“Supremazo”: CIDH advierte a Chile que liberación de violadores de DDHH puede llevar a la impunidad

Apelando a los estándares del derecho internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una contundente declaración recordando que “el Estado tiene la obligación de no dejar impunes estos crímenes” y que al aplicar beneficios es necesario tener en cuenta “requisitos más exigentes para casos de graves violaciones de derechos humanos”.

A través de una extensa declaración, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por las resoluciones de la Sala Penal de la Corte Suprema de otorgar la libertad condicional a 7 represores condenados por graves violaciones a los derechos humanos.

“En cinco de los casos, al tomar esta decisión, la Sala Penal de la Corte Suprema revocó las resoluciones de la Corte de Apelaciones de Santiago que había acogido las resoluciones dictadas por la Comisión de Libertad Condicional en abril de este año. Estas resoluciones, basadas en informes psicológicos realizados por Gendarmería, advierten que los condenados tienen insuficiente o inexistente conciencia del delito y del daño ocasionado a consecuencia de aquel, o validan o justifican sus conductas delictuales, entre otros aspectos”, advierte el comunicado.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que tiene como mandato promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región. Está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Según la presidenta de la CIDH, Comisionada Margarette May Macaulay, “la aplicación de beneficios debe tener en cuenta que es necesario aplicar requisitos más exigentes para casos de graves violaciones de derechos humanos. De lo contrario, tornaría inefectiva la sanción que se impuso, en contravención con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos en materia de graves violaciones a los derechos humanos”.

El llamado de la atención de la CIDH se suma al expresado por otros organismos internacionales, como el Comité ONU contra la Tortura, que también advirtió a Chile instando a que los violadores de DDHH cumplan penas efectivas.

Ante la CIDH además recurrieron dirigentes de la oposición, bajo el argumento de que el “Supremazo” a favor de violadores de DDHH implica “denegar el derecho a la justicia a los familiares de las víctimas”, según explicó el excanciller, Heraldo Muñoz, presidente del Partido por la Democracia (PPD) quien promovió la presentación junto al presidente del Partido Socialista (PS), Álvaro Elizalde, y el exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y también excanciller, el senador José Miguel Insulza.

Por parte del Gobierno, la portavoz Cecilia Pérez, explicó que “es perjudicial, en un Estado de Derecho, arrogarse la facultad de otros poderes del Estado. En Chile es el Poder Judicial quien conoce las distintas causas que se requieran y quien establece las condenas, las inocencias y también los beneficios carcelarios”. 

Argumentos de la CIDH

En su comunicado, la CIDH recuerda que en relación con penas impuestas por graves violaciones a los derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha referido al deber estatal de “abstenerse de recurrir a figuras que pretendan suprimir los efectos de la sentencia”.

“El Estado chileno tiene la obligación internacional de no dejar impunes estos tipos de crímenes y asegurar la proporcionalidad de la pena, absteniéndose de aplicar beneficios típicos de crímenes menos graves que puedan desvirtuar los efectos de las sentencias condenatorias para los crímenes de lesa-humanidad”, señaló el Comisionado Luis Ernesto Vargas, Relator para Chile.

La declaración añade que si bien en casos “de graves violaciones a los derechos humanos el derecho internacional admite que ciertas circunstancias puedan generar una reducción de la pena, como por ejemplo la colaboración efectiva con la justicia mediante información que permita el esclarecimiento del crimen, de acuerdo con los estándares del sistema interamericano de derechos humanos, tales circunstancias requieren un análisis y requisitos más exigentes en función del bien jurídico afectado, la gravedad de los hechos, y la obligación que tienen los Estados de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de crímenes de lesa humanidad”.

“Por consiguiente, la obligación internacional de sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos no puede verse afectada indebidamente o volverse ilusoria durante la ejecución de la sentencia que impuso la sanción, en apego al principio de proporcionalidad”, precisa el organismo.

Asimismo, “la Corte Interamericana recientemente ha señalado que al contemplarse una medida que afecte el cumplimiento de la pena por delitos de graves violaciones a los derechos humanos, se requiere realizar una ponderación respecto de la afectación que ocasione a los derechos de las víctimas y sus familiares, en consideración de los estándares de derecho internacional, tales como: que se haya cumplido una parte considerable de la pena privativa de libertad y se haya pagado la reparación civil impuesta en la condena; la conducta del condenado respecto al esclarecimiento de la verdad; el reconocimiento de la gravedad de los delitos perpetrados y su rehabilitación; y los efectos que su liberación anticipada tendría a nivel social y sobre las víctimas y sus familiares”.

Por último, el sistema interamericano de derechos humanos “ha advertido que la aplicación de medidas que le resten sentido o eficacia a las penas impuestas en dichos tipos de crímenes, pueden llevar a la impunidad de conductas que los Estados están obligados a prevenir, erradicar y sancionar”.

El comunicado finaliza señalando que “la CIDH confía que la Corte Suprema de Chile realizará el control de convencionalidad que está llamada a hacer, observando los estándares internacionales e interamericanos que aplican a graves violaciones a los derechos humanos, y que preservará su importante legado de respuestas adecuadas contra la impunidad para los crímenes del pasado autoritario”. 

* El Mostrador.cl - Paìs

Llamado de atención a Chile: Comité ONU insta a que violadores de DDHH cumplan penas efectivas

Aludiendo al tema mapuche, en el informe del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas se solicita también al país “abstenerse de aplicar la legislación antiterrorista a personas acusadas únicamente de atentados contra la propiedad cometidos en el marco de protestas en reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas”.

Un llamado al Estado chileno formuló el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas para continuar con el enjuiciamiento de violaciones de derechos humanos y a “garantizar que sus autores sean condenados conforme a la gravedad de sus actos, velando por el cumplimiento de las penas”, excluyendo posibles amnistías o indultos.

El planteamiento de este organismo fue parte de la entrega de las observaciones realizadas a Chile de la implementación en el país de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

El llamado se produce en el contexto de las polémicas decisiones de la Sala Penal de la Corte Suprema de otorgar la libertad condicional a condenados por delitos de lesa humanidad, lo que ha gatillado en Chile el rechazo del mundo de los derechos humanos y el anuncio de una acusación constitucional contra los magistrados integrantes de la instancia por parte de la oposición.

Entre otras observaciones, el organismo internacional además solicitó derogar el secreto de 50 años sobre la información presentada por víctimas a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y a crear un mecanismo de identificación y reconocimiento de las víctimas.

Aludiendo al tema mapuche, en el informe se le solicitó también al país garantizar que los actos de terrorismo estén definidos en la legislación nacional “de manera precisa y estricta”, y a “abstenerse de aplicar la legislación antiterrorista a personas acusadas únicamente de atentados contra la propiedad cometidos en el marco de protestas en reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas”.

En materia de infancia y adolescencia, el Comité emplazó al Estado a que se investiguen y juzguen los casos de muertes, malos tratos y abusos a niños, niñas y adolescentes, en centros de internación y de protección de la red del Servicio Nacional de Menores, así como a subsanar las deficiencias en la gestión del servicio. Asimismo, el Comité valoró que el Estado hiciera público el informe realizado por el Comité ONU sobre Derechos del Niño en la materia.

En cuanto a los derechos de las personas privadas de libertad, el CAT expresó que el país debe garantizar que gocen de salvaguardias legales fundamentales, así como aminorar la sobrepoblación y mejorar las condiciones de detención. En tal sentido, solicitó investigar y sancionar casos de muerte en custodia, tomar medidas preventivas ante la violencia entre internos/as, y revisar estrategias contra el suicidio de personas en reclusión.

En casos de uso excesivo de la fuerza, y denuncias de violencia sexual policial en contra de mujeres y niñas, el Comité requirió investigar, enjuiciar y condenar a los responsables y garantizar la reparación de las víctimas. El CAT también recomendó formar en diversas materias de derechos humanos a los agentes públicos, específicamente a agentes del orden y del sector judicial.

En su informe, el CAT solicitó al Estado establecer un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura; a asegurar que los delitos de tortura sean castigados con penas adecuadas, y a derogar la prescripción de este delito. El Comité también instó al Estado chileno a prescindir de la jurisdicción militar para juzgar violaciones de derechos humanos y delitos contra civiles por parte de personal militar.

Así también, el CAT instó a revisar la legislación vigente en temas como migración y trata de personas, y a investigar malos tratos contra personas con discapacidad y de la tercera edad internas en residenciales, entre otras múltiples recomendaciones.

Asimismo emplazó al Estado a que defina de manera precisa el delito de “terrorismo” en la legislación; a que se investigue y juzgue la violencia sexual policial contra mujeres; y a que se persigan los casos muertes de niños/as custodiados por el Estado. 

Examen

El Instituto Nacional de Derechos Humanos participó de una sesión cerrada con el Comité el día 27 de julio, donde la directora, Consuelo Contreras Largo, presentó los puntos de preocupación del INDH en relación con los derechos reconocidos y protegidos por la Convención, así como las propuestas de recomendaciones que permitan avanzar en el adecuado cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Chile.

Luego, los días 30 y 31 de julio pasado el Estado de Chile fue examinado por el Comité contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas, en específico se revisó la implementación en el país de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Asimismo, 10 organismos estatales representantes de los tres poderes del Estado y encabezados por la Subsecretaría de Derechos Humanos, rindieron cuenta de la implementación de la Convención ante el Comité. Integraron la delegación chilena el Ministerio del Interior y Seguridad Pública; el Ministerio de Salud; el Ministerio de Relaciones Exteriores; el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género; Gendarmería de Chile; el Servicio Médico Legal; el Servicio Nacional de Menores; el ministro de la Corte Suprema, Carlos Kunsenmuller, en representación del Poder Judicial; y el senador Juan Ignacio Latorre, en representación del Poder Legislativo.

Finalmente, el Comité ONU invitó al Estado de Chile a presentar su próximo informe a más tardar el 10 de agosto de 2022.

Revise las observaciones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas acá

* El Mostrador.cl - País