Apuntes sobre el Dispositivo de Seguridad de Salvador Allende

  Las huellas de la “CIA”
  en Chile

Ante la posibilidad cierta de una victoria de Salvador Allende en las elecciones presidenciales, Henry Kissinger, asesor del Consejo de Seguridad Nacional, definió la posición de su Gobierno de manera contundente: “No encuentro razones para observar con indiferencia cómo un país marcha hacia el comunismo debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo”.

 

Desde finales de los años 50 y hasta el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 el ascenso de la izquierda chilena fue la mayor preocupación de la política exterior latinoamericana de Estados Unidos después de la revolución cubana. Durante aquellos años financió a los partidos y medios de comunicación conservadores, orquestó campañas de propaganda negra contra las candidaturas presidenciales de Allende, penetró en las Fuerzas Armadas y ya durante el gobierno de la Unidad Popular (UP) llegó a alentar golpes de estado en distintas ocasiones.

Aunque la intervención norteamericana se inauguró con la guerra fría y la ilegalización del Partido Comunista en 1948, ésta se agudizó a partir de las elecciones presidenciales de 1964, cuando la Agencia Central de Inteligencia (CIA) sufragó, con veinte millones de dólares, más de la mitad de los gastos electorales del democristiano Eduardo Frei. La victoria de Frei, con el 56% de los votos frente al 38% de Allende, “marcó un hito en el desempeño de la CIA en las elecciones chilenas”, asegura el Informe Hinchey, desclasificado por la Agencia en septiembre y traducido al castellano por el Equipo Nizkor.

 

 

“Operación Ruina”

 

El 27 de junio de 1970, ante la posibilidad cierta de una victoria de Salvador Allende en las elecciones presidenciales, Henry Kissinger, asesor del Consejo de Seguridad Nacional, definió la posición de su Gobierno de manera contundente: “No encuentro razones para observar con indiferencia cómo un país marcha hacia el comunismo debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo”. Como en aquella ocasión la derecha y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) no consensuaron un candidato, Estados Unidos centró su estrategia en reeditar la “campaña del terror” de 1964 para alertar a los chilenos sobre las terribles consecuencias de un triunfo de la UP, una coalición cuya clave de bóveda era el entendimiento entre comunistas y socialistas.

“Se envió un boletín informativo por correo a dos mil periodistas, académicos, políticos...; un libreto que mostraba cómo sería la vida si Allende ganaba las elecciones presidenciales; traducción y distribución de crónicas de oposición al régimen soviético; distribución de carteles y equipos de pintadas. Los equipos que hacían pintadas tenían instrucciones de pintar el eslógan ‘su paredón’ en dos mil muros...”, explica el Informe Church, elaborado por una comisión del Senado norteamericano en 1975 y también traducido por Nizkor.

El 4 de septiembre Allende venció en los comicios presidenciales, aunque, al no alcanzar la mayoría absoluta, los senadores y los diputados debían ratificar su elección el 24 de octubre. El 7 de septiembre la CIA aseguró que, pese a que su país no tenía “intereses vitales en Chile”, su investidura “representaría un claro golpe psicológico para Estados Unidos y un claro progreso psicológico para los ideales marxistas”. Por ello ocho días después Richard Nixon ordenó al director de la CIA que hiciera “aullar” a la economía chilena y autorizó a la Agencia a involucrarse en un golpe de estado a fin de impedir que Allende se terciara la banda tricolor de O’Higgins. La posibilidad de que la vía chilena al socialismo se convirtiera en un ejemplo para los poderosos partidos de izquierda de Europa Occidental causaba pánico en la Casa Blanca.

Sin embargo, tras acordar un Estatuto de Garantías Constitucionales con la UP el 24 de octubre los parlamentarios democristianos votaron por Allende, a pesar de las presiones de la CIA y de la ITT para que apoyaran al conservador Jorge Alessandri. Por su parte, el general Carlos Prats supo mantener la lealtad de las Fuerzas Armadas al sistema democrático cuando reemplazó al comandante en jefe del ejército, René

Schneider, asesinado a finales de aquel mes por un grupo ultraderechista armado por la CIA. Días después del magnicidio sus miembros recibieron 35.000 dólares de la Agencia “por razones humanitarias”, tal y como revela el Informe Hinchey. El 6 de noviembre, tres días después de que Salvador Allende asumiera la presidencia, Nixon insistió en que Estados Unidos debía “arruinar drásticamente la economía chilena”, según uno de los documentos desclasificados. Durante los tres años siguientes Washington entregó casi ocho millones de dólares a grupos políticos (al PDC y al Partido Nacional sobre todo) y sociales (como al movimiento fascista Patria y Libertad o a las organizaciones empresariales y profesionales enfrentadas a Allende) y a medios de comunicación, en especial al influyente diario conservador El Mercurio.

El complemento de sus acciones encubiertas fue el boicot financiero que convirtió a Chile, cuya economía dependía de la norteamericana, en un “Vietnam silencioso”, según denunció el 4 de diciembre de 1972 el presidente Allende en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Estados Unidos minimizó su ayuda financiera y con su presión sobre los bancos de su país y las instituciones internacionales logró que en 1972 se redujeran a una décima parte los 300 millones de dólares anuales en créditos a corto plazo que Chile percibió de promedio durante el sexenio de Frei.

Mención especial merece la caída del precio internacional del cobre provocada por Washington, a petición del propio Nixon, y que sólo en 1971 privó a este país de unos ingresos de 165 millones de dólares. Aquel año el parlamento chileno había aprobado por unanimidad la propuesta de la UP de nacionalizar las grandes explotaciones de este mineral, su principal riqueza natural, hasta entonces propiedad de compañías norteamericanas. Además, Allende rehusó indemnizar a la mayor parte de las empresas afectadas por los elevadísimos beneficios que habían logrado durante décadas, decisión que exasperó aún más al gobierno y a las multinacionales estadounidenses.

El boicot económico perduró justo hasta el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 ya que sólo en su primer año la junta militar presidida por Augusto Pinochet obtuvo cien millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, 235 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y 94 millones de dólares de Washington.

 

 

La dependencia militar

 

Un objetivo prioritario del trabajo de los agentes de la CIA fue la penetración en las instituciones militares para conocer y alentar la conspiración contra el Ejecutivo de Allende, quien a juicio de Joan Garcés, uno de sus principales asesores políticos, había heredado “unas Fuerzas Armadas cuyo equipo, doctrina y entrenamiento estaban por completo en manos de Estados Unidos”. La dependencia militar se remontaba a 1947, cuando Chile suscribió el Tratado Interamericano de Mutua Defensa, y a 1952, cuando se adhirió al Programa de Asistencia Militar, diseñados por Washington. Además, entre 1970 y 1972 los créditos norteamericanos a sus Fuerzas Armadas aumentaron de 800.000 a 10.900.000 dólares.

Por otra parte, el Informe Church reveló que entre 1966 y 1973 1.182 oficiales chilenos acudieron a la Escuela de las Américas, situada entonces en Fort Gülick (Panamá), donde les inculcaron el anticomunismo visceral de la Doctrina de Seguridad Nacional y les enseñaron terribles prácticas de tortura que muchos pusieron en práctica a partir del 11 de septiembre de 1973. La izquierda no era consciente del significado de estos datos y así el 4 de julio de 1970 el diario comunista El Siglo se felicitaba en una fotonoticia por el éxito de un soldado chileno en la Escuela de las Américas.

La documentación desclasificada por Estados Unidos (incompleta y selectiva en todo caso) también ofrece información esencial para conocer el papel de Pinochet durante aquellos años ya que hasta ahora creíamos que no se sumó a la conspiración hasta la tarde del 9 de septiembre de 1973, cuando suscribió un mensaje del vicealmirante José Toribio Merino que establecía que “el día D será el 11 y la hora H las 6:00”.

Sin embargo, un informe de la CIA revela que ya en 1972 estuvo “involucrado en la preparación de un golpe del general Alfredo Canales”, quien, según las memorias del general Prats, era conocido por “sus notorios contactos derechistas”. Además, el 31 de agosto de 1971 una de las fuentes de la Agencia citó a Pinochet entre los principales militares opuestos al Gobierno y señaló que “estaría a favor (de un golpe de estado), pero siempre que pudiera tener un control absoluto sobre los acontecimientos”.

Otro documento de la CIA, fechado el 27 de septiembre de 1972, constata que “Pinochet, antes un estricto constitucionalista, admitió renuentemente que ha variado su forma de pensar: que Allende debe ser forzado a abandonar el poder o ser eliminado (‘únicas alternativas’)”. Y ya entonces, durante un viaje a Panamá, oficiales norteamericanos le aclararon que su país apoyaría una sublevación antigubernamental “con todos los medios necesarios” y “cuando llegara la hora”.

Sin embargo, siempre supo preservar su imagen de militar legalista, hasta el punto de que el 5 de diciembre de 1971 el periódico izquierdista Puro Chile tituló “En Chile no habrá golpe de estado, notificó el general Augusto Pinochet a los momios sediciosos de la derecha”. Además, tras querellarse contra el tabloide derechista Tribuna, afirmó: “He pedido en todos los tonos que los diarios no titulen incitando a la violencia... ¿Qué quieren? ¿Una guerra civil? Porque golpes de estado no ocurren en Chile”.

Además, Pinochet contribuyó a sofocar la aventura golpista del 29 de junio de 1973, por lo que el 23 de agosto Allende le designó sucesor de Prats, quien había presentado su dimisión. Según el embajador norteamericano, Nathaniel Davis, el nuevo comandante en jefe del ejército le dijo el día anterior: “Señor presidente, sepa por favor que estoy dispuesto a dar mi vida en defensa del Gobierno constitucional que usted encarna”.

Incluso el mismo 11 de septiembre esperó un par de horas para sumarse de forma definitiva al golpe de estado ya que, en palabras de Davis, “parece que fue el último de los actores principales en ocupar su lugar”. A pesar de ello, aquel día los agentes de la CIA informaron a su cuartel general que Pinochet lideraba la sublevación; mientras, en las primeras horas de aquella mañana el presidente Allende todavía confiaba en la lealtad que este general le había prometido.

 

 

La CIA y el golpe de estado

 

Pero si algo sorprende de la documentación desclasficada es este cable que uno de los agentes de la Agencia envió el 8 de septiembre de 1973: “De acuerdo con [tachado], la Marina tiene como fecha de inicio del movimiento para derrocar al gobierno de Salvador Allende en Valparaíso a las 8:30 el 10 de septiembre. La Fuerza Aérea (Fach) apoyaría esta iniciativa después que la Armada inicie las acciones de tomar la provincia de Valparaíso, dirigir un ultimátum exigiendo la renuncia de Allende o amenazando con tomarse Santiago (...) Después que la Armada emprenda esta acción contra el gobierno, la Fach silenciaría las radios gubernamentales. Al mismo tiempo, planea establecer una cadena nacional usando las estaciones radiales existentes de la oposición tales como las emisoras Balmaceda, Minería y Agricultura”.

Aquel mismo día Nathaniel Davis viajó a Washington para entrevistarse con Kissinger, quien le recibió con estas palabras: “Por fin vamos a tener un golpe militar en Chile”; el 10 de septiembre Davis regresó a Santiago. Tal era el grado de conocimiento que la Agencia tenía de la sublevación que el 9 de septiembre sus agentes anunciaron que “las acciones de la Armada del 10 se han pospuesto, probablemente para el 11 de septiembre” y auguraron que “Allende enfrenta la más seria amenaza para continuar en su cargo desde que fue electo hace tres años”. Así pues, la CIA adelantó los detalles del golpe de estado 72 horas antes de su inicio.

A pesar de todas estas evidencias, Henry Kissinger sostiene en el primer volumen de sus memorias, y todavía no se ha retractado, que “fue la oposición que él (Allende) provocó dentro de Chile lo que dio lugar al golpe militar de 1973. En su concepción, planificación y ejecución nosotros no desempeñamos el más mínimo papel”. En cambio, Joan Garcés aseguró el 11 de septiembre de 1993, en declaraciones a La Vanguardia, que “el factor más importante entre las causas del golpe fue la voluntad decidida de la Administración Nixon de castigar a un país que se sentía libre dentro de sus propias fronteras”.

Para paliar la “irresponsabilidad” del pueblo chileno, según la conocida opinión de Kissinger, Estados Unidos creyó admisible incluso entregar 45.000 dólares a Patria y Libertad, cuyos activistas empleaban una consigna estremecedora, “Ya viene Yakarta”, en alusión a la reciente masacre de centenares de miles de izquierdistas en Indonesia. “Derrocaremos al Gobierno de la Unidad Popular sea como sea. Si es necesario que haya miles de muertos los habrá”, advirtió en agosto de 1973 Roberto Thieme, jefe de operaciones de este movimiento fascista. Sus palabras resultaron proféticas.

 

 

La diplomacia del dólar 

 

Además de las citadas, entre 1970 y 1973 el Comité de los 40, el organismo que aprobaba las operaciones secretas del Gobierno norteamericano, autorizó otras acciones encubiertas en Chile. Estas son las más importantes que conocemos:

25 de marzo de 1970: 125.000 dólares para una “operación de ruina” contra la UP.

27 de junio de 1970: 300.000 dólares para actividades de propaganda contra Allende.

8 de septiembre de 1970: 250.000 dólares para que el embajador Korry influya en la votación parlamentaria del 24 de octubre.

13 de noviembre de 1970: 25.000 dólares para ayudar a los candidatos del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en las elecciones municipales de abril.

28 de enero de 1971: 1.240.000 dólares para la compra de estaciones de radio y periódicos y para apoyar a los partidos de la oposición.

22 de marzo de 1971: 185.000 dólares para el PDC.

10-26 de mayo de 1971: 322.000 dólares para ayudar al PDC y a su periódico.

9 de septiembre de 1971: 700.000 dólares para el diario conservador El Mercurio.

5 de noviembre de 1971: 815.000 dólares para la oposición y para dividir a la UP.

15 de diciembre de 1971: 160.000 dólares para los candidatos opositores en dos elecciones parlamentarias parciales.

11 de abril de 1972: 965.000 dólares de ayuda a El Mercurio.

24 de abril de 1972: 50.000 dólares para intentar dividir a la UP.

16 de junio de 1972: 46.000 dólares para la oposición en una elección parlamentaria.

21 de septiembre de 1972: 24.000 dólares para una organización empresarial.

26 de octubre de 1972: 1.427.666 dólares para apoyar a las organizaciones políticas y sociales de la oposición de cara a las elecciones legislativas del 4 de marzo.

12 de febrero de 1973: 200.000 dólares para los partidos de la oposición.

21 de agosto de 1973: Un millón de dólares para las organizaciones sociales y políticas de la oposición. Sólo se entregaron 13.000 dólares al PDC y a otros partidos opositores.

15 de octubre de 1973: 34.000 dólares para financiar a una “estación de radio anti- Allende” y sufragar los gastos de viaje de personas que defendían a la junta militar.

 

 

El Plan Z

 

Para justificar el golpe de estado la junta militar presidida por Augusto Pinochet ordenó la inmediata elaboración del llamado Libro Blanco sobre el Cambio de Gobierno en Chile, que inventó la existencia del llamado Plan Z, el mismo nombre cifrado del bombardeo japonés sobre Pearl Harbour en 1941, y que fue distribuido con generosidad en Estados Unidos y en otros muchos países. Según el Plan Z, las Fuerzas Armadas se vieron “obligadas” a intervenir porque Allende iba a instaurar un régimen dictatorial.

El Informe Church reconoce que dos colaboradores de la CIA participaron en la elaboración del citado Libro Blanco. De hecho, ya el 19 de octubre de 1970 la oficina central de la CIA envió un cable a sus agentes en Santiago que decía: “Un golpe no tiene pretexto o justificación que se pueda aducir para hacerlo aceptable en Chile o Latinoamérica. Por lo tanto, parecería necesario crear uno que salvaría a Chile del comunismo”. En 1964, para justificar el derrocamiento del presidente brasileño Joao Goulart, los agentes de la CIA inventaron el Plan XX, de similares características.

 

 

Un espía llamado Manuel Contreras

 

Los miles de documentos desclasificados por Estados Unidos han confirmado hasta qué comprometedores extremos llegó su intervención en Chile durante los años setenta. Así, según el Informe Hinchey, entre 1974 y 1977 Manuel Contreras, jefe de la siniestra Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), actuó como informador de la CIA; y además de pagarle por ello en 1975, la Agencia estudió la posibilidad de reclutarle como uno de sus agentes permanentes y su subdirector, Vernon Walters, le recibió en Washington en agosto de aquel año a fin de cuidar “las buenas relaciones con Pinochet”.

A pesar de que consideraba a Contreras como “el principal obstáculo a una política de derechos humanos razonable dentro de la Junta” y de que conocía su “posible rol” en el asesinato de Orlando Letelier, ministro de Exteriores de Allende, en el Distrito Federal en 1976, la Agencia prolongó su relación con él hasta noviembre 1977, tres meses después de su destitución al frente de la DINA. El Informe Hinchey también reconoce que “algunos” de los “muchos” oficiales chilenos “involucrados en sistemáticos y masivos abusos a los derechos humanos después del golpe” eran “contactos o agentes de la CIA o de las fuerzas armadas de Estados Unidos”.

 

 

Bibliografía: 

 

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Vuskovic, Pedro: Acusación al imperialismo. Fondo de Cultura Económica. México, 1975. 

 

*Mario Amorós - Rebelión