Ingobernabilidad de las instituciones militares: Un motín en el regimiento

El Comandante en Jefe del Ejército hizo declaraciones en el Congreso sobre la filtración de una charla institucional y agregó un comentario sobre la ingobernabilidad creciente de los regimientos. Como toda declaración de importancia, ésta fue dicha al pasar y fue recogida solo por unos pocos medios. Seguramente la afirmación de ingobernabilidad fue una exageración producto del ánimo hastiado del Comandante que se ha visto enfrentado a críticas y presiones complejas. Primero, por el Ministro de Defensa que le ordena hacer declaraciones de sumisión que, explícita y repetidamente, sin que mediara pregunta alguna, exculpan al Ministro de toda falla que se pudiera imputarle.

Este uso de la deseable autoridad civil no es afortunado; se parece demasiado a un uso personal de las FFAA. El segundo punto fue aclarar sus dichos filtrados de una conferencia motivacional en que usó ejemplos de ventas ilegales de armamento por parte de militares a delincuentes. Aquí se abre una reflexión postergada en exceso sobre las instituciones armadas, su nivel adecuado de secreto, sus grados permisibles de autorreferencia y su relación con la sociedad.

La mención a la ingobernabilidad se realizó en el contexto de una queja más que de un informe detallado y descriptivo. El General se refirió a la judicialización con que los subordinados responden a cada orden que reciben. En la extensión dada a este fenómeno también hay exageración, pero se marca un giro en que las fuerzas armadas empiezan a estar sometidas a la legalidad común y la jerarquía deja de ser una garantía de obediencia, de corrección y de impunidad.

Este es un fenómeno emergente y no tenemos los números, ni las características, ni los resultados de esas demandas. Es evidente que para el mando tradicional de una institución jerarquizada y autorreferente, la discusión de las órdenes sea un atentado a la disciplina y a la mística militar. El malestar, si bien es comprensible, indica que el proceso de readaptación cultural de las fuerzas armadas no está suficientemente encaminado. Se puede suponer que la rebeldía de los subordinados puede deberse a malos tratos habituales. Es probable que las ordenes a las que se refiere el General deban adaptarse a una nueva cultura de respeto a las personas y a la ley lo que debería no solo alegrarnos sino contribuir a fortalecer la institución.

Aquí está en juego la inserción militar en la institucionalidad democrática y la modernización del concepto de autoridad así como la actualización de las misiones militares y la modernización de sus recursos. La autoridad no es un derecho a la arbitrariedad y la democracia no implica organizar votaciones ni deliberaciones en los cuarteles. La limitación de la autoridad militar y la inserción en la sociedad democrática, son actualizaciones y reconocimientos del carácter estrictamente subordinado que tienen las fuerzas de Defensa Nacional. Antiguamente, la disciplina del látigo era considerada la única posible en la sociedad y en la milicia. El hecho de que las fuerzas militares se hayan sustraído a la evolución de la pedagogía y del trato entre las personas, es una debilidad cultural estratégica de las Fuerzas Armadas que ha sido superada los países desarrollados.

El episodio reciente, en que el próximo encargado de educación a las nuevas generaciones de oficiales del Ejército fue dado de baja luego de un acto de reconocimiento a violadores de los Derechos Humanos, marca un desajuste límite en el viejo ejército de Antuco, de la Dictadura, de la agencia de pasajes y de las coimas en las compras de armamento. El ejército secreto, cómodo, el de los redondeos de sueldos y las lealtades oscuras, está enfrentando finalmente una actualización democrática. El Ejército del siglo pasado, conjurado para la excusa de la Patria, ha sido el nido de complicidades inaceptables en el siglo XXI. Lo que tenemos a la vista, no son anécdotas, ni son fallas puntuales y personales; no son tampoco deslices aislados. Estamos ante una falla sistémica en que la corrupción está enredada con la ineficiencia, con el extravío de su misión y con la amenaza del uso de la violencia contra la sociedad (la venta de armas a delincuentes es suficiente para entender que el monopolio de las armas encierra una amenaza constante de violencia).

Esta forma de la Defensa Nacional en que todo ilícito está permitido y que el resto de la sociedad y de las instituciones convenimos en ignorar; esa manera de construir Fuerzas Armadas está obsoleta, por motivos tecnológicos y de gestión. En nuestros tiempos, el secretismo es inviable, su importancia práctica se ha reducido y ya no existe manera segura de evitar la implicación de la sociedad en las prácticas de defensa instaladas en su nombre.

Necesitamos introducir criterios de transparencia y formas de control ciudadano en estas instituciones. No se trata de abrir la ‘información secreta’ sino de minimizarla y aun en ese mínimo, sujetarla a control parlamentario.

Sabemos que las FFAA son un disuasivo fundamental para inhibir tentaciones expansionistas, las revanchas atrapadas en algunos subconscientes y las aventuras territoriales de distinta naturaleza que pueden afectar nuestra paz. Pero en definitiva ¿en qué consiste el trabajo militar en tiempos de paz? Seguro ya no se trata de escrutar el horizonte y ni siquiera una pantalla de radar en busca de fuegos amenazantes. ¿Cuánto hay del Desierto de los Tártaros en la novela cotidiana militar? ¿Cuánto hay de una espera indeterminada, de una imaginación borracha de enemigos infiltrados y de una cultura del ocio burocrático y cortesano?

Actualizar la defensa es también modernizar la formación de los soldados y las relaciones entre ellos. La obediencia ciega e inmediata que se requiere en batalla no puede ser exigida para el manejo de la contabilidad, para la convivencia en los cuarteles o para cubrir abusos físicos y hacerlos pasar por entrenamiento. Las lógicas profesionales del siglo XXI no son las del ejército prusiano de inicios del siglo XX ni las de las fábricas fordistas que satirizaba Chaplin. Antes que soldados duros, dispuestos a matar y a sacrificar sus vidas (chupilca del diablo mediante) necesitamos personal eficiente, competente y comprometido.

Como en todos los países occidentales, las Fuerzas Armadas deben tener ocupaciones permanentes, en tiempos de paz, en apoyo a la ciudadanía, por ejemplo, con la profesionalización de un voluntariado nacional para enfrentar emergencias naturales diversas. Necesitamos equipamiento complementario multipropósito. Queremos Fuerzas Armadas que defiendan al país de las agresiones externas a través del uso de la violencia y protejan a la población mezclándose en sus problemas.

¡Nunca más!

Dicho por el General Cheyre, todo “nunca más” pronunciado estuvo siempre desprovisto de valor por la ambigüedad de su formulación. Nunca, ¿la repetición de las condiciones que llamaron al Golpe? Nunca, ¿bajo ninguna circunstancia un Golpe Militar? Nunca, ¿policía política, fuerza inquisidora, ejercicios de tortura? Nunca, ¿la corrupción y su gran variedad de recuersos ‘compensatorios’, ¿nunca más la improvisación negligente (Beagle, Antuco)?

Jamás, por ningún motivo, las Fuerzas Armadas pueden recurrir a la tortura. Nunca pueden actuar en contra de su propio pueblo. Este límite en el uso de la violencia deben ser usados para mirar la historia de las instituciones y corregir sus relatos. Eso debe estar reflejado en la formación efectiva de sus oficiales. El orgullo de las Fuerzas Armadas no puede estar puesto en la historia de agresión a la población civil durante la Dictadura. Es necesario que los militares miren de frente las vergüenzas de su historia y reconstruyan su honor y su espíritu como servidores públicos abnegados y fieros. Aquí la fiereza es lo contrario del matonaje; es una forma de entrega de excelencia y serena, absolutamente comprometida con su misión y enmarcada en la ley y en la razón.

Todo lo anterior requiere que las fuerzas políticas reordenen su relación con las Fuerzas Armadas. Institucionalmente, la definición de sus misiones y de los lineamientos organizacionales que las deben regir corresponde a la representación ciudadana en el Congreso. Es verdad que los parlamentarios deben prepararse mejor para ejercer el rol de orientadores y fiscalizadores. La izquierda además debe sacudirse sus temores, sus rencillas y sus inhibiciones. Es necesario que ella se haga cargo de pensar las Fuerzas Armadas que necesitamos, más allá de conceder los deseos militares, de temer sus reacciones corporativas o de dejar que la inercia opere, como si el control civil fuera una ficción inaccesible.

La derecha, por su parte, debe olvidarse de las Fuerzas Armadas como un recurso político de su sector. Este, sin duda, es el mayor obstáculo a la recuperación de institucional de las Fuerzas Armadas. Es esa mezcla de solidaridad de la derecha con lo peor de la historia militar y esa garantía de respaldo mutuo (en que las FFAA operan como asociación política) lo que impide la gobernabilidad de las instituciones militares.

* El Mostrador - Fernando Balcells Daniels

Quema de archivos en el Ejército: Otra vez el gato cuidando la carnicería

No se explica que el ministro instructor haya señalado como argumento para enviar la investigación a la justicia militar que, de conformidad al Acta 81-2010 de la Corte Suprema, él sólo tiene competencia para investigar los delitos de muerte y desaparición de personas cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y 10 de marzo de 1990, omitiendo que tal como se desprende del proceso, la destrucción de documentación buscaba justamente encubrir dichos delitos. Siguiendo el razonamiento del juez tendríamos que concluir, entonces, que los encubrimientos de delitos de lesa humanidad no son punibles ni objetos de sanción, lo que excede de toda lógica jurídico penal.

En una decisión que constituye un grave retroceso, más propio de otros tiempos, el pasado 3 de septiembre el juez Mario Carroza entregó la investigación sobre la quema de archivos en la Dirección de Inteligencia del DINE a la Segunda Fiscalía Militar de Santiago, debido a que los antecedentes reunidos sobre este hecho no configurarían el delito de encubrimiento de crímenes de lesa humanidad.

Dicha investigación se inició en diciembre de 2017, luego que Carroza recibiese un oficio del entonces ministro de Defensa, José Antonio Gómez, donde informaba que en el año 2015 había ordenado al comandante en jefe del Ejército efectuar una investigación sumaria acerca del destino de la documentación relacionada con el ex presidente Eduardo Frei Montalva. La investigación arrojó que los archivos habían sido incinerados.

Ante esa información, el juez ordenó formar un cuaderno administrativo para indagar responsabilidades y de manera consecutiva, Londres 38 Espacio de Memoria interpuso una querella por el delito de sustracción y supresión de documentos, así como de encubrimiento de homicidios y secuestros calificados. La acción judicial además, se fundamentó en la información revelada por el diario New York Times sobre la quema de microfilms y archivos relacionados con las actuaciones de los organismos de inteligencia del Ejército, durante la dictadura cívico-militar.

La destrucción de archivos del DINE en el año 2000 correspondía a rollos de microfilms de archivos de la CNI, según declaró la ex jefa del Archivos del Departamento II de contrainteligencia del DINE. Curiosamente, la destrucción se produjo al momento en que se estaba desarrollando la "Mesa de Diálogo” y Pinochet volvía al país tras su detención en Inglaterra. Además, , se reveló en la investigación que en el año 1989 se habían quemado -en un supuesto atentado a la Escuela de Educación Física del Ejército- la información sobre los Consejos de Guerra realizados tras el golpe de Estado de 1973 a lo largo de Chile, que estaba bajo custodia de la Subsecretaría de Guerra.

Y más curioso aún, el DINE informó que no existe documentación alguna de ese organismo anterior al año 2001. No hay actas de incineración, no existen registros de qué pasó con esos archivos, nada, simplemente no existen… ¿desaparecieron? Todo indica, claramente, que estamos frente a una investigación relacionada con un patrón de encubrimiento, utilizado por las Fuerzas Armadas para ocultar crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

Por lo mismo, no se explica que el ministro instructor haya señalado como argumento para enviar la investigación a la justicia militar que, de conformidad al Acta 81-2010 de la Corte Suprema, él sólo tiene competencia para investigar los delitos de muerte y desaparición de personas cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y 10 de marzo de 1990, omitiendo que tal como se desprende del proceso, la destrucción de documentación buscaba justamente encubrir dichos delitos. Siguiendo el razonamiento del juez tendríamos que concluir, entonces, que los encubrimientos de delitos de lesa humanidad no son punibles ni objetos de sanción, lo que excede de toda lógica jurídico penal.

De conformidad al derecho internacional, el Estado tiene el deber de investigar los crímenes de lesa humanidad en sus diversos ámbitos de responsabilidad penal, pero también todos aquellos delitos conexos a la desaparición y muerte de las víctimas, como las torturas, inhumaciones y exhumaciones, o en este caso, la sustracción y supresión de pruebas vinculadas a los crímenes cometidos.

Además, la resolución del ministro Carroza menciona que en los “presuntos hechos ilícitos denunciados” el personal investigado que interviene en ellos corresponde exclusivamente a uniformados del Ejército de Chile, activos al momento de los hechos, razón por la cual el juez instructor decide remitir la investigación a la justicia militar. Dicha decisión conlleva retroceder a pasos agigantados en la investigación de este tipo de crímenes, vulnerando el derecho interamericano e internacional de derechos humanos en la materia, retrocediendo en la jurisprudencia de nuestros tribunales a la época anterior a 1998.

Como ya se ha afirmado en numerosas oportunidades, la jurisdicción militar debe tener un alcance restrictivo y excepcional, utilizándose sólo para juzgar a militares activos al momento de ser juzgados, por la comisión de delitos que atenten contra bienes jurídicos del orden militar (Corte IDH, Caso Palamara Vs. Chile, párr. 124) y, que las graves violaciones a los derechos humanos siempre deben ser juzgadas por la justicia ordinaria.

Es de esperar que la Corte de Apelaciones revierta dicha decisión y decida investigar los delitos de destrucción de documentos por su vinculación a las graves violaciones a los derechos humanos, porque es la única manera de avanzar en la verdad de lo sucedido y establecer las responsabilidades de quienes ordenaron la destrucción de pruebas para burlar la acción de la justicia. 

* El Mostrador - Magdalena Garcés