El general (r) Raúl Iturriaga Neumann fue detenido en 2007, tras permanecer 52 días prófugo. Fue uno de los primeros “más buscados” en esta materia.

“Teniente Cachete Grande” era como apodaban al ex comandante de Carabineros Ricardo Lawrence Mires. Él era uno de los jefes operativos de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) y estuvo en los cuarteles Londres 38, José Domingo Cañas y Villa Grimaldi. Hoy, este oficial retirado encabeza el listado que elaboró la PDI sobre los condenados que están prófugos por casos de derechos humanos ocurridos durante el régimen militar.

Esta nómina se encuentra en el documento “Diagnóstico Fenómenos Criminales del Área de Delitos Contra los Derechos Humanos”, de la Brigada de DD.HH. de la policía civil, e incluye los nombres de las siete personas más buscadas en esta materia.

De estos, tres se encuentran fuera de Chile y cuentan con búsqueda internacional. En la tabla en que aparecen estas personas también se registran las condenas asociadas. Así, por ejemplo, Lawrence Mires registra tres casos de tormentos a detenidos, ocho secuestros, cinco homicidios, dos homicidios calificados y una causa de apremios ilegítimos.

Entre los otros tres prófugos que están en territorio nacional se encuentra Demóstenes Cárdenas, empleado civil de la Fuerza Aérea de Chile (Fach) que, según el sitio web Memoria Viva, “dependía directamente del director de la Dina, Manuel Contreras”.

El listado también lo componen Juan Rubilar Ottone (ex miembro del Ejército que dirigió la Brigada Antisubversiva de la CNI desde 1984) y Miguel Soto Duarte (ex carabinero y miembro de la CNI, condenado por homicidio calificado).

Los tres ex agentes que están en esta condición y que se encuentran fuera de Chile son Walter Klug Rivera, oficial (r) del Ejército que fue parte del Servicio de Inteligencia Militar (SIM); Armando Fernández Larios, radicado en Estados Unidos y formó parte de la Caravana de la Muerte; y Carlos Minoletti Arriagada, ex oficial del Ejército condenado por homicidio en el episodio Calama de la Caravana de la Muerte.

El subprefecto Eric Martínez, jefe de la Brigada de DD.HH. de la PDI, indicó que “se ha generado un trabajo coordinado con el equipo de búsqueda de personas. Ellos tienen un equipo especial que se dedica a hacer todas las diligencias necesarias para dar con ellos”. Estos policías, según trascendió, han realizado una serie de diligencias en domicilios de familiares o cercanos a estos prófugos, para intentar dar con su paradero.

Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, indicó que “nos parece grave que un criminal como Lawrence, que está involucrado y condenado en varios crímenes de lesa humanidad, haya desaparecido y esfumado en el aire”. Añadió que “lo que hemos planteado es que debiera haber una política igual a la de los delincuentes más buscados.

¿Por qué no ponen su rostro en los lugares públicos, como por ejemplo en los aeropuertos?”.

En tanto, Branislav Marelic, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), manifestó que la situación de estas personas “es algo que se debe remediar en el más breve plazo. Lo que hay que esperar es que las policías y la inteligencia policial, como las medidas de seguimiento y búsqueda, operen. Los condenados y prófugos son personas peligrosas”.

Diversos sucesos de las últimas semanas dan cuenta de las contradicciones que se vive en nuestra sociedad a propósito del tema de los derechos humanos, las distintas visiones, la lucha permanente entre la memoria y el olvido, entre la justicia y la impunidad, el manejo político interesado, la sumisión consciente o inconsciente a las ideologías dominantes; hasta llega a suceder en algunos casos que hay quienes prefieren buscar la paja en el ojo ajena sin ver la viga en el propio.

Claro ejemplo, no el único, fue la arremetida comunicacional de determinados personeros de la política nacional anunciando el “fraude electoral” que ocurriría en los recientes comicios venezolanos, donde se llegó a confundir a golpistas con “luchadores por la libertad” y varios de estos briosos denunciantes olvidaron por arte de magia que en el 2002 algunos de ellos mismos apoyaron abiertamente el golpe de Estado contra el presidente constitucional Hugo Chávez y hasta reconocieron públicamente al efímero gobierno de Carmona Estanga. En esta ocasión presionaron en todos sus centros de poder para obtener declaraciones y decisiones que condenaran al gobierno legal venezolano. Un personaje llegó a la patética acusación contra el Instituto de Derechos Humanos que dirige Lorena Fries de “silencio cómplice” por no condenar expresamente al proceso bolivariano por sus supuestas violaciones a los derechos humanos.

Los hechos que conocemos han dejado en su lugar a estos demócratas.

Pero en cambio sí es silencio cómplice el que los mismos personajes, de diversos colores, no digan una palabra sobre las situaciones de derechos humanos en Chile y, en particular, respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura impuesta en 1973 y, recordémoslo, dictadura que contó con el inicial apoyo de alguno de los locuaces. Tampoco hablan respecto de sucesos actuales.

Hasta hoy, por ejemplo, nada dicen respecto de los gravísimos sucesos registrados al interior de las Fuerzas Armadas. Mientras no hay recursos para enfrentar reformas indispensables que nuestro gobierno se empeña en llevar adelante, miles de millones de dólares han sido apropiados por uniformados de distinta graduación, a lo que se debe agregar los escándalos del tráfico de armas y hasta de drogas de los que hoy se acusa a miembros de las FFAA ; en momentos, además, en que en el ejército han sido promovidos oficiales que en su momento formaron parte de la judicatura militar que impulsó la impunidad en materia de crímenes de lesa humanidad. Son hechos de la mayor gravedad, pero aquellos demócratas no hablan.

Ni hablan de la mantención de la entrega de los recursos del Cobre a las FFAA ni del tema de “los gastos reservados” fuera de todo control. ¿Qué son esos privilegios sino rémoras de un pasado que debemos superar de una vez ?

Tampoco se recuerda alguna protesta suya cuando un grupo de militares mancillaron el monolito a los detenidos desaparecidos en Iquique que se había inaugurado recién en septiembre de este año. El teniente Mauricio Pacheco Urrutia, de dotación de la Segunda Brigada Acorazada Cazadores, y el teniente Pablo Henríquez Fernández, del Centro de Entrenamiento Acorazado, fueron detenidos por Carabineros y de inmediato puestos en libertad.

¿Fueron destituídos o a la justicia militar le parece que no deben ser condenados? ¿Y hasta cuándo seguiremos soportando que Chile sea el único país del mundo que aplica normas del Código de Justicia Militar en tiempos de paz? La Justicia Militar es excepcional y fue concebida en la historia de la humanidad sólo para el juzgamiento de militares en tiempos de guerra mientras que acá se aplica a militares y civiles y en tiempos de paz.

Otro ejemplo : hace muy pocos días se realizó una bella ceremonia en la estación Universidad de Chile del Metro santiaguino a objeto de inaugurar una obra “complementaria” del mural realizado y presentado allí hace ya muchos años por el gran maestro Mario Toral. La “Memoria Visual de una Nación” se enriquecía ahora con la representación del martirio de Rodrigo Rojas De Negri y de Carmen Gloria Quintana, quemados vivos en 1986.

Se contó con la presencia del autor, de autoridades de la empresa, de Verónica De Negri, madre de Rodrigo Rojas, de Carmen Gloria Quintana y numeroso público en su mayoría relacionado con el gran tema de los derechos humanos.

Sin embargo, cuando intervino Carmen Gloria Quintana reveló un hecho que desconocíamos y es que en rigor la representación artística de lo que Toral llamó con razón “de cuando Carmen Gloria y Rodrigo fueron inmolados”, fue realizada por el artista en la misma época del conjunto de la gigantesca obra pero, afirmó Carmen Gloria, esa parte del mural “fue censurada” y sólo ahora después de muchos años pudo ser expuesta.

¿Quién se arrogó la facultad de impedir que chilenas y chilenos tengamos memoria viva respecto de un pasado doloroso? ¿De quién fue el veto? ¿De las autoridades de la época o de los autores del crimen? Y entonces, ¿cómo explican su silencio cómplice aquellos parlanchines jinetes del apocalipsis que miran para el lado? Con todo, felicitaciones al Metro por romper por fin con la censura.

Tampoco se les ha escuchado comentar respecto de ex agentes de la DINA hayan sido recontratados y en este mismo minuto están trabajando en instituciones de la Defensa. ¿Qué harán allí? Ni mucho menos se habla respecto de los extraños casos de “suicidios” en los cuarteles, denunciados en su oportunidad sólo por un Senador de la república. Ni porque estén en libertad los autores del degollamiento de Parada, Guerrero y Nattino, e incluso aquellos que quemaron vivos a Rodrigo y Carmen Gloria. Nada de eso parece importarle a estos aparecidos “defensores de los derechos humanos” .

¿Y se habrán enterado que, como otro subterfugio ante el inefable tribunal constitucional, algunos de los procesados por violaciones de derechos humanos en dictadura habían recurrido para que se declarara inconstitucional la designación por parte de la Corte Suprema de jueces de dedicación especial como medida para agilizar los pocesos por crímenes de lesa humanidad? Afortunadamente, su intento fracasó.

Si se hubiera aceptado ese recurso ilegal hubieran quedado sin efecto los procesos y las condenas de estos últimos años que son precisamente los años en que con mayor celeridad y rigor se ha avanzado en tan importante materia. Esperemos que no se repitan intentos como éste y por ahora subrayemos el silencio cómplice guardado ante esta ofensiva por aquellos que se arrogaron la calidad de defensores de los derechos humanos.

* Eduardo Contreras Mella es abogado de causas de Derechos Humanos.