Existieron suficientes razones para que un tribunal hubiera dictado pena de muerte para los que se encuentran en Punta Peuco, también para otros que murieron de viejos, olvidados y dejaron en su paso por la vida como militares un reguero de vidas asesinadas a quienes ellos consideraron enemigos de la patria, como si la patria fuera de su propiedad.

Siempre será tema de debate el volver a reinstaurar la pena máxima para delitos que por sus características son horrendos, en los cuales no hay ninguna explicación sencilla y necesariamente haya que pedir en la siquiatría algo de entendimiento, como lo acontecido en el parricidio de la ciudad de Puerto Montt.

Lejos queda en la memoria los crímenes de José del Carmen Valenzuela, que era conocido como el Canaca, que los diarios y las radios de aquella época señalaron como el Chacal de Nahueltoro.

Llegó a la cárcel analfabeto, no tenía nada, y lo poco que era de él cabía en un saco que llevaba sus espaldas, sin conocer más allá que el fin de su mirada vivía entre animales en los establos que encontraba cuando lo pillaba la noche, y lo único que recordaba era el nombre de su madre, nadie conoció nunca más de él. En la prisión aprendió a leer y escribir, supo cómo hacer una guitarra y jamás se preguntó por la redondez de una pelota de futbol, sencillamente aprendió a jugar.

Nos quedamos con la imagen de un hombre en estado de semisalvaje que la sociedad recuperó y educó para posteriormente matarlo. De puño y letra escribió una carta al presidente de Chile para que lo indultara, la respuesta fue negativa y finalmente un cura lo acompañó entre rezos y avemarías que en nada lo ayudaron. Probablemente sea por ello que ahora el Chacal de Nahueltoro es una “animita” que cumple los pedidos de gente pobre, y que aseguran firmemente que siempre les cumple convertido ahora en un semidios.

Todos recuerdan los dos últimos fusilados. Dos carabineros que usando uniformes asesinaban a parejas en Viña del Mar para luego robarles. Pagaron con su vida la que ellos quitaron amparados por ese halo de impunidad con el que caminan todos los uniformados. Muchos chilenos han muerto por balas disparadas por los guardadores del orden y la seguridad, haciendo uso del poder de las balas en su gran mayoría todos quedan libres y la impunidad se impone.

Los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas se sucedieron antes de que Chile aboliera la pena de muerte, fueron cometidos bajo dictadura. Los militares si ejecutaron a chilenos con condenas de pena de muerte dictadas por Consejos de Guerra que eran sencillamente una falsa figura jurídica para encubrir el terrorismo de Estado, que practicaban a campo travieso los uniformados. Merecían una muralla los ejecutores de la Caravana de la Muerte. Los fusilados en la ciudad de Valdivia, Liendo, Krausse, Barría y los otros compañeros, los llevaron a un patio del regimiento por orden del general Sinclair que sostiene en su defensa miserable y analfabeta, haber ejecutado a los terroristas cumpliendo el dictado por un Consejo de Guerra que NUNCA existió, fueron ejecuciones sumarias, asesinatos, la más violenta de todas las agresiones en contra del hombre, el derecho a la vida. Los militares convertidos y arrogándose la orden de su Dios. Los militares desataron la violencia y el crimen amparados por la legalidad que otorgó una dictadura

con la anuencia del Poder Judicial que nada hizo para defender al hombre. Todos los recursos fueron sencillamente papel mojado, eran la última esperanza de encontrarlos con vida antes de que los mataran en regimientos y cárceles secretas. Manuel Contreras merecía le quitaran la vida por un pelotón de fusilamiento, también Krasnoff, Corvalán, Estay Reino y ese largo listado de militares y civiles que se apoderaron de todo un país por tantos años. Algunos se suicidaron, otros cayeron como Fuentes Morrison en correctas y justas acciones muy bien ejecutadas, porque así tenía que ser no más, como si se tratara de Fuenteovejuna, todos a una.

Los agredidos de todas las banderas, los hombres y mujeres a los que durante la dictadura les arrebataron a sus familiares, nunca escribieron en sus pancartas exigir la Pena de Muerte, sólo Verdad y Justicia. Sucesivos gobiernos desde 1990 se han resistido a dar cumplimiento a que tantos y tantos se le responda sencillamente con lo que dice la ley. Gobiernos amparando a una largo listado de asesinos que se salvaron con la anuencia de la concertación que aceptó lo que Pinochet colocó como condición para entregar La Moneda, esa presa tan preciada por una clase política ávida de volver, con ese violento dejo de abandono de tantos, que tantos golpes recibieron.

La derecha y parlamentarios de RN agitan las pasiones para volver a la pena máxima. Para que los culpables de crimines abominables puedan pagar con sus vidas. No hay cifras que aseguren que la muerte de un asesino asuste a otros asesinos, la muerte violenta seguirá existiendo siempre y bajo las más variadas formas. La defensa de la vida es una conducta para muchos inalterable, para otros, como los que volverán a gobernar el 11 de marzo política de campo arrasado. Sinclair nunca pensó que dando la orden se fusilar a once chilenos indefensos correría el mismo destino del Chacal de Nahueltoro. Como hubiera gustado que así hubiera sucedido…..

* Pablo Varas

Se nos prometió el cierre y traslado de los genocidas presos en Punta Peuco, lo que aún es una promesa incumplida. El gobierno envía un proyecto de ley para autorizar a jueces a que algunos peligrosos criminales, que aún no responden por el destino final de los detenidos desaparecidos puedan cumplir condenas en sus casas. Claramente es un retroceso.

Que se continúe condenando a torturadores y masacradores en la provincia Cordillera, del cerro Chena (15 asesinos), de Paine, Panguipulli, asesinato de Miguel Enríquez y distintas causas en el país, es un lento avance; pese a que otras causas como Operación Cóndor, están siendo tratadas en el Tribunal Constitucional, de mayoría proclive las impunidades. Es un retroceso.

Son solo alrededor de 1.400 criminales los imputados, procesados y condenados, por terrorismo de Estado, de los cuales más de 350 han sido condenados y solo alrededor de 180 cumplen pena en presidio elegante. Los avances son lentos y la maquinaria constructora de impunidad muy poderosa y no solo cuenta con respaldo de las derechas, también de conversos que se declaran progresistas.

El cambiar el secreto de los 50 años, para ocultar el nombre y detalles de los crímenes impuesta a la Ley Valech, se ha convertido en una promesa que no se ha cumplido. El reabrir las comisiones que acojan las denuncias sobre torturados, detenidos, ajusticiados, detenidos desaparecidos es otra promesa incumplida.

Que 18 abogados, de la Unidad de Derechos Humanos del ministerio de Justicia y DDHH, denuncien a la opinión pública, es más que preocupante, ya que se despidió a los jefes de los abogados que han encarcelado y procesado a delincuentes de lesa humanidad, al igual de otros despidos vulnerando los derechos laborales. Los abogados de DDHH son los nuestros, y no se merecen ese trato de la burocracia interna. Esto no es un avance, es un estancamiento y los criminales y sus abogados deben estar felices.

A los sobrevivientes de prisión política y tortura, no se le aumentara sus pensiones, que son un 60% del salario mínimo. Muy distinto de las pensiones millonarias de los torturadores y criminales. En lo reparativo el gobierno se comprometió a entregar un bono indemnízativo en cuotas en dos o tres años, como indemnización exigido por Naciones Unidas. Esperamos que dicha pequeña reparación se cumpla.

Que se editen y publiquen libros de denuncias, testimonios, investigación sobre la los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura cívico militar. La construcción de monolitos y memoriales de homenaje a las víctimas, el continuar con actos y actividades en homenaje a los nuestros, en un avance en acercarse a la verdad.

Que se vulneren los derechos humanos a los niños pobres a cargo del Sename en sus instituciones privadas y públicas, es un delito que los responsables deben asumir. En Chile, solo se encarcela a la pobreza, ya que no se procesa a los financiados por SQM, empresa controlada por el yerno de Pinochet, para construir leyes mediante el financiamiento de algunos políticos corruptos. Esto claramente es congelar el abuso y desprestigio como país.

Que se encarcele a mapuches, con montajes e implantación de pruebas falsas, de infectar, manipular e interferir comunicaciones realizado por agentes del Estado. El oponerse a allanamientos mediante la fuerza. El que el único preso por terrorismo sea un mapuche pagado como informante y operativo de carabineros. Que el FBI, de Estados Unidos investigue, es un retroceso en derechos humanos.

Para que Chile sea democrático, debe regirse por una constitución democrática y representativa de la voluntad popular. Sin embargo, aún nos oprime una institucionalidad castocrática creada y heredada de la tiranía. Ningún criminal ha sido degradado. La impunidad no es sólo jurídica o penal, sino que también se expresa en términos comunicacionales y culturales.

* Ricardo Klapp Santa Cruz