Operación Alfa Carbón: a días de la sentencia, preocupa posible impunidad de criminales implicados

[resumen.cl] Preocupación existe entre amigos, compañeros y familiares de los 7 miristas asesinados en la Operación Alfa Carbón, conocida, tras su paso por Concepción, como la Matanza de la Vega Monumental. El juez a cargo de la investigación, el Ministro Carlos Aldana, de la Corte de Apelaciones de Concepción, se negó a procesar a gran parte de los implicados en los operativos y existe la presunción fundada de que a los dieciocho ex agentes formalizados se les dicten penas simbólicas, sin cárcel efectiva o con otros beneficios de impunidad. Todo ello, a ya 34 años de los crímenes.

El 23 y 24 de agosto de 1984 la dictadura ejecutó una más de sus aborrecibles matanzas que, como era su costumbre, presentaban ante el país como muertes en enfrentamiento. En aquella oportunidad, la CNI asesinó a 7 miembros del MIR -Luciano Aedo, Mario Lagos, Nelson Herrera, Mario Mujica, Rogelio Tapia, Raul Barrientos y Juan Boncompte- en las ciudades de Concepción, Los Ángeles y Valdivia.

Los crímenes cometidos con alevosía y sobreseguro por parte de efectivos de la CNI, contaron también con la cobertura y el respaldo de la prensa que reprodujo la versión de la dictadura.

Según se ha podido establecer judicialmente, desde comienzos del 84 la CNI había iniciado acciones de vigilancia y seguimiento sobre diversos miembros del MIR en las provincias del sur del país; esas acciones se inscribían en una gran operación de inteligencia llevada a cabo por la División Regionales de la CNI que dirigía el entonces coronel de ejército Marcos Spiro Derpich Miranda. En el curso de esas vigilancias la operación comienza a ser asumida por efectivos de la División Antisubversiva de la CNI, asentada en el Cuartel Borgoño de Santiago, que dirigía el mayor de ejército Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla quien traslada a una importante cantidad de contingente de sus brigadas operativas hacia la zona.

En los hechos, la totalidad de los efectivos de la Brigada Azul, especializada en la represión al MIR, y que dirigía el capitán de ejército Aquiles Mauricio González Cortés, fueron movilizados hacia el sur. Pero también se trasladaron efectivos de la Brigada Verde, de la Amarillo, de la Café, de la Plomo y de la Especial, desperdigándose por todas las ciudades y pueblos del sur en equipos de vigilancia y seguimiento tras los pasos de los miristas. Estos equipos se sumaban a los efectivos de las plantillas locales de la CNI pertenecientes a las Brigadas Regionales de Concepción, Chillán, Temuco, Valdivia, Osorno y Puerto Montt. Se trataba del despliegue de un ejército para aniquilar a una entidad de resistencia que cuestionaba el control absoluto de la dictadura en el territorio nacional Una vez que los jerarcas operativos hubieron determinado que ya tenían información y control suficiente sobre los militantes del MIR, los mandos superiores de la CNI y el gobierno dictatorial deciden dar el golpe represivo con el fin de aniquilar la actividad de la Resistencia en el sur. Esa decisión operativa incluía la orden de quienes debían ser ejecutados, quienes detenidos, quienes amedrentados, que casas allanadas y cuales objetivos serían conservados como señuelos para futuras acciones represivas.

La CNI denominó el operativo como “Operación Alfa Carbón”. Al mediodía del 23 de agosto, en la intersección de las calles Grecia con Nápoles, en Hualpencillo, fue asesinado Luciano Humberto Aedo Arias. Pasadas las 16 horas, en la calle 21 de Mayo, en la Vega Monumental de Concepción, fue abatido Mario Octavio Lagos Rodríguez; allí mismo fue apresado Nelson Adrián Herrera Riveros, a quien trasladan hacia un descampado en el camino a Santa Juana, frente a la subida a Idahue, y ejecutado por los agentes CNI, luego entregan su cadáver en el Hospital Regional.

En Los Ángeles, alrededor de las 18 horas, al interior de su domicilio en la Población Orompello, fue asesinado Mario Ernesto Mujica Barros. En Valdivia, en horas del mediodía fueron apresados por agentes de la CNI los miristas Rogelio Humberto Tapia de la Puente y Raúl Jaime Barrientos Matamala; de inmediato los trasladan hacia el camino a Niebla y en un descampado, pasado el Puente Estancilla, son asesinados. Al día siguiente, en su domicilio en la calle Rubén Darío, de la Población Corvi, fue ejecutado Juan José Boncompte Andreu.

Las acciones represivas fueron comandadas desde Concepción por los jerarcas Derpich y Corbalán, quienes fueron secundados en el mando operativo por Aquiles González Cortés, Jorge Mandiola Arredondo y los ya fallecidos Joaquín Molina Fuenzalida y Francisco Zuñiga Acevedo. En Los Ángeles el mando operativo lo tuvo Krantz Johans Bauer y en Valdivia lo ejerció Patricio Castro Muñoz, ambos oficiales de ejército.

Pese a todos los antecedentes recabados, de los alrededor de 60 efectivos de la dictadura implicados en los brutales crímenes, solo 18 fueron procesados por Aldana, haciendo imposible, de esta manera, procesar judicialmente a la mayor parte de los involucrados en los hechos, pues luego de dictadas las sentencias por un ministro sustanciador, las instancias superiores sólo pueden referirse a aquellos que hayan sido condenados, o acusados o procesados. Si alguien no ha sido procesado, no hay forma legal de implicarlo aunque las evidencias sobren; por eso es que el no procesamiento es el equivalente a otorgar impunidad.

Si bien en algunas causas el ministro Aldana investigó y resolvió con cierta diligencia y eficiencia, también puede decirse que sus sentencias han sido simbólicas, cuando no directamente ridículas. Carlos Aldana se caracteriza por dictar condenas bajas, para delitos de lesa humanidad, con el agravante que, salvo alguna honrosa excepción, la Corte de Apelaciones de Concepción se ha caracterizado también por respaldar estas decisiones o fallos.

Es por estas razones que, a días de que el Ministro para causas de violaciones de Derechos Humanos, Carlos Aldana, dicte fallo en esta causa, los familiares tengan motivos de preocupación y de sospecha de que la sentencia pueda dejar impunes o con simbólicas condenas a ex agentes de la dictadura con probada participación en los criminales actos.

Pamela Jiles se desahogó: “Hay una falta de la más mínima humanidad”

La taza de leche que había sido durante las últimas semanas el hemiciclo de la Cámara de Diputados se transformó en una tormenta en la mañana de ayer. ¿La razón? Las declaraciones del diputado de la UDI Ignacio Urrutia, mientras se discutía un proyecto de reparación económica para las víctimas de DD.HH., que fue retirado por el nuevo gobierno.

Durante su intervención, el representante del distrito 18 (El Maule) mandó a decir, sin anestesia, que “no es primera vez que se entrega este beneficio, ya es como la décima vez que se entrega este regalito a gente que, más que exiliados, fueron más que nada terroristas con aguinaldo”.

Sus palabras provocaron la furia de las bancadas opositoras (Nueva Mayoría y el Frente Amplio), que repudiaron su intervención y la trataron de “inaceptable”.

Una de las que más se ofuscó con sus palabras fue la diputada Pamela Jiles, quien se paró de su escaño y llegó hasta el puesto de Urrutia, para pararle los carros y decirle que había sido abusada sexualmente por agentes del régimen militar, según ella misma lo dijo en un programa de TV.

“Intenté encarar al diputado Urrutia, lo que fue impedido por otros cuatro parlamentarios que consideran que tengo una fuerza física increíble. (…) Tuve que decirle a gritos, a viva voz, lo inadmisible que fueron sus declaraciones”, dijo la “Abuela” tras lo ocurrido.

Reacciones

Ya más tranquila, la diputada Jiles lamentó lo ocurrido y lanzó un llamado. “Lo que hay es una falta de humanidad, una falta de la más mínima humanidad, del más mínimo respeto humano, eso es lo que está de fondo aquí (…) Si bien existen personajes aberrantes en este hemiciclo, afortunadamente no son la mayoría”, dijo.

Desde la bancada oficialista, la diputada de su mismo distrito, Ximena Ossandón (RN), lamentó las palabras de Urrutia y solidarizó con la oposición. “La mayoría de la gente de Chile Vamos estamos avergonzados de lo que pasó. Es algo que no se puede repetir en la Cámara de Diputados”, dijo.

La parlamentaria no se quedó ahí y concluyó que “hay principios fundamentales de humanidad que, independiente del partido que se sea, que no se pueden transgredir”.

Las palabras de Urrutia no sólo retumbaron en el Congreso, sino también en La Moneda. La vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, dijo que “todos los actores y sectores políticos tenemos que ser muy cuidadosos en el lenguaje, el respeto es el camino en democracia y tiene que ser para todos y con todos”.

Urrutia, por su lado, comentó que “estoy extremadamente adolorido de un brazo por el golpe que recibí de la diputada Jiles. Estoy sumamente complicado con la agresión. Ella se aprovechó de su género para agredirme. A mí como parlamentario, a mí como hombre, jamás se me habría ocurrido, ni se me pasa por la mente, agredir a una mujer y no lo voy a hacer jamás”, señaló el parlamentario al salir del Congreso.

A raíz del hecho, la Cámara decidió pasar al honorable a la Comisión de Ética.

Ministro Larraín le quitó el piso a Urrutia

Para el ministro de Justicia, Hernán Larraín, lo expresado por el diputado Urrutia no tiene defensa alguna y le quitó todo piso político a sus declaraciones en el Congreso.

“La reacción del diputado Ignacio Urrutia por el retiro de proyecto de reparación a víctimas de violaciones a los DD.HH. revela su desprecio a los derechos humanos, a quienes fueron víctimas de violaciones y a la necesidad de reconciliación. Refleja su profundo descriterio, odioso y contumaz”, indicó el ministro Larraín a través de su cuenta de Twitter.