Ministro Carroza condena a ex-agentes de la CNI por homicidios de militantes del MIR en falso enfrentamiento

El ministro en visita Mario Carroza condenó a 6 ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) por los homicidios de Eric Rodríguez Hinojosa e Iván Palacios Guarda, militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), ejecutados el 18 de abril de 1989 en la comuna de Quinta Normal.

El magistrado condenó a Humberto Leiva Gutiérrez y Hugo Acevedo Godoy a la pena de 15 años y un día de presidio por su responsabilidad como autores del homicidio. En tanto, los agentes Juan Farías Orellana, Víctor Caro Pizarro y Jorge Rivas Arancibia deberán purgar una pena de 5 años y un día de presidio.

El agente Luis Arturo Sanhueza Ros deberá cumplir una pena de 3 años y un día de presidio por su responsabilidad como autor. Se concedió el beneficio de la libertad vigilada intensiva.

Absuelto resultó el agente Armando Ávila Fierro.

El ministro Carroza estableció que la División Antisubersiva de la Central Nacional de Informaciones (CNI) organizó una operación en busca de los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario de la época, para lo cual infiltró un agente de sus filas en la organización que utilizaba el alias de "Miguel"

"Así las cosas, el 18 de abril de 1989, a las 21:00 horas aproximadamente, dos militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario, Eric Enrique Rodríguez Hinojosa e Iván Palacios Guarda, fueron convocados a reunirse en calle San Pablo a la altura del N° 4.000, por un sujeto identificado como Miguel, que finalmente resultó ser un agente de la Central Nacional de Informaciones, que se había infiltrado en las poblaciones populares, invocando ser encargado zonal del Movimiento de Izquierda Revolucionario –MIR- , siendo su función la de reclutar jóvenes con la finalidad de que estos se integraran al denominado "Comando Resistencia", éste individuo para ganarse la confianza de los integrantes del Movimiento, les proveía de armas e impartía instrucción militar", dice la resolución.

Agrega que: "Previo a la llegada de las víctimas a la citada reunión, los funcionarios de la CNI de la Unidad Antisubersiva, habría desplegado en el sector un vasto operativo con el propósito de prepararles una celada, por lo tanto cuando estos arriban al lugar y se posicionan en la zona del encuentro, aparece parte de los agentes y les intiman, y antes que lograran reaccionar, ya sea para protegerse, huir o repeler el ataque, inicia la gente de la CNI una balacera que hiere y le quita la vida en el lugar a la víctima Iván Palacios Guarda y a su compañero, Eric Enrique Rodríguez Hinojosa lo dejan herido de gravedad, debiendo ser trasladado de urgencia a la asistencia pública, donde queda en estado de coma y fallece el 4 de septiembre de 1989, producto de la herida de bala cráneo encefálica, sin salida de proyectil, complicada, que se le infiere en esa oportunidad"

Además se considera que: "Con posterioridad, testigos presenciales han señalado que los agentes de la CNI, culminado el tiroteo, realizaron una serie de maniobras en el sitio del suceso con el objeto de simular un enfrentamiento con las víctimas, disponiendo un contexto que pretendió ser avalado con los dichos de los participantes cuando declaran con nombre operativo ante la Fiscalía Militar, entregando como versión oficial que las víctimas se aprestaban a colocar artefactos explosivos en dos postes del alumbrado público que sostenían un transformador, pero que al conminarlos a detenerse, éstos les dispararon y no tuvieron otra alternativa que repeler dicho ataque con las consecuencias ya descritas".

En el aspecto civil se condenó al Fisco a pgar una indemnización total de $ 100.000.000 (cien millones de pesos) a los familiares de las víctimas.

* El Clarin

Los Hornos de Colonia Dignidad

Memoria Histórica.

Para quienes hemos seguido el itinerario delictivo y criminal de Colonia Dignidad, el reconocimiento de los expertos del lugar exacto donde se procedió a la quema de cuerpos pertenecientes a detenidos/desaparecidos y ejecutados en ese enclave no ha sido sorpresa.

La primera vez que escuché acerca de la existencia de hornos en el siniestro lugar, fue en una conversación con Winfried Hempel, abogado de un grupo de colonos que exige justicia por sus años de esclavitud en el enclave. Intercambiando informaciones sobre lo que ocurría al interior, mientras el juez Mario Carroza investigaba las fosas, me contó sobre la existencia de un testigo que hablaba de un horno crematorio al cual llegaban los restos de víctimas cada dos o tres días. Aunque la información era escalofriante, no me sorprendió. Lo que resultaba paralizante era que el testigo, como en otros casos, se negaba a declarar públicamente y ante la justicia la información que compartía en privado.

Desde hace mucho tiempo, la justicia conocía las declaraciones del principal guardaespaldas de Paul Schaffer, el ex jerarca Gerard Mücke, actualmente preso en la cárcel de Cauquenes, por su colaboración en la violación y abuso de menores. Mücke, había declarado su participación en la exhumación de un conjunto de cuerpos humanos, enterrados en diversas fosas al interior de la Colonia, para ser quemados con fósforo químico y arrojados al río Perquilauquen, que atraviesa el enclave.

La confirmación, revelada la semana pasada por los expertos que pudieron identificar el lugar preciso donde se llevó a cabo al menos una de las operaciones de cremación, solo viene a confirmar la información oficial y no oficial sobre estos procedimientos.

A estas alturas, no suena exagerado nombrar a Colonia Dignidad como el Auschwitz chileno. No es casual que buena parte de la cúpula de la Colonia haya pertenecido a diversos servicios y eslabones del régimen nazi. Tampoco suena descabellado pensar que la dictadura chilena, como otras del continente, buscaran una “solución final”, cuyo objetivo era borrar todas las huellas posibles del genocidio desatado en nuestros países, en respuesta a la agitación marxista.

El dolor de las madres que sobreviven, las hijas y hermanas que han continuado la infinita búsqueda, radica en que aún no sabemos los nombres, ni el número de los ejecutados en el enclave. De acuerdo a las declaraciones de los testigos, se trata a lo menos de unas 40 personas. Pero esta operación pudo realizarse varias veces, a lo largo de los 17 años, por lo que en general, los investigadores hablan de unas 100 personas asesinadas, enterradas en los bosques del sector Chenco y cuyos restos habrían sido exhumados a partir de la Operación “Retiro de Televisores”, siendo quemados y arrojados finalmente a las aguas del Perquilauquén.

Colonia Dignidad ha sido, después de la DINA, la asociación ilícita criminal que ha gozado de mayor impunidad. Al punto que solo uno de los ex jerarcas ha sido condenado por secuestro y tortura, contra una ciudadana chilena. Ha logrado hasta ahora zafar del pago de indemnizaciones por los menores violados y abusados, por los colonos esclavizados durante 30 o 40 años, además de los chilenos torturados durante semanas y meses, en dicho enclave.

El haber permitido convertir este lugar en un complejo turístico, constituye una de las más vergonzosas operaciones de blanqueo realizada en democracia, y resulta una afrenta a todas las víctimas y al mundo civilizado, democrático.

Es de esperar que la justicia siga realizando su trabajo, avanzando en verdad, por dolorosa y cruenta que sea. Haremos el duelo por aquellos compatriotas cuyo destino se selló, en las manos criminales de quienes vinieron bajo la justificación de “auxiliar a los huérfanos y apoyar a los pobres”.

* Gabriel Rodríguez - Periodista y escritor