Acusan a ex agentes de la DINA por secuestros calificado en la Granja

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, dictó sendas acusaciones en contra de exintegrantes de la Dirección de Inteligencia Nacional –DINA– por su responsabilidad en dos delitos de secuestro calificado. Ilícitos perpetrados en octubre y diciembre de 1974, respectivamente, en la comuna de La Granja.

En la primera resolución (causa rol 208-2011), la ministra en visita acusó a Pedro Octavio Espinoza Bravo, César Manríquez Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko, Ciro Torré Sáez, Orlando Manzo Durán y Fernando Eduardo Lauriani Maturana, en calidad de autores del delito de secuestro calificado de Luis Francisco González Manríquez. Ilícito perpetrado a partir del 3 de octubre de 1974.

En la etapa de investigación, la ministra Cifuentes logró establecer que: en horas de la tarde del 3 de octubre de 1974, Luis Francisco González Manríquez, de nombre político "Rabito", militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido ilegalmente en un domicilio ubicado en calle Paraguay de la comuna de La Granja, por varios agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) –organismo dirigido por el coronel de Ejército Manuel Contreras Sepúlveda, actualmente fallecido y, en calidad de subdirector de inteligencia, por el mayor de Ejército Pedro Espinoza Bravo–, entre ellos el teniente de Ejército, Fernando Lauriani Maturana, agente operativo de la agrupación "Vampiro" y el cabo primero Basclay Zapata Reyes, agente operativo de la agrupación "Halcón", las que a esa fecha, dependían de la brigada Caupolicán de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), a cargo del capitán de Ejército Miguel Krassnoff Martchenko.

Grupo que trasladó a González Manríquez, junto a otros detenidos, hasta el centro de detención clandestino denominado "Ollahue" o "José Domingo Cañas", situado en la comuna de Ñuñoa, a cargo del capitán de Carabineros Ciro Torré Sáez y, posteriormente, al campo de prisioneros de "Cuatro Álamos", ubicado en la comuna de San Joaquín, a cargo del oficial de Gendarmería Orlando Manzo Durán. Lugar donde fue visto por última vez y desde donde se pierde todo rastro de su paradero.

En la segunda acusación (causa rol 209-2011), la ministra Cifuentes sindica a los agentes Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Miguel Krassnoff Martchenko, Manuel Andrés Carevic Cubillos, Manuel Rivas Díaz y Hugo del Tránsito Hernández Valle, como autores del delito de secuestro calificado de Jorge Antonio Herrera Cofré. Ilícito cometido a partir del 13 de diciembre de 1974.

La ministra en visita, en la etapa indagatoria, estableció que: en horas de la tarde del 13 de diciembre de 1974, Jorge Antonio Herrera Cofré, de 17 años, estudiante de enseñanza media, dirigente estudiantil y militante de Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), tras salir de su domicilio en calle Victoria de la comuna de La Granja en dirección al Liceo N° 6 "Andrés Bello", fue detenido, sin derecho, por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), dirigida por el coronel Manuel Contreras Sepúlveda, actualmente fallecido, encontrándose dicha organización, a nivel Metropolitano, a cargo de Rolf Wenderoth Pozo.

Luego, Herrera Cofré fue trasladado hasta el centro de detención denominado "Venda Sexy"', situado en calle Irán N° 3.037 de la comuna de Ñuñoa, a cargo de Manuel Carevic Cubillos; y, posteriormente, fue conducido a Villa Grimaldi, ubicada en José Arrieta N° 8.200 de la comuna de Peñalolén, a cargo de Pedro Espinoza Bravo. Desde donde se pierde todo rastro de su paradero. 

* El Clarin

Proyecto propone que violaciones a los DD.HH, sean ramo obligatorio en Colegios

Iniciativa busca reforzar la enseñanza de los crímenes cometidos en el régimen militar en base a los antecedentes de los informes Rettig y Valech.

Respaldada por parlamentarios desde la DC hasta el Frente Amplio, la diputada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Carmen Hertz (PC), presentará este jueves un proyecto que busca hacer obligatoria la asignatura de Memoria y DD.HH. para abordar en la sala de clases los crímenes cometidos durante el régimen militar.

La iniciativa -firmada, además, por los legisladores Camila Vallejo (PC), Hugo Gutiérrez (PC), Tucapel Jiménez (PPD), Jaime Naranjo (PS), Miguel Crispi (RD), Tomás Hirsch (PH), Matías Walker (DC), Mario Venegas (DC) y Carlos Abel Jarpa (PR)- busca resolver la “insuficiencia” que -según los parlamentarios- existe en el currículum actual en esta materia, tanto en la enseñanza básica como en la enseñanza media.

“Los programas escolares relativos a memoria y DD.HH. no cumplen el objetivo de favorecer la comprensión de la complejidad e importancia que tienen para una sociedad moderna y democrática el respeto a los DD.HH. y el conocimiento del pasado reciente, reduciendo la diversidad de experiencias en torno a la dictadura cívico-militar y las violaciones a los derechos humanos a una sucesión de datos históricos descontextualizados de los procesos histórico-sociales experimentados en el país”, se lee en el texto al que tuvo acceso La Tercera.

En esa línea, los legisladores citan una resolución del Instituto Nacional de DD.HH. en que se señala que “el currículum escolar resulta insuficiente, ya que el tratamiento historiográfico que se propone no da garantías suficientes de que el abordaje en el aula refuerce la injustificabilidad de tales acciones, es decir, de considerar legítimas posturas que avalan la vulneración de derechos en determinadas circunstancias históricas”.

Así, la iniciativa propone que los colegios impartan esta nueva asignatura teniendo como base los informes oficiales de las comisiones de verdad que se han impulsado, como Rettig y Valech, con cuatro objetivos principales: promover el conocimiento y análisis de las violaciones a los DD.HH. cometidas en dictadura; fomentar en los estudiantes el reconocimiento y redignificación de las víctimas; promover un diálogo entre la memoria social y la experiencia de los estudiantes en torno a las violaciones de los derechos humanos y la enseñanza de la historia, y, por último, fomentar la comprensión de la garantía de no repetición y la injustificabilidad de las violaciones a los DD.HH.

“Las nuevas generaciones tienen que conocer lo que este país vivió. Esta es una sociedad traumatizada por una política de violación sistemática y masiva de derechos humanos, una política de exterminio”, explicó la diputada Hertz. “Esas sociedades necesitan refugiarse en su memoria colectiva para impedir que en el futuro los conflictos políticos y sociales sean solucionados con el crimen como una norma”, añadió.

En la misma línea, el diputado Walker señaló que esta es una iniciativa “muy oportuna” en vista del “avance de movimientos políticos que desprecian el valor de la democracia y desconocen las violaciones a los derechos humanos que se han cometido”, como, asegura, ocurre actualmente en Brasil con el triunfo de Jair Bolsonaro, pero, también, en Chile.

El diputado Crispi, en tanto, advirtió que en un contexto en que en la región “la democracia no está garantizada” se hace necesario que “en la educación pública y en los currículums y programas generales del sistema educativo se asegure que se hable de DD.HH. y memoria”.

El proyecto será ingresado a la Comisión de DD.HH. liderada por Hertz, para, luego, continuar con su tramitación en conjunto con la Comisión de Educación. 

* La Tercera - Isabel Caro