8.000 millones de pesos encuentra la PDI en cuentas ocultas del general Fuente-Alba ¿Cuál es la profundidad y gravedad del desfalco de fondos públicos realizado por el Ejército y su impacto sobre la Seguridad Nacional? No se puede saber hasta ahora, debido a que todos los antecedentes están remitidos a una Corte Marcial.

En los hechos, el Código de Justicia Militar vigente se ha transformado en una normativa de fuero que tranca las investigaciones criminales de manera genérica. En 2013, un grupo de parlamentarios presentó una moción para terminar con dicho instrumento jurídico y reemplazarlo por un Código Penal Militar, en el que se propone reorganizar los tribunales castrenses sobre la base de jueces letrados profesionales.

Como muchas otras cosas importantes en materia legislativa, el proyecto duerme el sueño de los justos en la Comisión de Defensa de la Cámara. Existen pruebas fehacientes de que en el Ejército existe un enorme desfalco de fondos públicos destinados a inversiones y gastos de la Defensa Nacional.

Algunos en fondos de la llamada Ley Reservada del Cobre, destinados a la adquisición de sistemas de armas y compras mayores de la rama, y en otros perteneciente a la administración normal de intendencia. Es decir, expresados como un acto habitual que va más de un simple descontrol administrativo y que, lamentablemente, perforó todo el sistema de control de gestión y mando institucional. Cuál es la profundidad y gravedad de esos hechos y su impacto sobre la seguridad nacional, no se puede saber hasta ahora.

Sobre todo por la opacidad que genera la existencia de una justicia militar que remite a una Corte Marcial actuaciones que en cualquier legislación tienen el carácter de delitos comunes, mayormente por el solo hecho de ser cometidos por militares. Ello transforma al Código de Justicia Militar vigente en una normativa de fuero que tranca las investigaciones criminales de manera genérica y, en la práctica, impide la acción eficiente de la justicia en materia de delitos comunes cometidos por militares, como son la apropiación indebida, el enriquecimiento ilícito o la malversación de fondos públicos. Así está ocurriendo en estos momentos con las investigaciones que se llevan adelante por malversación de fondos en el Ejército y que incluyen la investigación del patrimonio del ex comandante en Jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba.

En este caso, en que debiera separarse la investigación sobre la eventualidad de delitos comunes de aquellos referidos a la responsabilidad militar del mando y que atingen directamente a aspectos de la Seguridad Nacional por las responsabilidades propias de su jerarquía y profesión, ello no ocurre, debido a la lentitud que muestra la Corte Marcial y que impide la acción práctica y eficiente de los fiscales.

Primera Piedra 752 Análisis Semanal Del 13 de noviembre de 2017 4 En la composición de dicha Corte, fuera de cualquier canon de país democrático de Occidente, participan dos ministros civiles de Cortes de Apelaciones, Hernán Crisosto Greisse, que la preside, y Romy Rutherford Parentti; asimismo, tres oficiales de justicia –militares o carabineros–, en este caso, Juan Hargous Larraín –general de Brigada Aérea–, Juan Gutiérrez Silva –general de Carabineros– y Álex Gluzman Comte – coronel de Ejército–. Los dos relatores de la Corte son también oficiales, uno mayor de Ejército, Gino Alvarado Vargas, y el otro, Juan Avendaño Pérez, capitán de Carabineros.

Sin mayores explicaciones, esta Corte retarda la tramitación de un tema sustancial para la transparencia y probidad del Estado de Chile, que le permite, además, al investigado general (r) Fuente-Alba, el tiempo suficiente para amenazar, a través de la prensa, de querella a la PDI, específicamente a los detectives que arribaron al hallazgo de dos cuentas corrientes no informadas del ex alto oficial castrense, con depósitos ascendentes a casi 8 mil millones de pesos, y sin justificación conocida de acuerdo a sus ingresos como empleado público.

El tema de la jurisdicción penal militar es uno de los aspectos más controvertidos de la justicia chilena, y prácticamente sin parangón en la cultura jurídica occidental, a excepción de la España de Franco. Pero en Chile ella no es el producto de la dictadura sino de un ethos jurídico autoritario y de fuero respecto de los militares que domina el país, lo que no ha sido enfrentado ni modificado sustantivamente por ningún gobierno democrático. El Código de Justicia Militar de Chile entró en vigor en 1927 y sus títulos II, III, IV, VIII, IX y X, del libro tercero, está lleno de tipificaciones que no constituyen delitos militares sino comunes, sancionables de acuerdo con las disposiciones del Código Penal. Todo ello, sin perjuicio de que la posición o mando militar pudiera constituir un agravante de la pena que deba considerarse, tal como puede ocurrir en el caso mencionado de los fondos de la Defensa Nacional.

Todos los delitos comunes cometidos por militares deben ser juzgados por los tribunales ordinarios de justicia. Para ser un delito militar no basta con que lo cometa un uniformado sino que requiere ser infracción de un deber militar cometido por un militar, y que el bien afectado sea un bien castrense. Todo el resto, a la justicia ordinaria. De ahí que lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley 20.477, que dispone que en los casos de coautoría y coparticipación de civiles y militares en la comisión de cualquier delito, ya sea militar o común, serán competentes, respecto de los civiles, los Juzgados de Garantía y los Tribunales Orales en lo Penal, y, respecto de los militares, los Tribunales Militares, es una aberración y debe derogarse, pues ello permite que se tranquen los cohechos, las coimas y todo tipo de satrapías financieras a través de licitaciones y sistemas de compra de vituallas y pertrechos militares, hoy bajo la lupa de la justicia. En enero de 2013, un grupo de parlamentarios, encabezado por el diputado Marcelo Schilling, presentó una moción para terminar con el Código de Justicia Militar y reemplazarlo por un Código Penal Militar, en el que se propone reorganizar los Primera Piedra 752 Análisis Semanal Del 13 de noviembre de 2017 5 tribunales castrenses sobre la base de jueces letrados profesionales, inamovibles, plenamente incorporados al Poder Judicial, sin relación administrativa ni funcional con las Fuerzas Armadas y de Orden y otra serie de importantes materias (Boletín 8803-02 de 2013).

Como muchas otras cosas importantes en materia legislativa, el proyecto duerme el sueño de los justos en la Comisión de Defensa de la Cámara. Mientras tanto, el statu quo de la justicia militar permite que se tranquen investigaciones atingentes no solo a la probidad del Estado sino también a su Seguridad Nacional.

Santiago Escobar

Cada 11 de septiembre , se conmemora un año más del golpe de Estado en Chile.

La rutina de siempre en el Palacio de la Moneda, suceden algunas marchas por Morande 80, las ofrendas florales dejadas en el monumento de Salvador Allende,por diferentes pequeñas organizaciones, la misa ecuménica al interior del Palacio y la invitación a un té o café en el salon,donde algunos corren a sacarse fotos con los honorables y eso fue todo.

Aparecen distintos grupos con brazaletes rojos que llevan la sigla GAP, exicte entre el grupo uno que otro ex Gap o ex combatiente del Gap .

Hay más oportunistas e  impostores , algunos que para el Tanquetazo del 29 de junio del 1973, ya no estaban,o después de este suceso varios se fueron.

Para el golpe,  quedamos  muy pocos, un grupo de escolta directa con el Presidente que salió hacia La Moneda.

Los jóvenes del Cañaveral  bajaron hacia Tomas Moro para quedarse protegiendo a la señora Tencha y la residencia Presidencial.

Dirigidos por Bruno uno de los jefes del GAP, eligió al azar unos 12 compañeros nuevos, que solo llegaron hasta la Intendencia donde fueron tomados prisioneros por carabineros traidores, golpeados, torturados y desaparecidos hasta hoy.

El PS, se atribuye el patrimonio de los Gap por que en ese momento muchos eran militantes , pero no todos , habían jóvenes Allendistas comprometidos con el proceso de la Unidad Popular.

El PS jamas ayudó a los verdaderos  GAP ni tampoco a sus familiares directos, es más los manipuló, los uso según las tendencias, que terminó por dividirlos.

A esto se sumaron los oportunistas e impostores, hoy exicten más de cuatro organizaciones  de supuestos GAP; además de la organización de familiares de desaparecidos en la Intendencia y la Moneda.

Lamentablemente que ademas de marchar, poner flores en la puerta histórica de Morande, nunca se coordinaron, nunca maduraron por diferencias, migajas y cuotas de poder artificial, sin ningún poder de convocatoria real sobre los derechos humanos y memoria viva e histórica.

Orgullosos de sus contactos con La Moneda, para ver con alturas de mira los temas de fondo, la verdad sobre los detenidos desaparecidos del GAP, la situación de sus familias directas, el estado de salud y vivienda de los ex combatientes y sobrevivientes del 11 de septiembre del 1973.

Aprovechando por ultimo sus distintos contactos con representantes del Partido Socialista y Gobiernos de turno por sobradas razones, nada, de nada , que no se diga otra cosa, el archivo de hechos y documentos es bastante grande.

El  tema es que las matemáticas no fallan, para el golpe del 11 y los que combatieron en La Moneda, en el Ministerio de Obras Públicas, en la Residencia Presidencial de Tomas Moro, entre los detenidos,ejecutados y desaparecidos  eramos bastante pocos.

Los que sobrevivimos hasta hoy en vida somos solo un puñado, no más de 15,todos jodidos de salud y de una  sobrevivencia  ingrata en lo económico.

Abandonados cada uno a su suerte.

El Partido Socialista de Chile, a los verdaderos sobrevivientes nos dejó desamparados los Gobiernos de turno guardaron silencio hasta ahora.

Algunos como pago de favores, les dieron pensiones de gracia, incluyendo gente que nunca estuvieron hasta el once y nunca defendieron nada.

Ellos disfrutan desde hace años un pasar sin mayores dificultades económicas y están callanditos, no existe ni un mínimo de solidaridad por los viejos combatientes enfermos graves, aqui es donde el pago de Chile y la traición se imponen.

, indignos por no contar con recursos, sin pensiones, sin atención medica adecuada, sin tratamientos correctos, pero a nadie le importo, de que consecuencia o solidaridad pueden hablar hoy los que siguen usufructuando.

Personalmente  declare por los mas jodidos, saqué comunicados , fui varias veces a la oficina de partes de La Moneda a entregar cartas, pedir una entrevista con la Presidenta Michel Bachelet, solicitar ayuda , haciendo sugerencias hasta hace pocas semanas y nada.

Una derivación a una oficina Social del Ministerio del Interior donde están todos los antecedentes  dirigido por un socialista y guardan silencio total, que no se diga después otra cosa. Que nos escucharon,que nos engañaron con promesas falsas.

También se acudió a un grupo de parlamentarios del PS, PPD, PC, solicitando entrevista, buscando gestiones que nos dieran una mano, incluída la diputada hija de Beatriz Allende , la  Taty la única hija revolucionaria de Allende .

Hay un gran acopio de evidencias y documentos que no podrán desmentir, serán puestos en un libro a la opinión pública Nacional e Internacional, por mucho que intenten borrar la historia , somos parte de la historia, nuestros nietos, las futuras generaciones lo van a saber.

Miguel Farias

Pedro Cespedes

Manuel Cespedes

ex combatientes y sobrevivientes de TOMAS MORO el 11 de septiembre de 1973.