Con las nuevas revelaciones del 'Caso Quemados' el tema de los derechos humanos irrumpió en la agenda. En ese contexto este sábado fue detenido Daniel Cancino, prófugo hace siete meses y condenado, junto al 'Mamo' Contreras, a 15 años de cárcel por el secuestro calificado del estudiante Carlos Guerrero. La tardanza en dar con su paradero, y el hecho de que sus dos hijos estén vinculados a la PDI, llevó a las asociaciones de DD.HH. a denunciar una “red de protección”. A esto se suma un nuevo antecedente: la relación sentimental entre Daniel Cancino Cornejo, hijo del ex DINA, y Lucía Dammert, jefa de asesores del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy.

–“¿Quién es la que se atreve a defender a estos asesinos?”

–Eso preguntó el “Teniente Pablo” con revólver en mano a las personas que miraban en la esquina de Manuel Montt con Cirujano Videla. Era la mañana del último día de 1974 y en una camioneta tirado boca abajo estaba Carlos Guerrero (20 años), estudiante de Historia de la Universidad de Chile y militante del MIR. Sangraba en la cabeza y en un pie, mientras tres civiles le pegaban culetazos.

Esa fue la última vez que Olga Sánchez vio al amigo de su hijo Manuel Cuadra, también detenido esa tarde. Veinte días después Olga pudo ver a su hijo en “Tres Álamos” y le preguntó por su amigo, Carlos Guerrero. “Me contó que lo había visto en Villa Grimaldi, tenía tres heridas a bala en las piernas, sin curación, incluso lo ayudó en una ocasión para ir al baño porque no podía andar”, cuenta en su testimonio.

El hombre detrás de la chapa de “Teniente Pablo” era Fernando Lauriani, agente de la DINA, y encargado del grupo 'Vampiro', parte de la “Brigada Caupolicán” de la DINA que dependían de Miguel Krassnoff. El “segundo a bordo” del grupo era Daniel Cancino Vargas, quien fue condenado en octubre de 2014, junto a Manuel 'Mamo' Contreras y otros cinco agentes, a 15 años de cárcel efectiva por el secuestro calificado de Carlos Guerrero, detenido desaparecido.

El 5 de enero se esperaba que Cancino se presentara ante el juez Leopoldo Llanos junto a Fernando Lauriani y Rodolfo Wenderoth, para cumplir su condena en Punta Peuco. El mismo recinto donde el 'Mamo' Contreras cumple con su megaprontuario de 526 años sólo en condenas dictadas por la Corte Suprema, entre las que está el secuestro calificado de Carlos Guerrero.

Tras siete meses prófugo, Cancino fue capturado en Quintero el sábado pasado, luego de que la Brigada de Derechos Humanos detectara movimientos en su cuenta bancaria desde cajeros automáticos para cobrar su pensión. Además, deberá cumplir una segunda pena de cinco años por el secuestro calificado de Jaime Robotham y Claudio Thauby.

La información fue dada a conocer por TVN, pero omitió un detalle importante. El hijo del ex agente de la DINA, Daniel Cancino Cornejo, es pareja de Lucía Dammert, jefe de asesores de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, que dirige Mahmud Aleuy.

La académica desde el primer día de Gobierno ha formado parte del equipo de Aleuy, quien le tiene mucho respeto profesional y en general ha hecho oídos sordos de las críticas contra ella. Si es cercana al subsecretario, hoy lo es mucho más de Burgos, afirman en el ministerio, a quien le elabora minutas y asesora. Dammert participó durante la campaña presidencial en el comando de Tegualda, aportando en la elaboración del programa de Gobierno en materia de seguridad ciudadana.

Además, Cancino Cornejo es subprefecto en retiro de la PDI y su hermana, Angélica María Cancino Cornejo, es oficial de la Bricrim de Pudahuel. Con estos antecedentes la detención despertó alertas en el Gobierno.

'Ruido interno' en Palacio

La situación familiar de Dammert no ha pasado inadvertida en La Moneda. El episodio revive en las filas del Gobierno lo sucedido con la fallida nominación de la subsecretaria de las Fuerzas Armadas, Carolina Echeverría, obligada a renunciar antes de asumir el cargo debido al revuelo político que generaron las presiones de organismos de DD.HH por las denuncias por tortura contra su padre, lo que empañó la asunción del mando de la Presidenta Michelle Bachelet por el traspié en la conformación de su gabinete.

En La Moneda explicaron que el ministro del Interior, Jorge Burgos, se “enteró” de la situación del suegro de Dammert hace unas semanas, que el punto lo conversó además con Aleuy, y que ambos coinciden en aplicar en este caso el criterio de que las personas no pueden ser responsables de lo que hacen sus familiares, argumento que ambas autoridades han esgrimido en más de una ocasión, como fue con Echeverría.

Pero el tema no es tan simple para La Moneda, es más, internamente se reconoce que es complejo y que ha generado cierto ruido a nivel interno en el ministerio. Son dos aristas las que ponen el foco de dudas y críticas sobre Dammert: su vínculo familiar con un violador de DD.HH. y la delicada situación en que queda al interior del Gobierno, considerando que dada su condición de experta y asesora de Aleuy y Burgos en materias de seguridad ciudadana, le corresponde precisamente sentarse –agregan desde el Ejecutivo– en los comités ad hoc todas las semanas con Carabineros y la Policía de Investigaciones, donde accede a información sensible.

Al menos no se ve bien, reconocen en La Moneda, si se suma el hecho de que la pareja de Dammert es un ex subprefecto de la PDI y su cuñada es oficial de la Bricrim de Pudahuel.

No es la primera vez que la presencia de Dammert en el Gobierno ha generado ruido. Ya el año pasado, luego que la bomba en el subcentro del metro Escuela Militar puso en el tapete el tema de la seguridad, la experta era apuntada soterradamente desde las propias policías, las que demostraban abiertamente su “desconfianza” con la socióloga por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser peruana, aunque lleva más de una década radicada en Chile y en el gobierno recalcan que ya adquirió la nacionalidad chilena.

En esos días de septiembre se hablaba de falencias en el comité policial que manejaba Dammert, que había poca fluidez en el trabajo. Además, desde el entorno del entonces ministro Rodrigo Peñailillo no miraban con buenos ojos a la asesora del subsecretario Aleuy, con quien ya empezaban a evidenciarse las tensiones.

La académica desde el primer día de Gobierno ha formado parte del equipo de Aleuy, quien le tiene mucho respeto profesional y en general ha hecho oídos sordos de las críticas contra ella. Si es cercana al subsecretario, hoy lo es mucho más de Burgos, afirman en el ministerio, a quien le elabora minutas y asesora. Dammert participó durante la campaña presidencial en el comando de Tegualda, aportando en la elaboración del programa de Gobierno en materia de seguridad ciudadana.

Además del subsecretario y el ministro, hay quienes defienden a Dammert, valoran su calidad profesional y siempre han sacado a colación que las críticas provienen más del machismo y nacionalismo barato que de argumentos políticos de peso.

Su currículo la avala. Es socióloga y doctora en Ciencia Política de la Universidad de Leiden, Holanda. Además, es profesora asociada en la carrera de Relaciones Internacionales de la USACH. Su experticia es el tema de seguridad, violencia urbana, seguridad ciudadana, planificación urbana y participación comunitaria. Fue directora de Seguridad y Ciudadanía en Flacso; trabajó como asesora experta en el Departamento de Seguridad Pública de la OEA y como consultora del Banco Interamericano del Desarrollo y del PNUD.

Pero también hay varios en el ministerio que desconfían de ella, desde siempre, la consideran calculadora, que a la luz del dolor de cabeza en que se transformó la seguridad pública para La Moneda su gestión no ha sido eficiente y su, ahora, conocido vínculo con un ex DINA, solo le echa más pelos a la sopa.

El Mostrador se contactó con Lucía Dammert para pedir su versión de los hechos, pero declinó referirse al asunto, argumentando que es un tema personal.

Red de protección

Organismos de DD.HH. ya han planteado privadamente a La Moneda y al Ministerio del Interior sus dudas y aprensiones por el vínculo activo de la familia de Cancino con la Policía de Investigaciones y la influencia indebida que eso pudo tener en favorecer el estado de prófugo en que estuvo por casi siete meses el ex miembro de la DINA.

Para Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), la captura de Daniel Cancino Vargas tiene que ir acompañada de una investigación. “Es preocupante la posibilidad de que exista una red de protección porque este no es el único prófugo de la justicia y parece que es como una lógica que se establece dentro de ellos, de no acatar las decisiones judiciales. Se demoró más de medio año en encontrar a este sujeto. Esa dificultad tiene que ver con una red de protección que lo amparaba para que no fuera encontrado”, dice.

Además, señala que el vínculo familiar de Cancino Cornejo con dos funcionarios de la PDI es “complicado”, ya que éste pone en cuestión la ética profesional y la institución. “No porque sean hijos uno va a condenarlos a ellos. Pero hay un sujeto de la PDI condenado por violación a los derechos humanos al que se demoró más de medio año en capturarlo”. Y agrega que el punto central pasa por la Brigada de Derechos Humanos de la PDI: “Hay que plantearse su reformulación y restituir a quienes sí demostraron avances efectivos en el tema del terrorismo de Estado”.

Autor: Marcela Jiménez y Bastián Fernández

La doctrina imperante de facto ha llevado impresa la convicción del mando militar de que el año 1973 ganó una guerra, y que las graves violaciones de los derechos humanos fueron obra del exceso de desquiciados que no tocan la imagen impoluta de un Ejército “siempre vencedor y jamás vencido”. Una historia solo de vicios privados y pública virtud.

No resulta comprensible ni aceptable que 42 años después del Golpe Militar de 1973 y a 29 de ocurrido el delito conocido como Caso Quemados, sea la declaración de un conscripto que desea aliviar su consciencia la que vuelva a poner en evidencia la conspiración de impunidad y silencio institucional que ha acompañado al Ejército durante 40 años. De la misma manera que el encubrimiento fue ordenado por el Jefe de Estado de la época, Augusto Pinochet, el encubrimiento fue ejecutado bajo la dirección del Comandante en Jefe subrogante, Santiago Sinclair, con dineros del fisco de Chile, la participación de prominentes abogados civiles y la utilización de los canales administrativos e institucionales del Ejército.

Para una institución que basa su cohesión en valores compartidos e información interna de protección, los hechos callados fueron parte de una verdad oculta hasta ahora pero ampliamente sabida, por lo que ofende la inteligencia del país que ella apele a la excusa de falta de información.

Lo ocurrido con el Caso Quemados es una prolongación y un ejemplo más de una doctrina institucional de negación en materia de Derechos Humanos seguida por el Ejército. Pese a las tibias acciones de sus mandos a través de los años, y las ambiguas declaraciones de “Nunca Más” que siempre tratan de empatar la situación, el Ejército jamás ha reconocido que las violaciones ocurridas hasta 1989 fueron una política institucional. Y aun cuando el año 2006 se cambió la Ordenanza General del Ejército hacia un contenido más acorde con la institucionalidad democrática, la institución jamás ha aceptado que sus mandos hasta 1990 actuaron en el deshonor y contra los propios reglamentos internos vigentes en la época.

Así, ante la ausencia expresa de una rectificación institucional, esta parte de la historia sigue gravando negativamente el expediente institucional del Ejército.

De acuerdo a lo que dispone la Ley N° 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, promulgada el 27 de febrero de 1990, es decir, 10 días antes de la asunción del primer Gobierno democrático después de la dictadura, son facultades de cada Comandante en Jefe: “ b) Formular las doctrinas que permitan la unidad de criterio en el ejercicio del mando” (Artículo 47, letra b). Nadie puede sostener que institucionalmente estas Fuerzas Armadas son las mismas que dieron el golpe militar de 1973. Pero doctrinaria y simbólicamente sí lo son, y sus mandos actuales fungen –quizás a fortiori– como continuadores solidarios de aquellos que permitieron o ejecutaron las graves violaciones de derechos humanos. Esa es la gravedad que hoy aparece en el aludido “Caso Quemados”, subrayada por el hecho de que la rama respectiva se encargó de encubrir y armar una versión mentirosa de los hechos, es decir, de obstrucción a la justicia y con platas de todos los chilenos.

Por tanto, no se requieren ni requerían leyes especiales ni cosa parecida para que los comandantes en Jefe que sucedieron al dictador hubieran emitido una instrucción de doctrina clara para cortar con la “continuidad” de negar tener conocimiento, antecedentes, u otro tipo de eufemismos, y la teoría de que se trataba de hechos aislados e individuales.

A una institución a la que por competencia institucional le corresponde preservar la memoria del Estado, que lleva todo por escrito, incluidos los incidentes, y que hasta tiene un reglamento de quema o eliminación de archivos que activa cada 5 años, no pueden pasarle por alto casos como el de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri, la operación “retiro de televisores”, las inhumaciones clandestinas, las cárceles clandestinas, ni menos puede actuar en contra de la probidad del Estado a través de ejercicios de enlace, acuartelamientos o claras manifestaciones de indisciplina en defensa de intereses individuales de los mandos.

La doctrina imperante de facto ha llevado impresa la convicción del mando militar de que el año 1973 ganó una guerra, y que las graves violaciones de los derechos humanos fueron obra del exceso de desquiciados que no tocan la imagen impoluta de un Ejército “siempre vencedor y jamás vencido”. Una historia solo de vicios privados y pública virtud.

Por otra parte, las reacciones cautelosas del poder civil a las revelaciones del ex conscripto del Caso Quemados dejan nuevamente en evidencia que “el rey va desnudo”. Porque la necesaria rectificación de doctrina institucional en materia de derechos humanos no debe ser solo un tratado teórico y un deber ser, como es la actual Ordenanza General del Ejército, dictada poco antes que Ricardo Lagos dejara el poder el año 2006. Ella requiere ser una manifestación de explícita condena al actuar del antiguo mando institucional que cierre el capítulo de las instituciones del Estado de Chile y el golpe militar de 1973. Decir que ello es difícil para la “familia militar” no es novedad, dada la extrema endogamia en la renovación de la oficialidad, impropia de un moderno servicio del Estado. Pero no hacerlo es peor, pues perdura la idea de que se trata, apenas, de un juego ideológico o patrimonial entre privados y no de asuntos públicos.

El enfoque del problema no acepta matices ni menos contextualizaciones históricas que alivien las responsabilidades de políticos y militares. Con el retorno a la democracia y en medio de las negociaciones y tensiones que la acompañaron, las Fuerzas Armadas se pusieron de facto en el papel de actores e interlocutores de la transición, exigiendo fueros y protección para sus miembros culpables de delitos. Y el poder civil aceptó –mejor dicho abdicó– de sus obligaciones y permitió el mando militar de Augusto Pinochet, así como el diálogo cívico-militar para normalizar su retorno a los cuarteles. Es decir, no usó su legitimidad democrática sino que estableció una “mesa de diálogo” que vive hasta hoy. Así, cada vez que la normalidad democrática se acercó a leyes de reparación, verdad y justicia por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar, las Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército, levantaron un talante amenazador, por cierto cada vez más débil, pero que tuvo el doble efecto de frenar los procesos políticos y judiciales y, al mismo tiempo, inhibir una rectificación doctrinaria institucional, que el Gobierno civil nunca exigió como debía. Nadie puede sostener que institucionalmente estas Fuerzas Armadas son las mismas que dieron el golpe militar de 1973. Pero doctrinaria y simbólicamente si lo son, y sus mandos actuales fungen –quizás a fortiori- como continuadores solidarios de aquellos que permitieron o ejecutaron las graves violaciones de derechos humanos. Esa es la gravedad que hoy aparece en el aludido “Caso Quemados”, subrayada por el hecho de que la rama respectiva se encargó de encubrir y armar una versión mentirosa de los hechos, es decir de obstrucción a la justicia y con platas de todos los chilenos.

Según la Constitución de la República, “los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Pero en Chile, producto de la doctrina de negación institucional seguida por las Fuerzas Armadas, las víctimas se han quedado humilladas sin justicia y sin respuestas, y muchos conscriptos, clases y suboficiales, han quedado rehenes de una mentira de sus instituciones, pagando por culpas que no tienen, pues fueron obligados bajo presión a cometer los hechos que hoy se persiguen.

Si el arte militar de mandar implica hacerlo reflexivamente y con honor, el mando es el responsable permanente de los desbordes y la falta de control. Peor aun si permitió y alentó la existencia y funcionamiento al interior de las Fuerzas Armadas de organizaciones criminales como la DINA y la CNI, que usaron recursos, bienes y símbolos de las instituciones militares para cometer sus fechorías.

La doctrina inmoral que de facto ha orientado al Ejército es la herencia más venenosa legada por Pinochet a su institución, y la peor trampa del poder civil, que la ha interpretado como algo implícitamente válido en el funcionamiento de la democracia.

Nada de lo que está en el Reglamento de Disciplina de las Fuerzas Armadas (Decreto N°1445 de diciembre de 1951), o en la Ley Orgánica Constitucional de las FF.AA. vigente, o en la Ordenanza General del Ejercito del año 2006, sostiene la tesis de que no se puede degradar por honor a los violadores de derechos humanos, que sea un acto de reconocimiento que hay que apreciar el que las Fuerzas Armadas concurran con información a los Tribunales de Justicia, ni que se requiera de nuevas leyes para dar pasos de verdad, obediencia y honor. Las normas ya existen. Solo corresponde que, en un acto de real Rectificación Institucional de Doctrina, los mandos superiores sean explícitos en cortar con el pasado, y que, rindiendo culto a la verdad y al honor como valores militares, alivien no solo el daño a las víctimas sino también la carga emocional de su propia gente, mucha de la cual sigue rehén de un mando inmoral del pasado que impuso una ley de silencio contraria a todos los valores militares e ilegal de acuerdo a la normativa vigente ya en la propia época de acaecidos los hechos.