Ministro Carroza condenó a cuatro oficiales (R) por secuestro y homicidio de 14 personas

Hechos ocurridos durante la brutal dictadura cívico-militar.

El ministro en visita extra ordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza Espinosa, condenó a cuatro miembros del Ejército en retiro por su responsabilidad en 14 casos de secuestros y homicidios calificados, cometidos entre septiembre y octubre de 1973, en Barrancas, actual comuna de Pudahuel.

En el fallo (causa rol 224-2010), el ministro Carroza condenó a Donato Alejandro López Almarza a la pena efectiva de 10 años y un día de presidio, como autor mediato de los delitos consumados de homicidio calificado de: Raúl Eliseo Moscoso Quiroz, Víctor Manuel Barrales González, Sergio Osvaldo de la Barra de la Barra, Mario Gabriel Salas Riquelme y José Eusebio Villavicencio Medel; y del delito frustrado de homicidio calificado de Luis Sergio Gutiérrez Rivas.

Igual pena deberá purgar Gerardo Ernesto Urrich González, en calidad de autor mediato de los homicidios calificados de: Rafael Antonio Madrid Gálvez, Exequiel Segundo Contreras Carrasco, Carlos Leonardo Ibarra Echeverría, Alberto Toribio Soto Valdés, José Elías Quezada Núñez y Rosalindo del Carmen Retamal; del delito frustrado de homicidio calificado de: Gastón Alberto González Rojas, y del secuestro calificado seguido de homicidio de: Daniel Hernández Orrego.

En tanto, Juan Ramón Gerardo Fernández Berardi fue sentenciado a 5 años de presidio -pena que se suspende, quedando sometido a un régimen de libertad a prueba con sujeción de un programa de actividades-, como cómplice de los homicidios calificados de: Rafael Antonio Madrid Gálvez, Exequiel Segundo Contreras Carrasco, Carlos Leonardo Ibarra Echeverría, Alberto Toribio Soto Valdés, José Elías Quezada Núñez y Rosalindo del Carmen Retamal; de los delitos frustrados de homicidio calificado de: Gastón Alberto González Rojas, y de secuestro calificado seguido de homicidio de Daniel Hernández Orrego.

En el caso de Carlos Rodolfo Silva Pérez, el ministro Carroza le impuso 541 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena por igual lapso, en calidad de cómplice de los delitos frustrados de homicidio calificado de Raúl Eliseo Moscoso Quiroz, Víctor Manuel Barrales González, Sergio Osvaldo de la Barra de la Barra, Mario Gabriel Salas Riquelme y José Eusebio Villavicencio Medel; y de delitos frustrados de homicidio calificado de Luis Sergio Gutiérrez Rivas.

En la etapa de investigación, el ministro Carroza estableció que a partir del 11 de septiembre de 1973 un batallón del regimiento de Infantería Montaña N° 3 "Yungay" de San Felipe se asentó en la comuna de Quinta Normal y en la Casa de la Cultura de la comuna de Barrancas, lugares donde se realizaron distintos allanamientos a sectores poblacionales de campamentos y poblaciones de Quinta Normal y Barrancas (actual Pudahuel), quienes fueron fusilados en la Casa de la Cultura o sectores cercanos al túnel de Lo Prado, cuyos restos dejados en el Servicio Médico Legal o en la vía pública.

En el aspecto civil, el fallo acogió las demandas por daño moral, condenando al fisco a pagar la suma total de $470.000.000 (cuatrocientos setenta millones de pesos) a familiares de las víctimas.

Lanzados vivos: Revelan declaraciones sobre “vuelos de la muerte”

Se trata de la historia de tres chilenos arrojados al mar por agentes de la dictadura.

Un crudo testimonio fue al que tuvo acceso exclusivo el medio digital El Dínamo, que narra las declaraciones entregadas por Juan Guillermo Orellana Bustamante, suboficial en retiro del Ejército, quien cuenta cómo transcurrieron las últimas horas de tres detenidos que fueron lazados al mar vivos desde un Helicóptero H225 “Puma”, en los denominados “vuelos de la muerte”.

Los testimonios fueron recogidos de las declaraciones del ex mecánico de la nave aérea, entregados al juez Jaime Arancibia, quien investiga delitos contra los DDHH durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile.

Los relatos impactan por la crudeza de los hechos, que cuentan sobre las condiciones en que los prisioneros fueron trasladaos, únicos antecedentes hasta ahora del lanzamiento de personas vivas mar adentro por efectivos de la dictadura.

Las víctimas fueron identificadas como Ceferino del Carmen Santis Quijada (obrero y militante del MIR), Luis Fernando Norambuena Fernandois (integrante del Comité Central del Partido Socialista) y Gustavo Manuel Farías Vargas (militante del MIR). Todos ellos fueron detenidos por militares del Regimiento de Ingenieros de Tejas Verdes de San Antonio, según detalla El Dínamo.

“Este sujeto joven le puso resistencia, pero este capitán igual lo tomó de las axilas, lo giró hacia la puerta y lo lanzó al mar. Aquí hay un detalle: el capitán, al empujar hacia abajo, el sujeto apoya los pies en el carenaje del tren de aterrizaje, se produce una lucha, o sea un forcejeo y, visto esto, lo vuelve a tirar de las axilas, lo despega del tren de aterrizaje y ahí lo lanza hacia el mar”, cuenta Orellana sobre cómo murió Gustavo Manuel Farías, el único de los tres que se resistió frente a esta brutal agresión.

“Quiero hacer presente que el oficial de Ejército que lanzó a las personas que se encontraban amarradas, vendadas y vivas, dentro del helicóptero, me parece que correspondería a Miguel Krassnoff”, señaló Orellana, refiriéndose al entonces capitán que integró el primer contingente de la DINA y pronto comandaría la Brigada Halcón, dedicada a exterminar a los militantes del MIR en todo el país, según puntualizó El Dínamo.

* El dinamo