En el aspecto civil, el ministro condenó al fisco a pagar una indemnización total de 335 millones de pesos a los familiares de las víctimas.

El ministro Mario Carroza dictó sentencia en contra de 20 ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), por su responsabilidad en los homicidios calificados de los ex miristas Lucía Orfilia Vergara Valenzuela, Arturo Vilavella Araujo y Sergio Peña Díaz, ilícitos perpetrados el 7 de septiembre de 1983, en calle Fuenteovejuna de la comuna de Las Condes.

En el fallo, el ministro Carroza condenó a Roberto Urbano Schmied Zanzi a la pena de 15 años y un día de presidio, como autor de los homicidios calificados. En tanto, Aquiles Mauricio González Cortés, Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla, Norman Antonio Jeldes Aguilar y Manuel Ventura Laureada Núñez deberán cumplir una pena de 10 años y un día, como autores de los ilícitos.

Además, otros 15 ex miembros de la CNI fueron condenados a 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva, en calidad de cómplices. En tanto, el ex agente Egon Antonio Barra Barra fue absuelto.

En la etapa de investigación de la causa, el ministro Carroza logró establecer que, tras el asesinato del intendente de la Región Metropolitana Carol Urzúa Ibáñez, cometido el 30 de agosto de 1983, el director de la CNI, general Humberto Gordon Rubio, ordenó a la División Antisubversiva Metropolitana, al mando de Roberto Schmied Zanzi, conformar una nueva agrupación: la Brigada Azul, para investigar al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

En dicho contexto, en horas de la mañana del 7 de septiembre de 1983, se ordenó la detención de miembros del MIR que se encontraban en el inmueble de Fuenteovejuna 1330. En la tarde, se envió un número considerable de agentes al mando de Álvaro Corbalán Castilla, comandante de la Brigada Antisubversiva Metropolitana, y de Aquiles González Cortés, jefe de la Brigada Azul, donde murieron los tres ex miristas.

La presidenta de la República, Michelle Bachelet, firmó el proyecto de Ley que busca eliminar el indulto presidencial particular en casos de condenados por violaciones a los Derechos Humanos, y a la vez permite a los reos acceder al arresto domiciliario, en caso que tengan enfermedades terminales.

La iniciativa, que fue ingresada al Legislativo el pasado martes, recibió el rechazo de los internos de Punta Peuco, quienes acusaron que se trata de una medida arbitraria y que busca impedir que el presidente electo, Sebastián Piñera, pueda indultarlos.

De acuerdo a la propuesta del Gobierno, según el texto ingresado al Senado, “se propone suprimir la norma especial del Código Penal, aplicable sólo a quienes han sido condenados a presidio perpetuo calificado, y establecer una regla general que regule todas las situaciones de personas condenadas que padezcan una enfermedad terminal”.

Asimismo, y basándose en principios internacionales, el proyecto de ley exige que, para acceder a cualquier beneficio penitenciario, el condenado deberá manifestar arrepentimiento respecto de los crímenes por los cuales fue condenado.

“Será el tribunal de garantía el que, mediante resolución fundada y previa acreditación del estado de salud terminal, podrá disponer el reemplazo de la pena privativa de libertad por la de arresto domiciliario total, lo que tiene un claro fundamento humanitario”, propuso el texto.

Sin embargo, el punto que desató la molestia de los internos del penal Punta Peuco, fue “la no procedencia del indulto particular, respecto de las personas condenadas por crímenes o simples delitos de lesa humanidad, de genocidio o de guerra”.

Esto, según el abogado de los reos, Raúl Meza, “tiene una intencionalidad manifiestamente política, que es quitarle al presidente Piñera la facultad constitucional de indultar a reos militares condenados por lesa humanidad, por lo que responde a una legislación inspirada en objetivos de venganza y no de justicia”.

Por ello, agregó, solicitarán a los congresistas de Chile Vamos interponer una reserva de constitucionalidad sobre el proyecto, ya que, aseguró, el proyecto vulnera garantías establecidas en la Carta Magna, como la contemplada en el artículo 19 número 2, respecto a la prohibición de establecer diferencias arbitrarias por parte de la autoridad o la ley.

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