INDH pide que Interpol acelere diligencias para esclarecer adopción irregular en dictadura

Una serie de diligencias para esclarecer la adopción irregular en dictadura de Martín Hinojosa, actualmente de 36 años y aparecido en Suecia el 20 de agosto pasado, fueron solicitadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Una de las solicitudes planteadas al ministro Jaime Balmaceda, es que Interpol tome la declaración del afectado para esclarecer el alejamiento forzoso de su familia chilena en sus primeros días de vida.

A Juana Hinojosa le arrebataron a su hijo Martín, quien nació el 1 de febrero de 1983, tras ser dada de alta luego del parto llevado a cabo en el Hospital Joaquín Aguirre en la comuna de Independencia, en Santiago. En camino a su casa, se percató que un auto los seguía, de este bajaron dos personas, quienes a la fuerza la obligaron a subir al vehículo con el recién nacido y el abuelo del niño.

Luego, la llevaron al Primer Juzgado de Menores de Santiago donde le tomaron una declaración y le arrebataron a su hijo Martín, siendo luego secuestrada e incomunicada por nueve días, en un periplo por diferentes recintos, entre ellos un centro del Servicio Nacional de Menores de Limache. Posteriormente, le comunicaron que el abuelo de Martín habría sido quien lo entregó a otra familia.

Desde ese instante nunca más supo sobre su hijo, hasta el 20 de agosto de este año, fecha en que tomó contacto con él, tras una campaña a través de Facebook para encontrarlo. Solo en ese momento tuvo noticias de que su hijo estaba bien y que vivía en Estocolmo (Suecia).

“No tengo palabras, no puedo creer que haya aparecido mi hijo después de 36 años. Muchas puertas ser me cerraron, nunca bajé los brazos. Él es mi único hijo, solo quiero hablar con él y verlo”, relató María Hinojosa luego de las diligencias realizadas ante el ministro Balmaceda.

INDH querellante

En 2018 María Hinojosa presentó su caso ante el INDH y éste interpuso una querella por el delito de sustracción de menores. Es en este contexto que el Instituto solicitó al ministro en visita Jaime Balmaceda, quien actualmente dirige la investigación, que realice todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos relatados.

Casi sesenta acciones judiciales por sustracción de menores ha presentado el INDH por casos de adopciones irregulares desde 1950 hasta el 2000. La extensión del período y la masividad de los casos no permiten establecer un patrón común, salvo que la mayoría de las víctimas fueron personas de escasa educación y con una situación económica vulnerable.

Pablo Rivera, coordinador de litigio estratégico del INDH, señaló que “Este es un caso de magnitudes insospechadas. Los ministros ministro Balmaceda y Carroza llevan alrededor de 400 causas judiciales, y el número de denuncias de madres estaría superando las 3 mil”.

“Muchas personas que se encuentran en el extranjero y que fueron arrebatadas de sus familias se están dando cuenta de que fueron víctimas de procesos de adopción irregulares”, agregó Rivera.

Las cifras indican que durante el período 1973-1989 es cuando se produjo la mayor cantidad de casos, verificándose un notorio incremento de las salidas de niños/as para ser adoptados irregularmente en países como Suecia e Italia.

El INDH comenzó a recibir denuncias en 2016, en que se acercaron mujeres al Instituto que denunciaban que cuando tuvieron sus hijos/as quedaron inconscientes y al despertar les decían que su hijo o hija había fallecido.

* INDH

Procesan a 11 miembros (r) de la Armada y Carabineros por secuestro y torturas a niña de 15 años

El ministro en visita en causas de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, sometió a proceso a 11 miembros de la Armada y Carabineros en retiro por su responsabilidad en el secuestro con grave daño y detención ilegal de Gladys Zavala Nuñez en febrero de 1974, adolescente de 15 años a la época de los hechos.

El magistrado encausó a Juan de Dios Reyes Basaur, Valentín Riquelme Villalobos, Alejo Esparza Martínez, Héctor Santibáñez Obreque, Jaime Lazo Pérez, Ricardo Riesco Cornejo y Eduardo Núñez Contreras, como autores de secuestro con grave daño y aplicación de tormentos.

En tanto, Patricia del Carmen Orellana Alvarado fue procesada como cómplice de secuestro con grave daño y aplicación de tormentos. Asimismo, Marcelo Vargas Goas, Héctor Tapia Olivares y Sergio Hevia Febre fueron encausados como autores de detención ilegal.

El ministro estableció que en el marco del llamado «Plan Cochayuyo» aplicado en Valparaíso, la víctima fue fuertemente buscada por agentes del Estado vestidos de civil, quienes allanaron su domicilio y amenazaron de muerte a los demás miembros de su familia en caso de que ella no apareciera la próxima vez que volvieran a buscarla.

Ante esto, Zavala Núñez fue devuelta por su familia a Valparaíso con la esperanza de que en el momento en que sus aprehensores vieran que era una menor de edad, desistirían de una posible detención. Sin embargo, al día siguiente de su regreso la adolescente fue sacada de su hogar junto a su hermana Georgina y trasladada al cuartel Silva Palma.

Allí permaneció por cuatro días, «durante los cuales fue objeto de interrogatorios, los que versaban principalmente sobre ubicación de armas, de golpes, privación de alimentación y del sueño, amenazas a la integridad de otros miembros de su familia, y objeto de un maltrato relevante y permanente», como se lee en el fallo.

* El Ciudadano - Daniel Labbe