crímenes”.

Finalmente, el abogado de Derechos Humanos, Boris Paredes, explicó que el recurso “Amicus curiae” permite que los diputados, como representantes de sus respectivos votantes, están afectados también por el incumplimiento que pretende el Estado frente al derecho internacional.

“El Estado tiene la obligación de juzgar y sancionar, y lo hizo pero ahora, mediante un recurso sacado bajo la manga, sin ninguna tramitación de juicio, se les pretende dar una libertad contraviniendo todas las normas de pena efectiva que exige el derecho internacional. No es bueno que Chile nuevamente aparezca incumpliendo, que nuevamente aparezca como una isla frente al derecho internacional, y por eso se está recurriendo y se le está pidiendo a la Corte Suprema que revoque este fallo”, concluyó el abogado.

Fuente: El Mostrador