Ministro Carroza condena a uniformados en retiro por secuestros y homicidios en Tocopilla en 1973

El ministro en visita extraordinaria para causa por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, condenó a seis miembros en retiro de Carabineros y el Ejército por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Manuel del Carmen Muñoz Cornejo; y los homicidios calificados de Claudio Rómulo Tognola Ríos, Carlos Miguel Garay Benavides, Luis Orocimbo Segovia Villalobos, Agustín de la Cruz Villarroel Carmona, Reinaldo Armando Aguirre Pruneda, Freddy Álex Araya Figueroa, Iván Florencio Morán Araya, Ernesto Manuel Moreno Díaz, Julio Enrique Brewe Torres, Breno Benicio Cuevas Díaz, Vicente Ramón Cepeda Soto y Carlos Óscar Gallegos Santis. Ilícitos perpetrados entre septiembre y octubre de 1973, en la ciudad de Tocopilla.

En el fallo (causa rol 2.182-1998 "Tocopilla"), el ministro de fuero condenó a Luciano Astete Almendras y a Álex Adalberto Cantín Leyton a las penas efectivas de 17 años y 15 años y un día de presidio, respectivamente, en calidad de autores de los delitos. En tanto, Gilberto Arturo Santiago Egaña García y Raúl Darío Almonacid Valdivia deberán purgar 7 años y 5 años y un día de presidio, respectivamente, como cómplices.

En el caso de Juan José Rojas Fuentes y Luis Ramón Guerrero González fueron condenados a 800 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de pena, en calidad de cómplices del delito de secuestro calificado. Misma pena y beneficio a la que fue sentenciado Ivar Liborio Muñoz Peña, como encubridor. En la etapa de investigación de la causa, el ministro Carroza logró establecer los siguientes hechos:

1) Que a raíz de los acontecimientos acaecidos en el país el día 11 de septiembre de 1973, el Gobierno Militar ordena tomar el control de la ciudad de Tocopilla y para llevarlo a cabo, se instruye a las unidades de la Armada, Carabineros, Policía de Investigaciones y militares, en la jurisdicción, misiones específicas a realizar.

2) Que así las cosas, en un primer momento asume como Gobernador de Tocopilla el Capitán de la Armada Humberto Fuentes Morales, quien en atención a su estado de salud y recursos logísticos, entrega esa responsabilidad al Prefecto de Carabineros Luciano Astete Almendras, y a su vez se designa al subprefecto Juan de Dios Salazar Lantery como Fiscal Militar para el departamento de Tocopilla, estando sus funciones dirigidas a instruir los procesos que tuvieran relación con las actividades políticas y subversivas que se desarrollaran en la provincia.

3) Que para tal cometido, por instrucciones del Prefecto Luciano Astete Almendras, el Fiscal Militar designa una Comisión Civil al mando del entonces Teniente Alex Cantín Leyton, para que se dedique coordinadamente con el personal militar, la Armada e Investigaciones a ejecutar operativos contra la población civil de la ciudad, consistente en allanamientos, privaciones de libertad, interrogatorios, torturas y ejecuciones sumarias, como en los casos que a continuación se indican:

A.- Hechos ocurridos el 18 de septiembre de 1973, que ocasionan la muerte de Iván Florencio Morán Araya y Ernesto Manuel Moreno Díaz.

El día 18 de septiembre de 1973, en horas de la noche, alrededor de las 20:00 horas, efectivos de Carabineros de Tocopilla comandados por Raúl Gaete Cuevas (fallecido), Juan Bonilla Castro (fallecido) y Diocario Contreras Labrín (fallecido), detuvieron en sus domicilios a Iván Florencio Morán Araya y Ernesto Manuel Moreno Díaz para conducirlos hasta la Comisaría de esa ciudad, donde serían interrogados; sin embargo, en la madrugada del día siguiente, ambos fueron ejecutados afuera de la Comisaría por funcionarios policiales que cumplían órdenes de sus superiores bajo el pretexto de haber intentado darse a la fuga, siendo sus cuerpos posteriormente entregados sin vida con heridas de bala en la morgue del Hospital Marcos Macuada de Tocopilla.

B.- Fusilados en la Mina la Veleidosa.

En otra oportunidad, estos mismos funcionarios de la Comisaría de Tocopilla detuvieron durante en el curso de los días 11 de septiembre al 04 de octubre de 1973, a varias personas individualizadas como Claudio Rómulo Tognola Ríos, Carlos Miguel Garay Benavides, Luis Orocimbo Segovia Villalobos, Agustín de la Cruz Villarroel Carmona, Reinaldo Armando Aguirre Pruneda y Freddy Alex Araya Figueroa, y les mantuvieron privadas de libertad en primer término en los calabozos de la Primera Comisaría de Carabineros de esa ciudad y luego, en la Cárcel Pública de dicho puerto, lugar éste último desde donde se les saca para llevarles el día 06 de octubre de ese año, maniatados, hasta el pique minero denominado "Mina La Veleidosa" o "La Descubridora", ubicado a una distancia aproximada a los 30 kilómetros hacia el oriente del centro de la ciudad de Tocopilla, en ese lugar se les ordena bajar y se procede a conformar un pelotón de fusileros integrados por funcionarios de Carabineros, Investigaciones, Armada y Ejército, a los cuales se les ordena dispararles con sus armas de fuego, para quitarles la vida. Con posterioridad, los cuerpos sin vida de Tognola, Garay, Segovia y Villarroel, fueron arrojados al interior del pique ya citado, el cual en esa fecha tenía una profundidad superior a los seiscientos metros, sus restos fueron parcialmente recuperados e identificados en el transcurso del año 1991, sin embargo, los cadáveres de Aguirre y Araya, son trasladados a la morgue del Hospital Marcos Macuada de Tocopilla, argumentándose habérsele muerte durante un intento de fuga, en los momentos en que se realizaba un operativo de búsqueda de armas y explosivos en el sector de una mina sin nombre.

C.- Los hechos que ocasionaron la muerte de Julio Enrique Brewe Torres, Breno Benicio Cuevas Díaz, Vicente Ramón Cepeda Soto y Carlos Oscar Gallegos Santis, en la madrugada del 23 de octubre de ese mismo año.

Que por su parte, Julio Enrique Brewe Torres, Breno Benicio Cuevas Díaz, Vicente Ramón Cepeda Soto y Carlos Oscar Gallegos Santis, fueron detenidos entre los días 16 y 20 de septiembre de 1973 por efectivos dependientes de la misma Prefectura de Carabineros de Tocopilla, trasladados hasta la Primera Comisaria de esa ciudad, donde se les mantuvo en los calabozos hasta la madrugada del 23 de octubre de ese mismo año, ocasión en que a los cuatro se les dio muerte al interior de sus celdas, utilizando para ello fusiles ametralladoras, sus cuerpos posteriormente entregados a la morgue del Hospital Marcos Macuada, y se informa a la ciudadanía que los detenidos le habían arrebatado el fusil SIG a un centinela que los vigilaba, el que no pudieron utilizar por desconocimiento y debido a ello, personal de servicio de la unidad policial tuvo que abrir fuego y provocarles la muerte.

D.- Secuestro calificado de Manuel del Carmen Muñoz Cornejo, ocurrido el 14 de Septiembre de 1973.

Que, como se señaló anteriormente para el 11 de septiembre de 1973, en el contexto de los hechos acaecidos en el país, se le entrega la misión al Prefecto Delegado Luciano Astete Almendras de crear un grupo operativo de represión política en Tocopilla, para lo cual designa como Fiscal Militar Ad-Hoc al Subprefecto de Carabineros Juan de Dios Salazar Lantieri (fallecido), y éste para dar cumplimiento a su tarea procede a designar a determinados funcionarios de la Primera Comisaria de Tocopilla, para que se encargaran de la detención e interrogatorios de las personas conocidas como partidarias del gobierno depuesto por el golpe militar. Este grupo operativo de Carabineros, era dirigido por el Teniente Alexis Cantín Leyton e integrado de manera permanente por los funcionarios policiales tenían pleno conocimiento de la ilicitud de los actos que se cometieron y aun así, cooperaron en su ejecución con actos previos o simultáneos.

Así las cosas, el día 11 de Septiembre de 1973, estos funcionarios de Carabineros se presentaron en la Empresa SOQUIMICH, comandados por el Teniente Alex Cantín Leyton, detuvieron a Manuel del Carmen Muñoz Cornejo, a quien trasladaron hasta la Comisaria de Tocopilla, luego a un calabozo del Centro de Detención Preventiva de Tocopilla, y en ese lugar permaneció durante tres días bajo crueles e inhumanos tormentos.

El 14 de Septiembre de 1973, es sacado desde la cárcel por el mismo Teniente Cantín y sus subalternos, para trasladarlo a un lugar desconocido, donde se pierde su rastro, sin que hasta la fecha se conozca su destino o paradero".

En el aspecto civil, el fallo acogió con costas las demandas por daño moral deducidas, ordenado al Estado de Chile a pagar la suma total de $980.000.000 (novecientos ochenta millones de pesos) a familiares de las víctimas.

Asimismo, condenó a Astete Almendras, Cantín Leyton, y Almonacid Valdivia, pagar a Rosa Canales Illesca, Claudia Tognola Canales, Verónica Tognola Canales y Paola Tognola Canales $20.000.000 (veinte millones de pesos) a cada una.

* El Clarin de Chile

Fuerzas armadas: matando y robando a Chile

Las Fuerzas Armadas de Chile son las mismas de siempre. Un ejército que asesinó siempre a su pueblo por pedido expreso de la clase dominante para salvar el alma de la patria y los sagrados intereses.

Desde que dispararon a tantos miles de hombres, mujeres y niños indefensos, sin armas, pobres, en la Escuela Santa María de Iquique, dejando a más de tres mil botados en los patios de aquel lugar, se da comienzo a todo un largo listado de muertos en otras tantas masacres obreras/campesinas/estudiantiles cometidas por los uniformados. Han actuado igual de la misma forma siempre. Los caídos son los pobres exigiendo derechos para una vida digna.

Los uniformados son pagados. Reciben un sueldo que es dinero fiscal y están siempre subordinados a los grupos económicos que los llaman para matar, cuando hay que cuidar la paz social y los intereses de la burguesía; entonces se hacen rutina los viajes a los cementerios para enterrar a los maltratados.

Los militares chilenos han tenido suerte

En muy pocas ocasiones los militares chilenos se han tenido que enfrentar a una fuerza en algo parecida a ellos que les dispute su hegemonía, y de esas hazañas/victorias militares viven a expensas. Las han instalado en toda la sociedad en conjunto con los sectores políticos que más la han utilizado, que los uniformados son una necesidad, un asunto fundamental en el país, sector indispensable/imprescindible para guardar la soberanía, mantener el territorio, y defender a la población de cualquier ataque extranjero.

Los militares chilenos han actuado siempre con ventaja por el poder de las armas y las utilizaron para asesinar y romper la institucionalidad, así de cobardes.

Siempre existirá la posibilidad de una guerra al ser esta la continuación de la política por otros medios como afirma Klausevich, pero también está el espacio donde las grandes empresas de armamento las apuran para obtener gigantescos beneficios. En la actualidad hay diferentes guerras en el mundo, y muy pocos conocen realmente las causas de aquellos enfrentamientos.

La dictadura militar chilena de Pinochet y sus secuaces no es una victoria militar, ni política, ni económica, fue sencillamente un violento acto de venganza masiva como respuesta a la victoria de un proyecto con mayoría popular, donde la clase dominante no tendrían la posibilidad de seguir usufructuando de tantos beneficios que en diferentes gobiernos anteriores a 1970, le había regalado la burguesía benefactora.

El ataque a La Moneda no es una victoria militar, es una foto a la cobardía, a la traición y la falta de valentía/nobleza militar que no tienen los que se dicen que son.

La dura realidad de país en los tiempos actuales deja en evidencia que las Fuerzas Armadas siguen siendo las mismas, nada ha cambiado en su interior y de forma regular se siguen manteniendo los mismos contenidos que desde las escuelas norteamericanas alimentan la estructura ideológica que las clases privilegiadas necesitan. Todo es tan así, que a pesar de los cambios de presidentes en los Estados Unidos los contenidos militares y las relaciones entre los ejércitos con la CIA y el pentágono, mantienen las mismas características.

En los pulcros pasillos de los institutos militares se sigue predicando que el comunismo está vivo y es una amenaza latente para la cual se debe estar preparado siempre. La guerra fría está viva porque la alimentan como una necesidad, absurdo pretexto. Esa vieja monserga se mantiene para que existan segmentos de nulo aporte a la realidad con que se construye un país con un elevadísimo costo pagado con dineros fiscales.

Ahora, además del conocido historial de criminalidad de los militares, se le debe agregar el calificativo de ladrones y corruptos, asunto que también es financiado con dineros de todos los chilenos.

Cuánto es el poder que realmente ejercen los uniformados sobre la clase política gobernante al no conocerse ningún intento/proyecto/voluntad de acercar a la civilidad a los que se hacen temer por el uso privilegiado de las armas. En la memoria colectiva quedó instalado el Terrorismo de Estado, el uso de la violencia indiscriminada junto a los más horrendos crímenes que conoció Chile y estremecieron al mundo.

No es éticamente aceptable que unos cuantos miles de uniformados reciban recursos en pensiones y prebendas más que millones de pensionados, hombres y mujeres todos ellos trabajadores. Cómplices son aquellos que ayudan a mantener los beneficios y medallas para con los militares condenados por crímenes de Lesa Humanidad. Todos los gobiernos han prometido revisar las pensiones y beneficios de los criminales uniformados, finalmente nada, el miedo los consume, el pánico los embarga y ya sin principios navegan como peces de ciudad que perdieron las agallas como escribe Sabina.

La guerra real, la de todos los días, son los millones de chilenos que trabajan para vivir, es el combate diario con enemigos bien definidos, el capital competitivo, y los grandes grupos empresariales quienes gozan de los mayores beneficios; como ejemplo basta la avaricia y el poco pudor de las AFP, convertido en un robo/delito/agresión/asalto económico para millones de chilenos, el dinero que hace más ricos a los ya extremadamente ricos.

Saber marchar y nada más

Muy tímidos son los pronunciamientos sobre dar inicio, falta de voluntad, asunto de poca importancia a un proceso indispensable como es la democratización de las Fuerzas Armadas. Nadie levanta la voz en el parlamento. Nadie pide que algo se haga para detener el robo y la corrupción nunca antes conocida entre los militares.

Valorable es la mención que lentamente circula en la necesidad de establecer un escalafón único, pero los asuntos van más allá que unas cuantas medallas y galones.

Chile tiene un modelo de educación superior universitario que perfectamente puede ser utilizado para los que opten por la carrera militar en su formación humanista, histórica, científica. Nadie podría discutir que hay aspectos de la carrera militar que debe ser en sus propios institutos armados.

Pero relacionando a los uniformados con la civilidad se asegura mejorar y elevar en algo la precariedad y limitada relación uniformada con las ideas, conocimiento y avances del mundo, la sociedad y los hombres para los siguientes decenios.

Un país en estas condiciones, con las actuales Fuerzas Armadas convertidas en forajidos, yendo por los cuarteles con patente de corso, un país entero con las manos arriba mientras el robo rejuvenece a los viejos estandartes pidiendo les aplaudan las botas brillantes con banda de música, Chile no será país serio, así asustado, con miedo, pero especialmente con autoridades mediocres y parlamentarios chiquitos como luces de un día.

* El Clarin de Chile - Pablo Varas